Serpientes y escaleras - Ingobernabilidad

En opinión de Eolo Pacheco

Serpientes y escaleras - Ingobernabilidad

El problema no es solo que todos se peleen, lo grave es que ya les gusto.

 

Ingobernabilidad

La de Morelos ha sido una historia que se repite en los últimos años; los pleitos de poder y los conflictos políticos son la constante en el estado desde hace dos décadas, pero nunca como ahora habíamos visto una crisis simultánea en los tres poderes. El problema es enorme, tiene que ver con el incremento de la violencia y la recesión económica, con la falta de inversiones privadas y la pérdida sistemática de confianza. Lo que pasa se resume en una sola palabra: ingobernabilidad.

Intenta, lectora lector queridos, recordar un momento en la historia de nuestra entidad en donde los tres poderes del estado estuvieran en crisis al mismo tiempo. Personalmente guardo en la mente algunos pasajes complejos del congreso, con legislaturas que tuvieron confrontaciones internas y esporádicos enfrentamientos con el poder ejecutivo o el judicial.

También recuerdo algunos momentos incómodos entre los integrantes del poder judicial, etapas vergonzosas de magistrados que se exhibían unos a otros y alguna ocasión en la que incluso llegaron a los golpes en plena sesión. ¿Y qué decir del ejecutivo? ahí las crisis son más frecuentes porque una y otra vez, sexenio tras sexenio, se forman grupos de poder al interior y eso provoca inestabilidad.

Lo que no me había tocado observar es una crisis múltiple y simultánea, es decir, que en los tres poderes del estado sus integrantes se confrontaran entre ellos y a la vez pelearan con los otros dos, donde viéramos posturas radicales y argumentos pobres que transforman las diferencias institucionales en pleitos callejeros. Lo que veo ahora es la rebatinga vulgar por el poder y por el dinero, la reyerta malsana sin reglas, sin respeto y sin dignidad.

El que vivimos es  un momento tan complejo que ni siquiera vale la pena detenernos a ver quienes participan, porque se trata de una situación institucional que rebasa a las personas, que coloca a la entidad en una posición peligrosa que ya ha provocando severos daños a los sectores y trastocó la estabilidad de todos. Vivimos un momento crítico donde no hay liderazgo ni rumbo, donde no existen puntos de coincidencia ni tampoco canales de comunicación. Ya ni hablar de acuerdos, porque el poco entendimiento que logran unos con otros se rompe con suma facilidad por un simple cambio de humor.

Quizá haya alguien a quien esta situación le parezca menor o sin importancia porque no forma parte de la clase gobernante o no se interesa en política, pero aún en esos casos el problema existe, porque las repercusiones de estas divergencias pegan por igual a políticos y ciudadanos, a trabajadores del gobierno y empresarios, a jóvenes y personas mayores. La crisis es para todos.

Veámoslo con dos ejemplos: la inseguridad es un problema social que no es ajeno a la actuación del estado y sus tres poderes: el ejecutivo no tiene la fuerza ni una estrategia efectiva para enfrentar a los grupos delictivos, el legislativo ha dejado de ser un punto de equilibrio en el estado y en lugar de legislar y apoyar a recuperar la paz se convirtió desde hace años en refugio de delincuentes. En el poder judicial las cosas son peores: los jueces y los magistrados lucran con la impartición de justicia, se les asocia con grupos delictivos y liberan delincuentes.

En materia económica la historia es la misma porque los temas caminan juntos; es imposible pensar en desarrollo económico cuando persiste un ambiente de inseguridad y violencia, es muy difícil que lleguen inversiones nuevas a la entidad y se multipliquen los empleos cuando no hay confianza para que alguien arriesgue su patrimonio en una tierra sin ley.

Así podemos seguir detallando otros sectores y otros escenarios del estado y siempre tendremos el mismo resultado; los gobiernos (incluyendo a los tres poderes) tienen que ser facilitadores, deben promover el desarrollo y garantizar paz, tienen a su cargo la administración de los recursos y deben hacerlo con eficiencia, necesitan a la sociedad de su lado para avanzar y requieren de la confianza de la gente para que así sea. Nada de eso sucede hoy.

