Serpientes y escaleras - Cambio de gobierno

Cuauhtémoc no pudo o no quiso sancionar a Graco. ¿Sucederá igual con Margarita?

Cambio de gobierno

La disposición que tenga el equipo de Cuauhtémoc Blanco en el proceso de entrega recepción será determinante en el futuro del exgobernador y de sus colaboradores. En este punto del sexenio lo único que resta al equipo de futbolista es cerrar bien su ciclo y mostrar voluntad con el grupo de enlace, para que la información requerida esté sobre el escritorio con absoluta transparencia. Una actitud equivocada tendrá consecuencias.

Veamos las cosas en perspectiva: hace seis años el gobierno de Graco Ramírez se rehusó entregar información al equipo de Cuauhtémoc Blanco y eso dio pie a una serie de reclamos, acompañados de acciones legales que el nuevo gobierno llevó a cabo ante la negativa de la administración saliente de cumplir con su obligación.

Durante la campaña el futbolista acusó al perredista de hacer mal uso de los recursos públicos, desviar el dinero destinado a la reconstrucción de las viviendas dañadas por el sismo y enriquecerse a costa del erario. Corrupto, fue la palabra que reiteradamente utilizó Blanco Bravo para describir a Graco Ramírez. Y prometió que como jefe del ejecutivo lo metería a la cárcel.

Seis años y múltiples justificaciones más tarde vemos que nada sucedió: el gobierno del futbolista no fue capaz armar un expediente sólido contra el gobernador más corrupto que ha tenido Morelos, quizá porque el encargado de realizar las denuncias fue Gerardo Becerra, un hombre que sabe declarar muy bien ante los medios de comunicación, pero es malísimo para trabajar.

La falta de sanción al tabasqueño no significa que él y su gente sean inocentes, solo expone la falta de capacidad o voluntad de un gobierno hablantín que ni siquiera por conveniencia política pudo actuar en contra de su antecesor.

Cuauhtémoc Blanco Bravo es un gobernador cercano al presidente de México, durante seis años ha tenido todo el apoyo del gobierno federal y el respaldo incondicional de Andrés Manuel López Obrador, incluso en temas ante los cuales el mandatario local estaba obligado a responder por su cuenta.

Graco Ramírez se autoexilió durante seis años, la mala imagen que dejó su gubernatura lo convirtió en un apestado político, un paria, alguien que nadie quiere tener cerca, una persona non grata y despreciada en todos lados; por eso es difícil verlo en un lugar público, porque cuando se asoma, la gente le reclama y le hace groserías.

Todo estaba alineado para que el gobernador Blanco Bravo procediera legalmente contra los ladrones, para que documentara las faltas cometidas en la administración anterior y utilizara al gobierno del tabasqueño como pararrayos político. De haberlo hecho la historia de su administración habría sido otra, la imagen del futbolista no estaría tan lastimada y muchos de sus problemas se hubieran evitado porque fueron justamente los graquistas quienes durante seis años lo atacaron. Pero el hubiera no existe.

Las irregularidades cometidas por el régimen perredista aún pueden ser sancionadas, pero eso ya no corresponde al gobierno de Cuauhtémoc Blanco; empezando por el multimillonario fraude cometido con el dinero para la reconstrucción, los diversos fideicomisos creados para apoyar a las víctimas del sismo, las obras pagadas a sobre precio o inexistentes y los negocios millonarios del sector salud, abundan las pruebas para que más de un integrante de ese gabinete sea enjuiciado.

Castigar a los ladrones era la herramienta política más valiosa para Cuauhtémoc Blanco, pero nunca la ocupó; haberla utilizado le habría concedido un enorme respaldo popular, habría anulado a sus atacantes políticos y lo hubiera presentado como un verdadero enemigo de la corrupción.

Su desinterés para actuar y las constantes justificaciones para no ir a fondo en los temas fueron interpretadas por la gente como un acto de complicidad y ello aumentó considerablemente el rechazo ciudadano hacia su gobierno. Hablar, acusar y prometer justicia se volvió contraproducente porque solo fue demagogia.

El tiempo para que el americanista cumpliera su única promesa de campaña pasó y a pesar de que hace unos días confió en un “milagro”, la posibilidad de que su gobierno castigue la corrupción de los graquistas es prácticamente nula. La oportunidad de hacer lo correcto se le pasó.

Lo que ocurrirá ahora es que él, su equipo y las decisiones tomadas en su gobierno durante seis años estarán sujetas a escrutinio público y serán revisadas a detalle por la nueva administración. No se trata de una persecución personal, ni tampoco de una venganza política, sino de acciones obligatorias, establecidas en la ley, que deberán ser procesadas por los nuevos titulares de las áreas, porque su omisión implica asumir los problemas y la responsabilidad.

A unas semanas de que concluya el sexenio nada puede revertirse, si acaso algunas correcciones en asuntos menores; de existir operaciones ilícitas, como las que vimos en el gobierno de Graco Ramírez, si se repitieron los casos de funcionarios que hicieron negocios con el erario torciendo o adecuando la ley o existen irregularidades legales, todo saldrá a la luz y dependerá del nuevo gobierno actuar.

Decisiones como licitar todo de último momento, gastar el presupuesto restante y comprometer financiera u operativamente el arranque de la nueva administración es un error que acarreará consecuencias, porque como sucedió con el nombramiento de las dos últimas magistradas del TJA, se trata de un abuso, de una decisión política que ya no corresponde al gobierno saliente y que representa actos que superan el tiempo de esta administración.

