Serpientes y escaleras - Los fiscales

Después de Uriel Carmona Gándara sigue Juan Salazar Núñez. Eso dicen.

Los fiscales

La detención del fiscal general del estado representó una muestra de poder del estado mexicano, modificó el escenario político local y podría ser el primero de varios cambios que veamos en panorama preelectoral morelense. Independientemente de su rol institucional, Uriel Carmona Gándara era una pieza clave del bloque opositor, era el elemento que unía las piezas del rompecabezas legislativo, el que brindaba protección y confianza a los diputados, pero no el único actor con estas características. Igual que como sucedió con la FGE, hay señales de lo que podríamos ver en el segundo acto de esta historia. El que sigue es Juan Salazar.

El proceso en contra del fiscal general no fue algo que se preparó de un día para otro, se trató de una lucha legal y política que duró varios años y obligó al gobierno federal a intervenir con una fuerza que no habíamos visto hasta ese día. Uriel Carmona no es un fiscal cualquiera, fue nombrado por Graco Ramírez antes de irse y es a partir de esa relación que unió fuerzas con el bloque legislativo opositor. No se equivocó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo “Graco Ramírez es quien está detrás de los opositores al gobernador, es quien los maneja… ya lo vimos, anda muy activo”.

En la cámara local de diputados el tutelaje político del exgobernador es evidente desde que arrancó la legislatura; en múltiples ocasiones los miembros del G15 han participado en reuniones de corte político con el exgobernador, algunas veces en su casa y siempre bajo la lógica de impulsar la candidatura al gobierno estatal de Agustín Alonso en el 2024. Uriel Carmona era parte de esa historia.

Graco Ramírez tiene mucha influencia en el congreso, controla las fiscalías y ordena en la comisión estatal de derechos humanos; la alianza de estos entes no es casual, como tampoco lo es que las carpetas de investigación por actos de corrupción contra funcionarios de su gobierno no avancen. En constaste, los expedientes contra figuras incómodas para el graquismo se atienden de manera expedita.

Recordemos el escenario: antes de que detuvieran al fiscal Uriel Carmona la secretaría de gobernación emitió un comunicado advirtiendo cómo y porqué actuaría. No se trató de un mensaje cifrado, ni mucho menos de un recado entre líneas, la dependencia escribió en letra de molde que Uriel Carmona estaba relacionado con delitos del fuero común, que el fiscal de Morelos no tenía fuero estatal, que la fiscalía de la Ciudad de México había solicitado orden de aprehensión en su contra y que la FGR tenía facultades legales para actuar contra este tipo de delitos.

Las señales contra el fiscal anticorrupción de Morelos ya están a la vista: desde que el alcalde de Cuautla se apersonó en la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia en su contra y en la dependencia le indicaron que dirigiera su oficio al Fiscal General de la República “porque él iba a atender personalmente el caso”, quedó claro que la queja no sería archivada.

Recordemos que ni el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez ni el presidente de la comisión estatal de derechos humanos Raúl Israel Hernández tienen fuero y proceder en su contra sería mucho más sencillo. La semana pasada una nueva denuncia se hizo pública en contra del fiscal y el vicefiscal de la FECC, esta vez por extorsión, amenazas de muerte e intento de sembrar pruebas a funcionarios de Cuautla.

El quejoso hizo pública la demanda que había presentado contra Juan Salazar y Edgar Núñez y relató que el expediente lo había ingresado a la FGR y a la FGE con las pruebas de sus dichos. El teniente del ejército mexicano afirmó que los denunciados le habían pedido que firmara documentos que ellos habían escrito, se trataba de declaraciones falsas para inculpar de hechos que no habían sucedido a dos funcionarios municipales; a cambio lo apoyarían en un asunto personal que obraba en poder de la fiscalía estatal “Trataban de fabricar delitos” dijo el militar. La situación denunciada es tan delicada y generó tal interés al gobierno federal que, dicho por la abogada del denunciante, la FGR le proporcionó inmediatamente escoltas y vehículo blindado.

El tema no es menor, ni es el único que involucra al fiscal anticorrupción, desde hace varios años se han señalado movimientos irregulares cometidos en su oficina, acciones fuera de la ley, amenazas, abuso de autoridad, chantajes, actos de corrupción y ahora fabricación de delito, todo en coordinación con la otra fiscalía, por eso se atrevían a filtrar información y prometían intercambiar expedientes entre dependencias.

La diferencia entre antes y ahora es que Uriel Carmona ya no está al frente de la FGE y a pesar de que el vicefiscal es su compadre, difícilmente se atreverá a cubrir un tema tan delicado, sobre todo a sabiendas que el gobierno federal tiene la mira puesta en el estado y bajo la lupa a toda la estructura con la que operaba el fiscal Carmona. Los diputados locales quieren que el vicefiscal se mantenga por tiempo indefinido al frente de la FGE, pero habrá que ver si el abogado Carlos Andrés Montes Tello quiere hacerlo a sabiendas de las implicaciones y riesgos que ello trae implícito.

Hace un par de años, cuentan los que saben, Uriel Carmona Gándara habría negociado una salida pactada de la dependencia, se habla de un acuerdo sumamente atractivo para él, generoso al extremo y que sobre todo le evitaría muchos dolores de cabeza y preocupaciones futuras; el abogado Carmona puso condiciones para irse incluyendo una nueva notaría y todas se las aceptaron, pero unos días más tarde, dicen que después de hablar con Graco Ramírez, el fiscal se desdijo y prefirió continuar en la batalla política. Hoy debe estar totalmente arrepentido.

