Serpientes y escaleras - El fideicomiso del congreso

Reza el refrán popular: No hagan cosas buenas que parezcan malas.

El fideicomiso del congreso

En noviembre del año 2015 el congreso del estado de Morelos hizo pública a través del diputado Alberto Mojica Linares, del PAN, la iniciativa de decreto para crear el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos, cuyo objetivo era destinar recursos para la reactivación económica, la generación de empleos y la realización de obra pública municipal de manera “justa, equitativa y eficiente”. A este fondo se destinaron cientos de millones de pesos durante tres años, pero ni un solo centavo llegó a los municipios. La actual legislatura va a crear un fondo similar, pero con más dinero.

Lo que históricamente ha ocurrido en los congresos locales da pie a que exista una duda razonable sobre el actuar de nuestros representantes populares; desde hace años legislaturas van y vienen y al final se repiten los mismos excesos, las mismas historias y los mismos actos de corrupción.

Puedo suponer que en este punto los honorables representantes populares morelenses dirán que ellos no son iguales, que su actuar no será el mismo y que en su mente prevalece un deseo legítimo de cambiar las cosas; precisamente por ello nos hemos autonombrado una legislatura con enfoque municipalista, dirá alguno de los diputados. Puede ser.

El problema es que lo hecho en todas las legislaturas del presente siglo ha sido igual: todas comienzan diciendo lo mismo, cuando llegan hablan de cambio, de modificar actitudes, de responder al pueblo, de actuar con honestidad y trabajar con absoluta transparencia. Recordemos a los integrantes de la legislatura anterior (la 54) que, además, fundaban su honorabilidad en el hecho que se trataba del primer parlamento con mayoría femenina “y las mujeres no actúan igual que los hombres”.

Puede ser que el diputado Eliacib Polanco, ducho en demagógia, asegure que se trata de un modelo nuevo, diferente, plural, justo y equitativo cuyo fin será, además de ayudar a los municipios, detonar la microeconomía. Aún suponiendo que sus expresiones sean legítimas, los antecedentes de nuestro congreso generan dudas sobre las verdaderas intenciones de los diputados en la creación de un fondo que tendrá más dinero que el Poder Judicial del Estado de Morelos.

Fue en el 2015 durante el periodo de la Legislatura 53 que los representantes populares locales tuvieron la brillante idea de crear un fondo municipalista que recibiría dinero de los propios municipios, es decir, del 5 por ciento de las participaciones que destinaba la federación para los ayuntamientos y que era manejado por el estado para el programa de Mando Único de Policía, se tomaría un porcentaje para colocarlo en este organismo público que nacía con personalidad y patrimonio propio, autonomía técnica de gestión y de gasto, que no podría ser sectorizado por ningún motivo por ninguno de los poderes del estado. Ergo: aunque teóricamente los recursos iban a ser fiscalizados, el dinero que habría en el fondo se manejaría con total discrecionalidad, como fue. Un dato extra: uno de quienes manejaron ese fondo fue la exdiputada Ana Cristina Guevara.

La operación del fideicomiso, me lo contaron en su momento varios diputados, tenía como objeto la operación política desde el congreso, es decir, el dinero se otorgaba de manera directa a casi todos los miembros del parlamento, quienes lo utilizaban con libre albedrío en los temas que ellos consideraran prioritarios en sus respectivos distritos. Los recursos económicos, entonces, servían para financiar las actividades de los diputados, para apoyo de sus estructuras, para la realización de eventos masivos o para cualquier cosa que quisieran, porque la justificación legal era un mero trámite. Los diputados que más beneficios obtuvieron de ese fondo son Francisco Moreno, Jaime Álvarez, Julio Espín, Hortencia Figueroa, Beatriz Vicera, Francisco Santillán, Julio Yáñez, Mario Chávez, Carlos Alaniz, Alberto Mojica, Silvia Irra, Eder Rodríguez, Enrique Laffite, José Manuel Tablas, Edwin Brito y Norma Alicia Popoca.