A partir del 01 de septiembre Cuauhtémoc Blanco ya no estará en condiciones de defender a nadie. Quizá ni a él.

·         posdata

Durante el gobierno de Graco Ramírez los señalamientos de corrupción fueron constantes, principalmente en los servicios de salud, con compras multimillonarias y contratos dirigidos o asignados de forma directa; lo mismo pasó en el área de obras públicas, con proyectos asignados a amigos, a sobreprecio y de malísima calidad, como el estadio Agustín Coruco Díaz, el Museo Juan Soriano, el Auditorio Teopanzolco, la remodelación de la Plaza de Armas, las calles Guerrero y Gutenberg, el remozamiento del Puente Porfirio Díaz o la construcción del miniparque de La Estación, entre otras obras que costaron más del doble de lo que debían y a los pocos meses de uso mostraron graves problemas estructurales.

Todo esto sin contar los créditos por miles de millones de pesos autorizados por los diputados, la creación de fideicomisos que nunca funcionaron, como el de laudos, el Morebús o los que en conjunto con la legislatura 53 se formó a partir del dinero que el gobierno estatal retenía a los municipios del fondo de seguridad. Y la joya de la corona: los más de 7 mil millones de pesos que canalizaron a la reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo y que nunca fueron aplicados, ni regresados.

Elementos para que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco actuara contra su antecesor hubo muchos y por todos lados, pero nunca se hizo; a unas semanas de que concluya su mandato el futbolista afirma que espera “un milagro” que lleve al tabasqueño ante las autoridades para que rinda cuentas por sus faltas. Esa sería la única forma de que Graco Ramírez pagara, un milagro, porque si esperamos consecuencias a partir de las acciones realizadas por este gobierno los pillos nunca pagarán.

Reitero: transcurrido el sexenio y prolongada la impunidad, ahora corresponde al gobierno que encabezará Margarita González Saravia revisar lo que se hizo y observar las cosas que no están bien. Está en la mesa la posibilidad de que se reactiven las denuncias contra Graco Ramírez, pero están más cerca las acciones que eventualmente podría llevar a cabo contra funcionarios o figuras del régimen actual, señalados por posibles actos ilícitos y malversación de fondos.

La historia se repite y nuevamente la mira está en el área de salud, con adquisiciones multimillonarias de forma directa o dirigidas; la Contraloría estatal tiene identificadas compras directas por más de mil millones de pesos de manera irregular, punibles y que seguramente serán observadas por los nuevos titulares de las áreas.

Lo mismo puede decirse de Obras Públicas, aunque en este caso, comentan, la titular, mujer de toda la confianza de Ulises Bravo, tendría una relación cercana con quien asumiría el cargo en la nueva administración.

Lo mismo en la administración de Graco Ramírez que en la de Cuauhtémoc Blanco, dos áreas fueron representativas de la corrupción: la Dirección de Contratos y la Comisión de Seguridad; la primera fue encargada de dirigir las compras, adjudicaciones y negocios de la administración estatal a lo largo de seis años y estuvieron encabezadas por figuras cercanísimas al régimen; en la segunda oficina su propia operatividad implicó millonarias erogaciones que son objeto de dudas, como la renta de patrullas, material y el mismo helicóptero.

Un área más del gobierno estatal en el sexenio de Graco Ramírez que también fue considerada un negocio personal de su titular es el sistema DIF Morelos; desde ahí la presidenta Elena Cepeda operaba contratos que correspondían a esa oficina y participaba junto con su hijo en todas las compras del estado. Era sabido que para acceder a cualquier negocio con el gobierno estatal había que tocar base con la damota o con su hijastro, situación que se normalizó al punto de que en algún momento hubo una oficina “de negocios” que hacía las veces de intermediaria en todas las adquisiciones del régimen.

Todo esto ocurrió a la vista de todos, cubierto por la impunidad que concede el manejo del estado, el apoyo total de la federación y el control absoluto del congreso. Graco Ramírez y su familia fueron depredadores, hicieron de Morelos un negocio multimillonario y llevaron la corrupción y la impunidad a niveles que no se conocían en la tierra de Zapata.

¿Por qué lo hacen? Pregunté en alguna ocasión a una persona muy cercana al gobernador. La respuesta fue simple: ¡Porque pueden!

·         nota

La ESAF advierte que revisará el manejo de los recursos de la Fiscalía General de Morelos; la declaración podría pasar desapercibida si no fuera porque su titular responde al G15 y el bloque opositor en el congreso siempre ha apoyado a Uriel Carmona.

¿Qué cambió?

·         post it

Los ataques patrocinados contra funcionarios y políticos no son nuevos, de hecho son tan constantes que desde hace tiempo la estrategia de golpear en redes dejó de funcionar.

Y no quiero decir con ello que los señalamientos carezcan de veracidad, simplemente que al no aportar pruebas y lanzarse desde el anonimato pierden credibilidad y se enmarcan en la lucha personal que sea vuelto común en nuestro estado.

El problema para los acusados es cuando los hechos sean reales y existen pruebas.

·         redes sociales

La renta de vehículos al gobierno estatal es un negocio sumamente lucrativo, sobre todo cuando se hace a través de intermediarios. 

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

X: @eolopacheco

Facebook: eolopacheco