Serpientes y escaleras - Narcopolítica

En Morelos no se negocia con criminales… Se les hace socios.

Narcopolítica

Una y otra vez Graco Ramírez dijo que no negociaría con criminales, que su administración no realizaría ningún tipo de pacto con la delincuencia organizada y que él personalmente encabezaría las reuniones de seguridad que cada mañana se llevarían a cabo para acabar con el “narcogobierno” que le dejó Marco Adame. Seis años después las cosas no mejoraron, en muchos sentidos empeoraron y la delincuencia encontró en Morelos un polo de desarrollo que crece cada día. Hoy la historia se repite.

Lo que sucede en la tierra de Zapata no es diferente a lo que está pasando en todo el territorio nacional, pero refleja el gravísimo problema de inseguridad en el que se encuentra metido el estado mexicano. Las historias se horror se cuentan todos los días, se exponen en forma de ejecuciones, de feminicidios, de secuestros, de extorsiones, de robos… y pegan por igual a todos los sectores de la población, incluyendo a las autoridades.

Después de la segunda mitad del sexenio pasado se hizo público que una docena de alcaldes morelenses eran víctimas de extorsión por parte de grupos delictivos; la noticia se viralizó luego de que apareció un video publicado en redes sociales en el que el alcalde de Mazatepec Jorge Toledo era amenazado por integrantes del cártel de Los Rojos; ahí los delincuentes le recordaban que recibió dinero para su campaña a cambio de apoyarlos desde el gobierno y había incumplido con su parte del acuerdo. Ese mismo pacto, dijo el comisionado de seguridad Alberto Capella, lo hicieron otros candidatos en varios municipios.

Pero aunque las autoridades estatales y federales conocían del hecho y sabían que varios presidentes municipales eran víctimas de la extorsión (o cómplices de la delincuencia), nunca hubo una actuación en contra de nadie porque ninguno de ellos se atrevía a denunciar. Así transcurrió el sexenio, con el conocimiento oficial de las extorsiones, pero sin la aplicación de la ley en ningún sentido.

Y era comprensible: los presidentes municipales no presentaron denuncia porque, o se beneficiaban de este tipo de acuerdos o tenían miedo a las represalias. Los grupos delictivos mostraban una y otra vez que no estaban jugando, asesinaban gente por todos lados a plena luz del día y frente a las autoridades. El gobierno estatal siempre estuvo ausente, nunca enfrentó de manera directa a los cárteles y por el contrario, dejó ver que la actuación delictiva contaba con protección institucional.

Graco Ramírez afirmaba que Marco Adame le heredó un narcogobierno, que durante las administraciones panistas se fortalecieron los grupos criminales y se crearon redes de protección al narcotráfico desde el gobierno. Los vínculos de la delincuencia organizada con el ejecutivo estatal llegaban “hasta lo más alto” repetía incesante el tabasqueño, para ocultar que en su gobierno las cosas eran mucho peor.

Los seis años pasados fueron clave para lo que hoy vemos en Morelos: en ese tiempo se multiplicó la presencia de cárteles y maduró la narcopolítica; en el sexenio perredista comenzó la postulación de candidatos con antecedentes delincuenciales y varios partidos se volvieron el camino formal de los grupos criminales para acceder a la administración pública. Con Graco se institucionalizó la narcopolítica.

Muchas cosas pasaron en la era graquista: corrupción, complicidad con la delincuencia, abusos de poder, represión, intolerancia, simulación… y todo ocurrió en un ambiente social de enojo y miedo, porque aunque ese tipo de actos eran del conocimiento público, también era sabido que a Graco Ramírez lo protegía el gobierno del presidente Peña Nieto a través del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y por eso no pasaba nada.

Hoy en Morelos prevalece la narcopolítica, es decir, la infiltración de grupos criminales en el gobierno a través de los partidos. Lo que se ve no se juzga: todos (incluyendo al gobernador Cuauhtémoc Blanco) se dan cuenta de lo que pasa en el estado, del crecimiento de las redes criminales y de la fuerza que han tomado varios cárteles. Antes se hablaba de una docena de presidentes municipales extorsionados y/o coludidos con la delincuencia, ahora son más de dos terceras partes de los ediles morelenses los que se encuentran en esta situación.

