Serpientes y escaleras - Seguridad, el reto

En opinión de Eolo Pacheco

Serpientes y escaleras - Seguridad, el reto

El reclamo ciudadano es el mismo desde hace años; la promesa sigue pendiente

 

Seguridad, el reto

Durante la pasada campaña electoral los candidatos de todos los partidos hablaron del problema de inseguridad y prometieron hacer lo posible por revertir la situación; unos y otros expusieron el problema desde su punto de vista y a su conveniencia, es decir, dependiendo si eran candidatos de la 4T o de la oposición. Al final el problema es el mismo más allá de siglas y necesita resolverse con el esfuerzo y la voluntad de todos. Pacificar Morelos es el reto.

Pongamos las cosas en contexto: los últimos dos gobiernos estatales, el de Graco Ramírez y el de Cuauhtémoc Blanco, han enfrentado una severa crisis de violencia y en ambos casos los titulares de la Comisión Estatal de Seguridad afirmaron que la delincuencia organizada estaba presente en la entidad a través de diversos cárteles que agredían y extorsionaban hasta a los presidentes municipales.

En la pasada elección algunos dirigentes y estrategas de diversos partidos comentaron que la influencia de grupos criminales en al menos diez municipios de estado era muy fuerte, al punto que ellos serían quienes definirían a los candidatos e impulsarían a las siguientes autoridades municipales.

Tomando esto como base hablamos de que casi una tercera parte de Morelos se encuentra bajo el yugo de la delincuencia organizada al grado que las propias autoridades y actores de poder lo reconocen y normalizan. En la época de Alberto Capella la CES afirmaba que una decena de alcaldes pagaban “piso” al narco y en este sexenio el comisionado de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros reconoce que en algunas zonas de la entidad la delincuencia manda y controla a algunos presidentes municipales.

Uno de los principales retos que tendrá el gobierno de Margarita González Saravia es precisamente ese, hablamos de una situación sumamente compleja, que no cambiará en el corto plazo y frente al cual se requiere la suma de esfuerzos de todos los actores políticos, las autoridades y la sociedad.

Un problema que han tenido los últimos planes de seguridad, me refiero al Mando Único y al Mando Coordinado de Policía, es que se trata de estrategias que concentran la fuerza policiaca en un mismo mando, pero no la voluntad de las autoridades municipales, ni la colaboración de la sociedad.

Cuando Graco Ramírez arrebató las policías a los alcaldes el objetivo era manejar los recursos económicos que ello representaba y que se traducía en miles de millones de pesos cada año; de un plumazo el gobierno estatal dejó a los ayuntamientos sin el control de sus policías, pero también sin el dinero que enviaba la federación para atender los problemas de seguridad.

Cuauhtémoc Blanco modificó el esquema operativo y esta acción se combinó con la decisión presidencial de quitar los apoyos económicos federales a los municipios para atender la seguridad; de esta manera el gobierno estatal mantuvo el control de las policías municipales, pero se quedó sin el recurso federal que obtuvo Graco Ramírez por seis años. En ambos casos los alcaldes se desentendieron de la seguridad y aunque legalmente tienen la responsabilidad, en los hechos y para la gente el compromiso se volvió estatal.

La falta de coordinación entre autoridades municipales y la estatal no es el único inconveniente del esquema; en su diseño se contemplan acciones de prevención, equipamiento, capacitación e inteligencia, pero en ningún lado se considera la necesidad de tener un plan de comunicación que socialice las acciones de la autoridad y genere confianza ciudadana.

Esta omisión ha tenido consecuencias en la confianza de la gente hacia sus autoridades y en los resultados que se obtienen, porque aunque el comisionado de seguridad constantemente habla de resultados y ofrece estadísticas, al no existir un camino estructurado para informar, todas las declaraciones se pierden y lo que predomina en la mente de la población es que no hay resultados porque la estrategia no funciona y porque los policías están vinculados con la delincuencia.

Revertir la percepción pública en este tema es un reto mayor para la próxima administración porque además se trata de uno de los reclamos más fuertes de la ciudadanía. Es imposible que Margarita González Saravia logre en el corto plazo cambiar esta situación porque se trata de un conflicto añejo, de una situación en la que intervienen muchas variables que rebasan la voluntad del gobernante y algo que no se puede conseguir sin la participación ciudadana.

Cuauhtémoc Blanco fracasó en materia de combate a la delincuencia porque nunca le interesó el problema, porque al igual que los alcaldes se desentendieron del tema para dejárselo al gobierno estatal, él se desentendió de la responsabilidad porque el comisionado de seguridad fue nombrado desde México y desde allá recibía órdenes. Para nadie es secreto que dentro del gabinete estatal José Antonio Ortiz Guarneros siempre se manejó bajo directrices distintas al resto del equipo.

El Mando Coordinado de Policía en Morelos es una comedia de errores que al final se traducen en un ambiente de violencia en el estado, regiones completas controladas por la delincuencia y autoridades coludidas o sometidas por el crimen. Eso y que a pesar de los esfuerzos que se hacen, la gente no percibe avance porque las autoridades no saben o no les interesa informar lo que hacen.

Ponerse a sí mismo una fecha perentoria para dar resultados en materia de seguridad es un error que han cometido muchos gobernantes: Graco Ramírez prometió pacificar Morelos en 18 meses y José Luis Urióstegui dijo que en seis meses lograría disminuir considerablemente los niveles de violencia e inseguridad. Ninguno lo logró.

