Serpientes y escaleras - Las primeras denuncias

Una vez más se denuncia corrupción en el gobierno. ¿Procederán las demandas?

Las primeras denuncias

El equipo de Margarita González Saravia presentó esta semana el primer bloque de denuncias por irregularidades encontradas en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El anuncio lo hicieron el consejero jurídico y la contralora, detallando que existen faltas graves por un monto de 40 millones de pesos. Es la tercera ocasión consecutiva que una administración estatal de Morelos inicia acciones contra sus antecesores, pero hasta ahora nadie ha sido castigado. ¿Pasará lo mismo?

Graco Ramírez, Cuauhtémoc Blanco y ahora Margarita González Saravia actuaron jurídicamente contra sus predecesores por supuestos actos de corrupción; en las tres ocasiones la percepción pública avaló estas acciones porque la corrupción, los abusos e ilegalidades son del dominio público, sin embargo, hasta ahora, ningún funcionario de primer nivel ha pagado por sus faltas.

En esta ocasión se habla de irregularidades encontradas en las secretarías de Infraestructura, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario, el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y el Fidecomp. “Por eso se ha requerido a los exservidores públicos” afirmó el consejero jurídico al salir de la Fiscalía Anticorrupción.

La historia pudo ser más llamativa de haberse anunciado de otra manera o los responsables de darle seguimiento a los temas, el consejero jurídico y la contralora, fueran más contundentes en sus expresiones. Quizá porque saben que este tipo de historias nunca llegan a buen término, tal vez porque no tienen seguridad de su actuación o porque esa es su personalidad, el caso es faltó contundencia.

Castigar a los corruptos es una promesa incumplida desde hace muchos años por los gobernantes, se trata de un reclamo constante de los ciudadanos, una ofensa permanente al pueblo porque año tras año y sexenio tras sexenio la ciudadanía es testigo de la manera tan burda como los funcionarios roban, se enriquecen y nunca pagan por sus faltas.

Personalmente confío en la gobernadora, la conozco y tengo claro que su discurso en contra de la corrupción y la impunidad son ciertos, que realmente quiere cambiar las cosas y dignificar el servicio público. La duda está en lo que siempre pasa (o no pasa), en la capacidad de los encargados de hacer valer la ley.

A nadie le queda duda que Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco son corruptos, que fueron permisivos con sus colaboradores y dieron poder supra legal a sus familiares. En los dos casos hablamos de un daño patrimonial multimillonario, de acciones que a la los ojos ciudadanos representan ilegalidades, abusos y componendas. Al tabasqueño lo protegió el expresidente Enrique Peña Nieto y al americanista el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora que se anuncian acciones legales contra funcionarios del gobierno anterior lo primero que llama la atención es la cifra referida, apenas cuarenta millones de pesos. ¿En serio? La remodelación del mercado Adolfo López Mateos implica un presupuesto superior a los cien millones de pesos, lleva varios años sin concluir y está mal hecha; en el Filatec los datos refieren desvíos directos superiores a los 60 millones de pesos. ¿Por qué solo denuncian 40 millones?

Es plausible que la administración de Margarita González Saravia actúe en contra de funcionarios anteriores que cometieron actos ilegales, pero la manera como se presentó el proceso está muy lejos de ser consistente; la prudencia excesiva del consejero jurídico, la actitud timorata de la contralora y lo que ha ocurrido siempre en este tipo de casos genera la duda de que nuevamente habrá impunidad.

Pongamos en contexto las cosas: hace unos meses la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades en la administración de Cuauhtémoc Blanco por más de 3 mil millones de pesos; las historias que se cuentan en los pasillos de poder sobre actos de corrupción cometidos en el sector salud, en transportes, en la Comisión de Agua y en la DGPAC refieren cifras multimillonarias y ahora nos informan que en cinco dependencias el desvío es de apenas 40 millones.

La diferencia entre las denuncias que presentó el futbolista y las que ahora ingresa la gobernadora en la Fiscalía Anticorrupción es que el fiscal Juan Salazar protege a Graco Ramírez y odia a Cuauhtémoc Blanco, quizá eso permita que los procesos avancen y los funcionarios referidos sean llamados a cuentas.

Actuar contra la corrupción siempre será una acción plausible y en el caso de Margarita González Saravia es un acto de congruencia; el reto para el consejero jurídico y la contralora en este caso es enorme, de su actuar profesional depende que los procesos avancen y los culpables sean llamados a cuenta. La gobernadora les ha dado su confianza en un tema de altísima prioridad y la única manera de corresponder a la confianza es con resultados tangibles.

Tres veces en los últimos doce años los gobernantes han dejado en sus consejeros jurídicos y contralores la responsabilidad de hacer valer la ley, de castigar a los corruptos y cumplir las promesas de campaña. Dos veces las historias han terminado mal, con una sociedad que se queda esperando castigo a los ladrones y funcionarios que recurren a múltiples excusas para tratar de defender su incompetencia. Confiemos que esto no vuelva a ocurrir.