Lo mismo que ocurrió en la era graquista se ve ahora; el jefe del gobierno morelense es un pasivo observador de la crisis; no alcanza a entender la gravedad del problema o simplemente no le importa lo que aquí ocurra porque al final, pase lo que pase, (como Graco) se va a ir del estado.

Son muchos los problemas y distintos los ángulos desde los cuales se puede revisar lo que sucede en Morelos en materia de inseguridad; en varios puntos se pueden encontrar coincidencias con el pasado que nos anticipan cómo será el final de esta historia y sobre todo que las cosas van a seguir igual porque estamos viendo la repetición de lo mismo, solo con actores diferentes.

El problema delictivo en Morelos no tiene precedente y como van las cosas, todavía tenemos muchas cosas terribles que ver.

En la tierra de Zapata todos observan y saben lo que pasa, pero nadie hace nada porque los vínculos están por todos lados.

• posdata

El alcalde Antonio Villalobos decidió hace dos meses suspender el servicio de recolección de basura en los Ejidos de Acapantzingo luego de que, dijo, recibió amenazas de parte del comisariado ejidal porque impidió la venta indiscriminada de alcohol.

La disputa entre autoridades municipales se ha prolongado y el conflicto escala todos los días sin que ninguna de las partes dé muestras de querer solucionarlo. Uno y otro expresan sus argumentos y ambos actúan como seres irracionales.

Tiene razón el presidente municipal cuando afirma que su autoridad está por encima de la de los ejidatarios y que ellos no tienen facultades legales para otorgar licencias o permisos en la zona, pues eso es una atribución que solo corresponde al municipio; tienen razón los vecinos de la zona cuando exigen que se les brinde un servicio al cual tienen derecho y por el cual pagan sus impuestos.

Cuernavaca es hoy el municipio más limpio del estado, su servicio de recolección de basura es eficiente y a diferencia de lo que ocurría hace unos meses, ahora es difícil ver acumulación de desechos sólidos en las calles; la excepción es la zona de Acapantzingo, a donde los camiones de basura no acuden por orden directa del Presidente Municipal, quien asegura que se trata de una medida para “proteger” a los recolectores de una agresión de parte del comisariado ejidal.

Ayer los pobladores de los Ejidos bloquearon los accesos del lugar y el Paso Exprés en demanda de que el municipio restablezca el servicio de limpia, pero no hubo respuesta municipal. La acumulación de problema es un asunto serio, representa un riesgo de salud y puede escalar a otros niveles, si las partes en conflicto no resuelven pronto sus diferencias, por eso ya entró el gobierno del estado.

Castigar a los ciudadanos por la diferencia personal que tiene el alcalde con el comisariado ejidal es absurdo; si Antonio Villalobos quiere ejercer su autoridad y acabar con la impunidad y los abusos del comisariado ejidal debería seguir otros caminos, como cancelar las obras y los negocios que operan con este tipo de licencias, recuperar el control del recinto ferial actuando legalmente contra quienes lo mantienen tomado y proceder jurídicamente contra aquellos que expiden permisos apócrifos.

La exigencia de los vecinos de los Ejidos de Acapantzingo es válida y tiene que ser escuchada por el presidente municipal; una cosa son los actos ilegales y las amenazas de los ejidatarios y otra muy diferente son los derechos de quienes viven en esa zona de la ciudad.

• nota

Para entender el origen de los problemas que han hundido a Morelos desde hace dos décadas recordemos algunos datos de los últimos gobernadores:

De 1998 a la fecha siete personas han gobernado Morelos: Jorge Carrillo Olea, Jorge Morales Barud, Jorge Arturo García Rubí, Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame Castillo, Graco Ramírez Garrido Abreu y Cuauhtémoc Blanco Bravo; Morales Barud y García Rubí fueron gobernantes sustituto e interino respectivamente, luego de la dimisión del general priísta; los otros fueron electos en las urnas.