El caso de Juan Salazar Núñez podría tener características similares, pero de ninguna forma iguales; para el fiscal estatal anticorrupción la situación ya es grave y no tiene elementos de defensa, empezando porque su responsabilidad no va acompañada de ningún tipo de fuero. Igual que la del alcalde de Cuautla y la del teniente, existen más denuncias en su contra, varias de ellas siguiendo la misma línea federal y todas observadas con el mismo interés por parte de la FGR, porque el titular de la FECC es brazo derecho y operador de Uriel Carmona. Si quitan a Juan Salazar Núñez de la fiscalía anticorrupción todas las carpetas de investigación contra Graco Ramírez y sus excolaboradores avanzaran rápidamente. “Ya lo vimos” dijo el presidente.

Quienes están cerca de él afirman que Juan Salazar tiene claro que sus caminos se cerraron, por ello ha comenzado a mandar señales de tregua y promesas de retirarse pacíficamente del juego. El camino podría ser su inscripción en la carrera por las magistraturas locales, situación que le obligaría a separarse del cargo; esa sería la salida más digna posible sin importar que le concedan un espacio en el poder judicial. Lo que el cada vez menos poderoso fiscal anticorrupción quiere es acompañar a su jefe en el reclusorio.

La lucha legal y política de los gobiernos estatal y federal contra el fiscal Uriel Carmona no es sencilla, por ello tomó cinco años actuar; aún así requirió del absoluto respaldo del gobierno federal para que las acciones legales estuvieran acompañadas de presiones políticas.

Contra Juan Salazar la batalla es muchísimo más fácil. Pruebas en su contra ya hay.

·         posdata

Una y otra vez el exgobernador Graco Ramírez ha presumido que es honesto, basa sus dichos en el hecho que, hasta ahora, no le han podido probar nada de lo que lo acusan.

Pero esa hipótesis es falsa: el hecho de que ninguna acción judicial en su contra haya procedido, hasta ahora, es porque los fiscales fueron nombrados por él y tienen el encargo de protegerlo. En su administración la corrupción fue el común denominador, la obra pública no se licitaba, los precios se inflaban y la calidad de los materiales utilizados eran de bajísima calidad. ¿Una prueba de ello? El estadio Agustín Coruco Díaz, el miniparque de Patios de la Estación y las remodelaciones del centro histórico de Cuernavaca. ¿Más? El sobreprecio de los conciertos y la remodelación de la Plaza de Armas. ¿Otro ejemplo? Los miles de millones de pesos destinados a la reconstrucción del sismo.

La certeza de que la impunidad prevalecería se mezcló con el carácter pendenciero de Graco y eso lo hizo sacar la cabeza antes de tiempo; confiado de que el sexenio se acababa y ya no lo iban a procesar, el perredista se presentó públicamente en el frente opositor anti AMLO, se volvió un crítico abierto de la 4T y para rematar dio una larga entrevista a Ciro Gómez Leyva en la que se le fue a la yugular al presidente de México. Tres días más tarde detuvieron al fiscal Uriel Carmona.

El pilar más fuerte en la estructura de protección de Graco Ramírez ya está fuera de la jugada; el segundo y último que le queda es el fiscal anticorrupción y este parece tener sus días contados. Si Juan Salazar deja el cargo, no importa quien llegue en su lugar, de ninguna manera meterá el pecho por Graco y sus amigos.

·         nota

Primer acto: el exgobernador Graco Ramírez acude a entrevista con Ciro Gómez Leyva y afirma que Andrés Manuel López Obrador es el peor presidente que ha tenido México; el tabasqueño destroza a su paisano, remarca sus errores, habla de los negocios de sus hijos, de su incapacidad para escuchar y de los abusos de su gobierno.

Segundo acto: tres días después el gobierno federal detiene en su domicilio al fiscal de Morelos que fue nombrado por Graco Ramírez como gobernador, a quien se considera es protector de sus intereses y contención ante todas las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y federal contra su familia y contra funcionarios de su administración. En paralelo el presidente de México dijo en su conferencia mañanera “Ya vimos a Graco Ramírez operar en Morelos, es él quien está detrás del fiscal y de los diputados… ya vimos que anda muy movido”.

Tercer acto: La Asociación Cívica Morelense se trasladó a Palacio Nacional y solicitó al gobierno federal que la Fiscalía General de la república atraiga los casos pendientes por resolver en las fiscalías de Morelos. "Ante la falta de acción de la justicia en el Estado de Morelos solicitamos la intervención del gobierno federal para que la Fiscalía General de la República atraiga varios casos ocurridos en Morelos, donde la justicia se ve opacada por la corrupción y la impunidad… Desde el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, el crímen, la corrupción y la impunidad han prevalecido con la herencia que dejó nombrando al Lic. y notario Uriel Carmona Gándara como Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos y al Lic. Juan Salazar Núñez como Fiscal Anticorrupción; no se ha obtenido ningún resultado ni avance en la procuración de justicia… Sabiendo que usted se opone a la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, le solicitamos atentamente, señor Presidente, que gire sus apreciables órdenes a las instancias correspondientes para que la Fiscalía General de la República atraiga estos casos".

¿Cómo se llamará la obra?

·         post it

Mi propuesta para Morelos no es de mano dura, sino de aplicación de la ley, dice el general Alfonso Duarte Múgica, precandidato a la gubernatura de Morelos.

Y luego dice “Al estado le hace falta un líder que pueda coordinar todas las actividades”. Cierto

Pero a los líderes se les conoce y él, a pesar de sus cartas credenciales, es un perfecto desconocido en su tierra.

·         redes sociales

“No han podido probar ninguna de las acusaciones de corrupción en mi contra, todos los señalamientos que han hecho contra mí son falsos”

Así se defiende Graco Ramírez.

Son los mismos argumentos que desde hace más de veinte años usa Carlos Salinas de Gortari.

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