Serpientes y escaleras - La división estatal

El pleito entre actores de poder no es nuevo, pero nunca pasa nada.

La división estatal

Desde hace varios años Morelos está inmerso en un enfrentamiento constante que comienza en los pasillos de poder y se traslada a casi todos los estratos de la sociedad. Sexenio tras sexenio desde el gobierno de Jorge Carrillo Olea la situación ha sido la misma, en ocasiones con pugnas más feroces como la de ahora, pero de manera ininterrumpida entonces hemos vivido en conflicto. Lo que padece el estado en este momento es muy grave y va más allá de las acusaciones mutuas entre actores de poder; lo que hay es un estado totalmente dividido.

Enero es un mes sumamente complicado para el gobernador Cuauhtémoc Blanco por las acusaciones que ha recibido; la crítica es ensordecedora y ha ocupado muchos espacios de la prensa nacional al punto que las autoridades estatales consideran que se trata de una embestida dirigida y financiada desde algunos espacios de poder.

Más allá de eso y del contenido de las acusaciones que hay entre unos y otros, lo que queda es un escenario de enfrentamiento que involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno y a los tres poderes del estado, porque al hablar de un narcogobierno es imposible pensar en un acuerdo individual.

Corresponde a las autoridades de la FGR, si en esta ocasión deciden hacerlo, investigar qué hay de fondo en los señalamientos de las últimas semanas que, por cierto, son las mismas que se vienen haciendo desde hace muchos meses. Lo de hoy es un escándalo mediático, pero el tema que no es nuevo ni exclusivo de una autoridad: desde hace años se ha especulado que funcionarios y representantes populares morelenses conocen, tienen amistad o son cómplices de diversos personajes del crimen organizado.

Insisto, no es historia nueva: eso mismo se dijo en la época de Jorge Carrillo Olea cuando se mencionaba que el gobierno protegía a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, luego en la administración de Sergio Estrada Cajigal, a quien vincularon con Juan José Esparragoza “El Azul”, más tarde sucedió lo mismo con Marco Adame y Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” y recientemente con Graco Ramírez y Santiago Mazari Hernández “El Carrete”. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

La única diferencia de una administración a otra en Morelos en los últimos años ha sido el personaje con quien se asocia al gobernador en turno; desde la época del general priísta se ha especulado que existe complicidad entre autoridades y delincuentes, pero nunca se ha investigado ni probado nada lo que, dicho sea de paso, no significa que lo que la gente dice no sea cierto.

De manera constante a lo largo de las últimas administraciones estatales se ha hablado de un acuerdo entre cárteles y gobierno, se presume que la clase política está relacionada con estos grupos, de ahí el enfrentamiento constante entre actores de poder y representantes populares. Digámoslo como es: antes se hablaba de un cártel delincuencial predominante y del pacto de las autoridades con ellos; en fechas recientes eso ha cambiado porque ya no hay un solo bando, es decir, ahora en el territorio o la plaza, como llaman en el argot a la entidad, existen múltiples capos tratando de obtener el control y luchan a sangre y fuego por la hegemonía.

Esta situación debe verse desde dos ángulos: por un lado están los políticos y los gobernantes, a quienes se les relaciona y vincula de manera directa con los criminales y se les atribuyen acuerdos o componendas a cambio de diversos beneficios, sobre todo de carácter económico; del lado contrario está la sociedad que siempre pierde, porque gane quien gane en la otra arena es la gente quien queda a merced de la delincuencia y paga de muchas maneras los pactos criminales.

Lo digo de nueva cuenta: el problema en esta historia muchas veces contada no está en la presunción de complicidad entre una o varias autoridades con criminales, sino en el hecho que a lo largo de cinco sexenios todo ha sido especulación y acusaciones sin que se haga una investigación formal al respecto. Lo constante ha sido la impunidad.

Las pocas veces que el gobierno federal ha intervenido ha sido por decisión propia, sin avisar a las autoridades locales y por supuesto, sin tocar a casi nadie de la clase política estatal. Sexenio tras sexenio vemos que el cuento se repite, que las acusaciones son las mismas con diferentes nombres y sobre todo que quienes en un sexenio son malos, al periodo siguiente se presentan como los buenos.

Por esa razón la denuncia que presentó la semana pasada el gobernador tiene un alto grado de trascendencia, si es que el gobierno federal decide investigar; con una querella formal, documentos probatorios y la firma del jefe del ejecutivo estatal, la FGR tendría que iniciar de inmediato una investigación sobre el tema que abarcara a todos, incluyendo al denunciante. Sí el propio gobernador afirma que estamos en un narcoestado, sería imperdonable que las autoridades federales archivaran la queja.

Hoy el principal acusado es el gobernador Cuauhtémoc Blanco y es precisamente él quien ha decidido dar el primer paso formal al presentar una denuncia con todas las de la ley ante la Fiscalía General de la República. Sus críticos y los señalados en ese documento tendrían que hacer lo mismo, deberían pasar de la declaración en medios de comunicación a la actuación legal para que el tema no quede en dimes y diretes.

Los actores de poder que a lo largo del presente año han alzado insistentemente la voz acusando al jefe del ejecutivo de ser protector de criminales tienen la oportunidad de formalizar su queja y hacer algo para que la situación cambie; mantener el tema en el mismo plano que hemos visto estas semanas, es decir, solo como un debate mediático sin ninguna trascendencia legal, lo único que provoca es acentuar la división social y, como lo dijo el fiscal la semana anterior, mandar un mensaje de ingobernabilidad.

Si queremos que la historia de Morelos sea diferente y los múltiples e históricos casos de complicidad y corrupción no se repitan es sustantivo hacer algo distinto a lo que se ha hecho en el pasado; los políticos que públicamente acusan tienen la obligación moral y legal de denunciar.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco ya denunció ¿Quién sigue?