De cara al inicio de la nueva administración la gobernadora debe observar este problema con la seriedad que amerita, pero desde todos los ángulos que intervienen. Ni en lo federal, ni en lo estatal ni en lo municipal se trata de un problema solo de policías contra ladrones y ha quedado claro que la apuesta federal de abrazos y no balazos es ineficiente.

Margarita González Saravia requiere sin duda del apoyo de la federación, pero también de la colaboración real y permanente de los alcaldes y de la ciudadanía, para que los ayuntamientos hagan la parte que les corresponde y no evadan su responsabilidad, para que los ciudadanos vuelvan a creer en sus autoridades y se recupere la cultura de la denuncia, que desde hace muchos años se perdió.

El primer paso para recuperar la paz en Morelos es que el gobierno recupere la confianza de la gente.

·         posdata

Las piezas en el rompecabezas gubernamental de la siguiente administración se están acomodando poco a poco; aún sin definición formal, el gabinete que acompañará a la gobernadora comienza a tomar forma con figuras que llaman la atención y en diversos casos, con personajes que generan confianza.

Un espacio clave para el nuevo régimen es la delegación de Bienestar, que a pesar de ser una estructura federal cuyo titular es nombrado desde México, en los últimos años ha sido el gobernador quien define esa posición, porque se trata de una dependencia sumamente importante para la marcha del estado.

Con Cuauhtémoc Blanco la delegación iba a ser para Rabindranath Salazar, pero el gobernador se opuso y de esa manera llegó fue Hugo Eric Flores, un tipo a quien nunca le interesó el trabajo de esa oficina y dedicó su tiempo a tratar de revivir su partido con el auspicio del dinero de Bienestar.

Su incapacidad, falta de compromiso y enfrentamiento con Cuauhtémoc Blanco provocó su salida de la dependencia, aunque en su lugar colocó a un incondicional. Raúl Anaya fue el segundo delegado del sexenio, le tocó atender la contingencia de Covid y se mantuvo en el cargo hasta la llegada de José Isaías López, incondicional del senador Sergio Pérez y de Ulises Bravo. En los tres casos el manejo de la dependencia federal fue partidista y se volvió un negocio personal para quienes la controlaban.

Margarita González Saravia debe observar a la delegación de Bienestar como un espacio que puede fortalecer su proyecto de gobierno, porque la dependencia impacta a cientos de miles de personas y si trabaja de forma eficiente, como consecuencia fortalecerá a los gobiernos de la 4T.

Dada su buena relación con la próxima presidenta de México la futura gobernadora tendrá posibilidad de influir en la decisión que tome la federación en esa oficina y hasta de proponer a un delegado, como lo hizo Cuauhtémoc Blanco.

González Saravia tiene claridad sobre lo que quiere hacer desde el gobierno estatal y por su experiencia en el gobierno federal entiende la importancia de combinar esfuerzos. Bienestar puede convertirse en un complemento de su administración y un aliado estratégico en el objetivo de apoyar a los sectores más necesitados, sin sesgo partidista ni intereses personales.

En un área tan importante, estratégica y de altísimo impacto social, la gobernadora necesita a alguien de su entera confianza, que comparta su visión de estado y que como ella, tenga una imagen intachable.

·         nota

Uno de los integrantes del equipo de transición de la gobernadora electa de Morelos ha dejado claro que, en caso de encontrar alguna irregularidad, presentarán denuncias.

La declaración no surge a propósito de algo, es decir, como consecuencia de alguna irregularidad detectada porque de hecho el trabajo de las mesas apenas comienza; la expresión de Edgar Maldonado, un abogado experimentado y muy serio en su actuar, es más la confirmación de la línea de honestidad que ha establecido Margarita González Saravia.

Nadie debe sentirse aludido con esta expresión, pero todos los funcionarios salientes deben tener clara la importancia de entregar buenas cuentas y documentación clara, porque aunque su ciclo terminará en unas semanas, la responsabilidad por lo que hicieron o dejaron de hacer todavía los acompañará por varios años.

Más de un secretario actual se nota preocupado porque tienen claro que existen errores que pueden dar pie a una acción legal en su contra o porque, como en el caso de Jaime Juárez, las acciones judiciales en su contra ya comenzaron.

La regla en un cambio de administración es clara: los errores los pagan quienes se van o los asumen los que llegan.

·         post it

El futuro del fiscal Uriel Carmona se está aclarando: la nueva legislatura revisará su actuación y valorará su estadía.

Seamos claros: la nueva legislatura es afán a la 4T y salvo el caso de Tania Valentina, que se declaró defensora pública de Uriel Carmona, el resto no tendrá ningún inconveniente en relevarlo del cargo y nombrar a un nuevo fiscal.

La dirigente petista tendrá que decidir si mantiene su lealtad con el fiscal o se alinea a los intereses de la 4T, y dado el perfil convenenciero de Tania Valentina resulta obvio la decisión que tomará.

·         redes sociales

Dos de los cinco diputados de la futura bancada de Morena Morelos en el Congreso de la Unión están acostumbrados a moverse con un fuerte dispositivo de seguridad: Cuauhtémoc Blanco y Agustín Alonso. En ambos casos el costo de los escoltas corre a cargo del erario.

A partir del 01 de septiembre ese gasto, si deciden mantener la estructura, deberá ser pagada por ellos.

No es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león.

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