Desde hace tiempo Morelos se mueve sin rumbo, sin liderazgo y sin agenda, lo que ocurre en la tierra de Zapata es resultado de circunstancias, no de un proyecto; el estado se mueve por inercia, se mantiene vivo por el trabajo de la sociedad y sale adelante a pesar de la clase gobernante y los gobiernos.

Desde hace mucho los tres poderes del estado dejaron de ser apoyadores y facilitadores y los gobiernos no ofrecen a los ciudadanos una propuesta sólida, convincente y realizable de desarrollo en cualquier área; todo es simulación, todo son ocurrencias y mensajes al aire, la clase política se la pasa peleando por el poder y el dinero, los políticos dejaron de representar a los ciudadanos y las instituciones se encuentran bajo el mando de figuras que carecen de capacidad, experiencia, talento y conocimiento.

La ingobernabilidad que vivimos es inocultable y tiene que ver con la clase gobernante que ha ocupado los espacios de poder desde hace varios años; lo que sucede hoy en los tres poderes del estado es responsabilidad directa de quienes forman parte de estas instituciones, pero no es ajeno a lo que ha sucedido en materia política en el pasado reciente.

Los diputados de hoy llegaron al cargo postulados por sus respectivos partidos políticos y ganaron como consecuencia de un profundo hartazgo social con el gobierno anterior; los magistrados sostienen una estrecha e inocultable relación con el gobernador anterior y por ello cuidan sus intereses. En el ejecutivo es notoria la inexperiencia e incapacidad de algunos funcionarios y también es visible que hay problemas sembrados y trabajadores que responden a intereses ajenos a los institucionales.

Dos aspectos son determinantes para que las cosas no mejoren en ninguno de los tres poderes de Morelos: la ambición personal y la falta de liderazgo. Lo que vemos en el estado es una lucha por el control económico y político de las instituciones,  es la pelea callejera por canonjías y posiciones con una absoluta falta de solidaridad y respeto por la gente.

Tenemos la peor clase política del país. Tenemos políticos sin clase.

  • posdata

A un año de distancia han quedado atrás las promesas de campaña y las esperanzas basadas en un discurso; a doce meses de que inició el gobierno estatal y diez de que arrancaron las administraciones municipales es urgente que los gobiernos comiencen a dar resultados tangibles para la población.

Decir que el 2019 ha sido un año difícil para todos no es nuevo, ni distinto a lo que ha venido ocurriendo desde hace al menos una década; lo que vemos en Morelos en materia de desarrollo es consecuencia de una falta de rumbo político, pero también (principalmente) de una ineficaz estrategia de promoción económica.

Una y otra vez hemos sido testigos de proyectos que llegan solos al estado y casi de inmediato se complican porque no son socializados, porque rápidamente se politizan y porque en casi todas las ocasiones los funcionarios públicos se encargan de complicar las cosas para sacar un beneficio económico personal.

Así ha sucedido varias veces en temas que tienen que ver con inversiones públicas y proyectos privados porque en algunos casos existe una falta de visión institucional y en otros se olvida involucrar a la gente en los temas. El fracaso consecutivo de inversiones en la entidad ha concedido a nuestra tierra el penoso mote de Norelos, porque los paisanos traen el no en la punta de la lengua.

Esta es una de las razones por las cuales la entidad se ha mantenido ajena al desarrollo económico y social que hay en entidades vecinas; es por ello que cuando en el centro del país se analizan opciones estatales para impulsar obras o establecer empresas, Morelos queda desplazado.

Desde hace varios años el estado y sus representantes se han vuelto el principal obstáculo para el crecimiento; ahí está el caso de un grupo de empresarios europeos que buscaban establecer un nuevo polo de desarrollo con empresas tecnológicas en el gobierno de Marco Adame, pero no aterrizaron la inversión porque el titular de desarrollo económico les pidió dinero.