En contra de Jorge Carrillo, Sergio Estrada, Marco Adame y Graco Ramírez se presentaron solicitudes de Juicio Político ante el congreso local y en los cuatro casos se habló de una salida anticipada del gobernador; en contra de Blanco Bravo todavía no se presenta un juicio de este tipo, aunque sí lo presentaron cuando fue alcalde; a diez meses de administración ya se habla de que no terminará su mandato.

Desde Carrillo Olea hasta Blanco Bravo la inseguridad se ha mantenido como el reclamo principal de los ciudadanos morelenses; el priísta, los panistas y el perredista fueron acusados de mantener vínculos con la delincuencia organizada y dar protección a cárteles del narcotráfico.

Carrillo Olea impulsó la carrera de Sergio Estrada y fue atacado ferozmente por Graco Ramírez. Estrada Cajigal fue respetuoso de Jorge Carrillo, pero no tuvo buena relación con Marco Adame y fue duramente cuestionado por Graco Ramírez; durante todo su sexenio Marco Adame se alió con Graco Ramírez, pero cuando el tabasqueño asumió el poder comenzó a descalificar el trabajo del médico y lo acusó de cosas que nunca antes mencionó cuando era senador.

Jorge Carrillo Olea fue un duro crítico del gobierno de Graco Ramírez, mientras que Estrada y Adame prefirieron guardar silencio durante todo ese sexenio. Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez sostienen un pleito desde que el futbolista se negó a sumarse al PRD y como alcalde rechazó obedecer las órdenes del gobernador; ahora como jefe del ejecutivo Blanco Bravo se la pasa señalando las acciones, omisiones y actos fuera de la ley cometidos por su antecesor y echándole la culpa de todo lo malo que hay en el estado. De los últimos cuatro gobernadores electos, solo uno (Sergio Estrada)continúa viviendo en el estado.

Recordar estos datos nos permite ver la compleja relación política entre gobiernos y comprender porqué en las últimas dos décadas Morelos ha intentado ser reinventado cada seis años.

A pesar de su edad y de haber ocupado el cargo político más alto de un estado, es imposible pensar que estos siete personales pudieran hoy sentarse juntos; ninguno de ellos fue capaz de separar los temas públicos de los privados, ninguno pudo superar sus diferencias políticas ni hacer de lado sus rencores personales. Lo peor: todos ejercieron el poder a partir de ocurrencias, ninguno tuvo una agenda de estado ni fijó una meta a su gobierno.

Política y socialmente hablando todos han sido un fracaso, administrativa y financieramente fueron un desastre y vistos como clase política asemejan a una familia disfuncional.

¿Cómo podemos esperar que las cosas salgan bien cuando hemos tenido esta clase de gobernantes?

Es evidente que Morelos y su gente han salido adelante a pesar de sus autoridades.

• post it

Luego de que se divulgaron videos en redes sociales en los que se acusa al director del IDEFOMM Enrique Alonso Plascencia de mantener vínculos directos con el cártel de Los Rojos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco de inmediato pintó su raya y aclaró que nada tuvo que ver con su nombramiento. “Fue decisión de los alcaldes”.

Alonso Plascencia fue presidente municipal de Tlaquiltenango y desde hace tiempo ha sido señalado de participar en acciones ilícitas; hace años fue detenido por participar en actividades relacionadas con el contrabando de personas (pollero), como alcalde se negó a que el Mando Único entrara a su municipio y en el 2018 cuando competía como candidato independiente por la diputación federal en la cuarta circunscripción fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato de una persona.

A pesar de sus antecedentes y las múltiples acusaciones que pesan en su contra, en enero los ediles morelenses lo designaron director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos.

Si a alguien se puede acusar del lugar que ocupa hoy en la función pública es sin duda a los presidentes municipales.

• redes sociales

Veamos números para entender el nivel de violencia que vive Morelos:

2018- Enero 01- diciembre 31: 865 asesinatos violentos.

2019- Enero 01 –agosto 25: 998 asesinatos violentos.

¿Hay alguna manera de creer que vamos bien?

Comentarios para una columna sonriente:

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