En este 2021 el nuevo congreso despertó la ilusión de que veríamos una historia distinta, la llegada de figuras como Agustín Alonso, Francisco Erick Sánchez, Alberto Sánchez, Macrina Vallejo y Mirna Zavala, por mencionar algunos, abrió la posibilidad de tener un parlamento más profesional, más involucrado con la problemática social y más honesto; en otras palabras: más representantes populares y menos oportunistas de la política.

Por eso llama la atención la intención de crear un fondo/fideicomiso multimillonario que emula al que en el pasado reciente creó la legislatura graquista para robarse el dinero con absoluta impunidad. Reitero: si el deseo de los diputados es, como lo dice Eliacib Salgado, fortalecer a los municipios y detonar la microeconomía, el modelo que están pensando no es el adecuado, genera suspicacia y por tratarse de un espacio libre de control puede caer en los mismos actos de corrupción del pasado.

Algo que ha hecho ver bien a la actual legislatura es la personalidad de algunos de sus representantes, la sobriedad de su actuación, las decisiones tomadas hasta el momento y la postura de algunos diputados en temas relevantes; la idea de un fondo con más recursos que uno de los tres poderes no se ve bien desde ningún ángulo porque entre las atribuciones del congreso no está la realización de obra pública ni el fortalecimiento de la economía. En castellano: los legisladores legislan, las acciones que atañen directamente a la población corresponden al ejecutivo en los tres niveles de gobierno.

Con cuatro exalcaldes exitosos que hoy forman parte del congreso local y que saben lo difícil que resulta trabajar sin el apoyo del gobierno estatal, sin ayuda de la federación y teniendo en contra a los diputados, la expectativa de todos es que las acciones y las decisiones del congreso vayan acordes al perfil municipalista que insistentemente han reiterado; si quieren fortalecer a los ayuntamientos el camino tiene que ser con apoyos directos, no creando un ente burocrático que funcione como intermediario, con altas probabilidades de convertirse en el millonario negocio de unos cuantos.

Igual que muchos confío aún que los diputados actuales no serán como los del pasado, que entre los integrantes del parlamento existen más Agustines, Macrinas, Pacos, Betos, Mirnas y Luz Darys, que Tanias, Ariadnas, Alejandras, Zapotitlas o Yáñez. El estado necesita que así sea y por bien de sus carreras políticas así tiene que ser.

Si la intención del legislador priísta es honesta, como dice, la ha planteado muy mal.

No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.

• posdata

La amenaza del fiscal anticorrupción Juan Salazar de arrestar y multar al secretario de gobierno por el incumplimiento en la entrega de un informe sobre los hechos ocurridos en el municipio de Hutzilac obligaron a Pablo Ojeda a tramitar un amparo que evite la acción de la FECC.

El tema es peculiar porque aunque el jefe de la política interna legalmente librará las acciones del fiscal, el hecho muestra una vez más el nivel de polarización que existe entre las autoridades del estado.

El marcaje que da Juan Salazar a Pablo Ojeda es personal desde hace tiempo, lo vimos cuando un grupo de elementos fuertemente armados acudieron a su oficina en el palacio de gobierno a entregarle un citatorio y con la declaración de la semana pasada, cuando el fiscal estableció un plazo perentorio y una sanción corporal y monetaria al funcionario en caso de incumplir con un requerimiento.

La respuesta del abogado Ojeda ha sido directa: “El fiscal Juan Salazar se ha dedicado a hacer política en lugar de investigar y sancionar los actos de corrupción que realmente lastiman a los morelenses”

Y es cierto: a lo largo de tres años la FECC ha dado nota por acciones escandalosas que ha llevado a cabo en distintos lugares y contra distintas personas, como con Antonio Villalobos, pero hasta ahora ningún funcionario de primer nivel ha sido sancionado y ninguna de las denuncias hechas por el fiscal fueron comprobadas.