Cuauhtémoc Blanco pudo alzarse como un gobernante mejor si los responsables de perseguir a los corruptos hubieran sido más eficientes, si hubieran puesto más interés en combatir la impunidad y deseos de cumplir sus promesas de campaña. Pero ninguno lo hizo.

Las denuncias presentadas esta semana tienen que acompañarse de pruebas ante las autoridades y comunicación que ayude a generar una buena percepción sobre el tema. Anunciar acciones de manera tibia, por montos tan bajos (tomando en cuenta la enorme imagen de corrupción del gobierno pasado) no luce tan contundente como debería ser una acción de este tipo.

La administración de Margarita González Saravia tiene todo a la mano para hacer de este tema una promesa cumplida: cuenta con la información necesaria para actuar y el ánimo del fiscal para moverse de inmediato contra un viejo enemigo personal. La única manera de que las denuncias no avancen es por falta de pruebas, lo cual dejaría muy mal parados a los funcionarios de su gobierno.

Los ciudadanos confiamos en Margarita González Saravia y ella confía en sus colaboradores. Esperemos que la confianza de todos se refrende.

·         posdata

“Aquí no hay espacio para las improvisaciones ni para las excusas, tampoco hay espacio para los actos de corrupción”, dijo en su informe de cien días la gobernadora Margarita González Saravia.

Así sea.

·         nota

El cuento de “Pedro y el lobo” narra como un pastorcito aburrido de ver pastar a sus ovejas decidió jugar una broma a sus vecinos gritando: “!Ahí viene el lobo!”. Todos sus vecinos alarmados acudían una y otra vez en su ayuda y se retiraban enojados cuando descubrían la broma. Pedrito hizo esto reiteradamente hasta que los vecinos dejaron de ir y cuando finalmente llegó el lobo nadie fue a socorrerlo.

Eso es justamente lo que ocurre en el caso de las denuncias por corrupción en contra de exfuncionarios: nos han prometido tantas veces que se castigarán a los ladrones que el tema ha dejado de ser llamativo, genera suspicacia y en muchos casos la sospecha de que solo es un circo mediático.

Durante mucho tiempo se acusó a Graco Ramírez y a su familia de aprovecharse del erario, de utilizar los recursos públicos para enriquecerse y permitir que sus amigos, familiares y colaboradores robaran. La historia se repitió con Cuauhtémoc Blanco, solo que en lugar de hijastro incómodo había un hermanastro incómodo, pero al final se trató de la misma trama: todos robaron y todos se reportaban con quien, presume “nunca firmó nada”.

La única manera que encontró la oposición para atacar a Margarita González Saravia en campaña fue ligando su figura a la de esos dos gobernadores; obvio, la dama es una mujer decente, con una trayectoria intachable y blindada ante actos de corrupción. Aún así vincularla a esos dos pillos la lastimó.

Como gobernadora tiene la obligación legal de actuar contra la corrupción y la obligación moral de cumplir su palabra; denunciar actos de corrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco es solo el primer paso, tiene que hacer que las demandas procedan y castigar las irregularidades cometidas en todas las áreas. También debe retomar los abusos de Graco Ramírez y darle seguimiento a los procesos que su antecesor dejó dormir el sueño de los justos.

Reitero: hay confianza en la decisión de la gobernadora, la duda está en la capacidad de su equipo.

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“Yo compré en lo que me vendieron” dijo Sandra Anaya, cuando se hizo público el precio que pagaron varios exfuncionarios del gobierno estatal por los terrenos del Filatec. “No cometí ningún acto ilegal… voy a demandar al reportero y al medio” afirmó furiosa cuando la cuestionaron sobre el tema.

La demanda prometida por la dama nunca llegó y ahora el gobierno estatal de Morena confirma que sí hubo irregularidades en la compra de terrenos del Filatec en el lago de Tequesquitengo, por lo que conminó a los exservidores públicos a que revirtieran las compras que hicieron antes de que el gobierno proceda legalmente.

"Hacemos un llamado a los ex funcionarios que compraron lotes en el Lago de Tequesquitengo a que los devuelvan antes de que presentemos las denuncias", afirmó el consejero jurídico Edgar Maldonado.

Algunos de los personajes que se hicieron de propiedades a bajo precio son la diputada Sandra Anaya, la magistrada Mónica Boggio y el exsecretario particular de Cuauhtémoc Blanco Edgar Riou.

Uno más es Gerardo Becerra, quien afirma que no devolverá nada.

·         redes sociales

Por cierto: las denuncias contra exfuncionarios del gobierno anterior se presentarán ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.

El primero lo controla Juan Salazar, fiscal nombrado por Graco Ramírez e incondicional de Uriel Carmona, ambos son enemigos personales de Cuauhtémoc Blanco. En el segundo hay mayoría cuauhtemista con Mónica Boggio, exjefa de la gubernatura, Vanessa Carmona, esposa del magistrado Jorge Gamboa, amigo personal del futbolista y Guillermo Arroyo, exsecretario del ayuntamiento de Cuernavaca en el periodo de gobierno del americanista.

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