• posdata

¿Recuerdan el enfrentamiento decembrino entre diputados? ¿Las amenazas que se lanzaron unos y otros por la postura asumida en el tema presupuestal y las modificaciones que pretendía hacer la 55 legislatura? ¿Los gritos y empujones entre legisladores porque impidieron la entrada al recinto parlamentario a las diputadas y las lágrimas de Agustín Alonso cuando no les alcanzaron los votos para validar su propio presupuesto? ¿Qué ha pasado después de ello?

En una sociedad tan mediática como la que tenemos actualmente, donde hay conflictos todo el tiempo y la confrontación se ha vuelto cosa de todos los días, es normal que una historia así pierda importancia y deje de estar en debate en pocas semanas.

Todo el embrollo legislativo quedó en una mala anécdota, aunque sí permanece el desgaste de la imagen del congreso, porque después de ese lamentable episodio muchos los han comparado con sus antecesores y algunos, incluso, los califican de ser peores.

Pero más allá de la polémica decembrina lo que hay ahora en la cámara de diputados es un parlamento dividido, enfrentado y sin credibilidad; la parálisis en su trabajo es evidente y los amagos que hubo previo a la votación del paquete económico ya fueron olvidados, porque aunque no se autorizó el presupuesto 2022 el ejecutivo ha podido trabajar con las herramientas del año anterior. ¿Quién perdió?

Desde que inició ese debate parlamentario se podía anticipar que las cosas no les iban a salir bien a los diputados; el planteamiento fue erróneo desde que se radicalizaron las posturas y el diálogo se centró en el todo o nada. El G11 quiso obtener todo en un solo movimiento y puso todas sus fichas en el primer juego, pero a pesar de las amenazas el jefe del ejecutivo no cedió y ahora la oposición ya no tiene herramientas con las cuales presionarlo.

En esta historia no hay ganadores ni buenos, todos perdieron y todos quedaron mal parados, incluido el gobierno que no tuvo la capacidad de conciliar con el parlamento porque la oficina política, como siempre, brilló por su ausencia.

El próximo mes arranca el segundo periodo ordinario de sesiones y con él reiniciará un debate que debería ser diferente si es que los bloques legislativos comprenden el enorme daño que les causó su rompimiento. Los primeros tres meses de trabajo del congreso lucían bien porque parecía que íbamos a ver algo totalmente distinto al parlamento anterior, pero en los últimos días del año todo lo bueno se fue a la basura y todos quedaron mal parados frente a la sociedad.

Lo hecho, hecho está. Falta ver qué es lo siguiente que harán nuestros representantes populares.

• nota

El alcalde capitalino José Luis Urióstegui informa que solicitará al congreso que le autoricen un refinanciamiento por 200 millones de pesos pagadero en diez años, es decir, siete más de lo que dura su administración. Un refinanciamiento es eso, una renegociación de la deuda para obtener mejores condiciones, no se trata de un nuevo crédito.

Las razones son comprensibles: Cuernavaca está quebrada y necesita dinero para atender las múltiples necesidades que tiene, empezando por los millonarios adeudos que dejó el exalcalde Antonio Villalobos.

José Luis Urióstegui es un hombre decente que podría pasar a la historia como un buen presidente municipal, pero para que eso suceda tiene que mostrar autoridad y capacidad de decisión más allá de lo que a su nombre presumen los ambiciosos hermanos Martínez Terrazas.

No queda duda que el ayuntamiento capitalino requiere de recursos económicos frescos para trabajar y que en un escenario de endeudamiento como el que tenemos, un alcalde honorable garantiza que el dinero se aplicará de manera adecuada. Sin embargo para que así sea hay que amarrarle las manos a los corruptos hermanos Terrazas que tratan de repetir las raterías de los hermanos Villalobos.

Una cosa más: de la mano de la petición de un refinanciamiento para la ciudad sería importante que el edil presentara las primeras denuncias formales contra su antecesor, para demostrar que no solo es un hombre bueno, sino también una autoridad firme y decidida a no perpetrar la impunidad.

La aprobación de la petición depende de los diputados, ahí veremos un debate interesante porque no faltará uno (o muchos) que condicionarán su voto a la entrega de la comisión respectiva.

Obvio: las camionetas nuevas cuestan mucho dinero y se cambian cada año.

• post it

Graco Ramírez volvió a aparecer en el escenario público luego de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco lo señaló como parte de una red de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada al lado del excomisionado de seguridad Alberto Capella y el diputado Agustín Alonso.

Los señalamientos del jefe del ejecutivo de Morelos contra actores del pasado son muy duros y deben ser investigados por las autoridades federales para determinar si en verdad existe o existió esa asociación delictuosa.

La otra investigación que sigue pendiente en el caso del tabasqueño son las irregularidades cometidas durante su administración, que han dado pie a que varios de sus excolaboradores se encuentren actualmente vinculados a proceso.

Tan tranquilo que andaba Graco Ramírez en su casa, pero le ganaron las ansias de novillero y se volvió a meter en política. A pesar de sus golpes de pecho, el gobierno estatal anterior ha sido el peor y más corrupto de la historia de Morelos.

• redes sociales

La iglesia católica le pide a los actores políticos y a las autoridades de Morelos que le bajen dos rayitas a su pleito; tantas acusaciones y señalamientos no son buenos, dice el vicario Tomás Toral.

Es comprensible su petición: si le siguen rascando al tema algunos miembros de su grey pueden quedar muy mal parados y sujetos a investigación, porque como ellos mismos lo dicen en corto, también hay ovejas negras en la iglesia.

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