Lo mismo paso antes y después: Con Sergio Estrada se vino abajo una millonaria inversión norteamericana porque el gobernador y sus amigos se emborracharon el día que fueron invitados a la unión americana a conocer el plan de negocios. Con Graco Ramírez la traba fue económica y social, porque para que cualquier proyecto avanzara primero debía pagar su comisión al gobierno y luego debían enfrentar la embestida social, muchas veces promovida desde el mismo ejecutivo estatal.

Hoy Cuauhtémoc Blanco tiene el enorme reto de cambiar esa imagen y abrir paso a nuevas inversiones; es claro que el gobierno morelense es pobre, que los recursos con los que cuenta no alcanzan para grandes obras porque heredó deudas multimillonarias y como si eso no bastara carecen de un plan de desarrollo.

Precisamente por eso es vital que su política de inversión sea atractiva y funcional, que establezca claramente la importancia de respetar el medio ambiente, las leyes y los derechos ciudadanos, pero que no se corrompa, ni pierda oportunidades de inversión que ayudarían a la economía y el empleo.

Dejemos algo claro: el gobierno de Morelos no tiene ningún proyecto de desarrollo en el corto plazo, ni tampoco dinero para grandes planes de obra pública que detonen la economía regional; las inversiones que vengan y demuestren que se apegan a los lineamientos universales de desarrollo (cuidado ambiental, respeto social y cumplimiento de la ley) deben ser acogidas de inmediato.

Si un gobierno no es capaz por si solo de detonar la economía, no se puede dar el lujo de ser una traba para que la iniciativa privada lo haga. Sobre todo cuando no ha sido capaz, siquiera, de brindar seguridad a la población.

  • nota

El alcalde Villalobos no quita el dedo del renglón: ya movió a los comerciantes ambulantes que acaparaban las banquetas aledañas al hospital del IMSS y dice que no dará marcha atrás.

Es un acto de autoridad y como tal no es negociable, dijo hace algún tiempo Antonio Villalobos. Cierto, así debe ser.

No será fácil para el edil mantener su postura frente a un sector que por muchos años ha hecho lo que ha querido, que se encuentra protegido por sindicatos y grupos de poder y que de manera reiterada ha estado envuelto en problemas delictivos.

Ítem más: en algunos casos los ambulantes son también grupos de choque que hacen valer su voluntad a la fuerza, que han doblado muchas veces a la autoridad y que casi siempre se salen con la suya.

 El presidente Villalobos ha derrapado varias veces con su lengua, cotidianamente se mete en problemas por sus arrebatos y ocurrencias, pero en este caso hace lo correcto, actúa conforme a la ley y responde a una añeja petición ciudadana.

Reubicar a los comerciantes ambulantes no es una acción autoritaria, sino un acto de autoridad avalado por la ciudadanía. Superado este primer paso con los ambulantes de Plan de Ayala el edil podría seguir con otros fenicios que se han apropiado de las aceras y de los espacios públicos, que afectan el libre tránsito, que representan una competencia desleal a los negocios establecidos y que en algunos casos se prestan para la venta y distribución de droga.

No es fácil lo que está haciendo Villalobos, por eso hay que ayudarlo.

  • post it

Lo que pasa en el congreso morelense es de pena ajena. Un grupo de diputadas mantiene secuestrada la gobernabilidad parlamentaria y utiliza los recursos legislativos para fomentar un pleito de poder.

Mientras más dure este conflicto menos posibilidades tendrán los actuales diputados de reelegirse en el cargo.

Su problema es político, pero también de percepción.

  • redes sociales

Las relaciones peligrosas de Alberto Capella vuelven a tomar dimensión nacional; lo que ocurre en Quintana Roo es terrible, igual a lo que sucedió en el tiempo que estuvo como encargado de seguridad de Morelos.

A cada capillita le llega su fiestecita.

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