Sentenciaron a 50 años a un secuestrador; saldría en 2069
Francisco Javier Rendón 
Luego del desahogo de las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, en audiencia de Juicio Oral, el Tribunal de Enjuiciamiento encontró penalmente responsable a Luis Ángel “N” en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un vecino de Huitzilac.
Los hechos ocurrieron en Huitzilac del 23 al 28 de noviembre del año 2017, siendo este último día cuando en dos despliegues tácticos a cargo del Grupo Fusión-UECS, conformado por agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se logró la detención de dos diversos coautores y la localización de la víctima, por quien exigieron el pago de una suma de dinero como rescate.
Gracias a la información aportada por la víctima, se reunieron elementos suficientes para obtener del Juez de Control una orden de aprehensión en contra de Luis Ángel, quien desde el 25 de enero de 2019 quedó detenido y a disposición del Juez de Control al interior del Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos”, iniciando su proceso penal.
Fue en la audiencia de individualización de sanciones que el Tribunal de Enjuiciamiento, por mayoría, sentenció a Luis Ángel “N” a una pena de 50 años de prisión, multa de 320 mil 160 pesos y al pago de la reparación del daño moral a favor de la víctima directa.
Además, se le hizo del conocimiento al ahora sentenciado que no tiene derecho a un sustitutivo de la pena, libertad condicionada ni beneficio alguno de preliberación, por lo que podría obtener su libertad hasta el año 2069.
Se invita a la sociedad a denunciar si fue víctima de secuestro o extorsión a través de la Fiscalía Especializada, ubicada en Boulevard Cuauhnáhuac número 103, en la Colonia Flores Magón del Municipio de Cuernavaca, o a los teléfonos (777) 317 82 78, 317 83 87 y celular – WhatsApp 777453 83 43.
La Fiscalía General del Estado de Morelos, fortalece las acciones para garantizar el acceso a la procuración de justicia a las víctimas en la entidad, así como el trabajo para combatir la impunidad a través del trabajo desarrollado por las Fiscalías regionales y especializadas.