Las diferencias personales entre actores de la vida pública en el estado han dado pie a acciones institucionales que dejan muy mal parados a todos, porque muestran que los recursos y las dependencias del estado funcionan para cubrir las tropelías y para desquite personal.

“No tengo miedo a enfrentarlo y lo seguiré haciendo”, dice el secretario Pablo Ojeda respecto al proceso que le inició Juan Salazar.

A ver qué sigue en esta novela.

• nota

En las últimas semanas, en el marco de la discusión por el paquete económico 2022 para Morelos, hemos escuchado a nuestros representantes populares hablar de la necesidad de entregar más recursos a los municipios, a la universidad, a la reconstrucción, a la salud, a la seguridad, a los empresarios, a los laudos municipales y a diversos temas que necesitan dinero fresco para resolverse.

Cada una de las expresiones vertidas al respecto suenan bien, porque reflejan el interés los legisladores de ayudar en asuntos que históricamente se han postergado y que en los últimos años quedaron relegados en la agenda estatal.

La pregunta es una ¿De dónde van a sacar dinero para ello?

El análisis del paquete económico es complejo porque no hay mucho margen de maniobra para ninguna de las partes; todos quieren y necesitan más recursos, pero aunque en apariencia hay mucho dinero, al entrar al detalle del presupuesto queda claro que no existe de donde echar mano para atender todas las demandas.

Hace unos días el presidente de México habló del producto interno bruto de las entidades, la riqueza que cada estado aporta a la economía nacional; la entidad más fuerte en este rubro es la Ciudad de México, seguida del Edomex, Monterrey y Guadalajara. Después de esos estados los demás apenas pintan en el PIB nacional y uno de los más modestos es Morelos.

La dependencia financiera de Morelos con la federación es enorme, de ahí lo complejo del manejo de las finanzas públicas; año tras año los gobiernos locales colapsan o entran en una fase de estancamiento porque el dinero no alcanza para terminar el año.

Tomando en cuenta lo anterior me llama la atención la seguridad con la que nuestros diputados hablan de dar más recursos a instancias que sin duda la requieren, pero para las cuales no hay un fondo de ayuda.

Lo pongo de esta manera: para el año 2022 el congreso destinará más dinero a la universidad, a los municipios, a la reconstrucción y creará un fideicomiso con más de 540 millones de pesos para detonar desde el congreso la economía. ¿A quien le van a quitar recursos para dárselos a otros?

Hasta ahora todo se ve bien en el diálogo presupuestal, porque de lo único que se habla es de dar más dinero a muchas áreas, sin contemplar de ninguna manera aumentar impuestos a nada.

¿Cómo lo van a lograr?

• post it

Cuernavaca está cada vez peor, dijo al final de la semana el alcalde electo José Luis Urióstegui; antes señaló que las cosas al interior del ayuntamiento son mucho más graves de las que imaginaba y que no correspondían a la información que inicialmente le entregaron funcionarios del gobierno de Villalobos.

Lo que descubre el abogado Urióstegui es algo que todos sabíamos sin necesidad de investigar o formar parte de un equipo de transición: Cuernavaca vive su peor momento, está descuidada, sucia, oscura, insegura, llena de baches y corrompida en todos sus espacios. Precisamente por eso Antonio Villalobos perdió abrumadoramente la elección y por eso también mucha gente apostó por la llegada de José Luis Urióstegui.

¿Qué piensa hacer el próximo alcalde ante esta gravísima y ofensiva situación actual de la ciudad? ¿Perdonará los abusos y las arbitrariedades de su antecesor solo porque “son amigos de familia”?

Si Urióstegui perdona a Villalobos será igual de corrupto que él.

• redes sociales

Lo dijo con todas sus letras el comisionado de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros en su comparecencia en el congreso: “Hay autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del estado coludidas con grupos de la delincuencia organizada”

¡Zas!

¿Y luego?

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