Secreto a voces - Los PMDUS y el Derecho a la Ciudad…

La transformación del país en una nación urbana debido a una multiplicidad de factores, entre ellos el crecimiento de la población y la migración del campo a la ciudad, hizo necesario el impulso de los programas municipales de desarrollo urbano. A partir del presente siglo la SEDATU ha tomado el tema de los programas de desarrollo municipales con el fin de que las implicaciones del aumento de población y de otros factores puedan ser controlados, así como sus efectos sobre el territorio.

Los ejes sobre los que se construye la idea de los programas municipales, expresado en diversas ocasiones por Meyer Falcón, el titular de la SEDATU y la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la misma institución, Carina Arvizu Machado, consiste en que el Estado recupere la rectoría sobre el territorio. Se entiende que esto ocurre a través de los gobiernos locales, principalmente de las medianas y grandes ciudades y metrópolis.

Adicionalmente, señalan otros beneficios de los programas como el que a través de ellos se puede atenuar las desigualdades sociales y servir como factores que impacten la inversión y una mejor orientación del presupuesto. Lo anterior fue expresado por Meyer y Arvizu Machado durante la presentación de los programas de la SEDATU para apoyar a los municipios en la actualización de sus programas de desarrollo o bien en la elaboración de nuevos (Meyer Falcón, Román (2020). Impulsa SEDATU creación y actualización de programas municipales de desarrollo urbano para reducir desigualdades. 21 de julio de 2021. En: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/impulsa-sedatu-creacion-y-actualizacion-de-programas-municipales-de-desarrollo-urbano-para-reducir-desigualdades?idiom=es).

La experiencia se ha ido generalizando, “tomando como referencia los 205 municipios y demarcaciones territoriales mayores a 100 mil habitantes a 2010, se observa que 41% de ellos tienen Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano vigentes con una antigüedad de más de 10 años. Ya sea por el apoyo que han recibido como un incentivo o bien por el hecho de que las mimas normas de ordenamiento territorial a nivel estatal se los impone.

Es decir, cuentan con instrumentos que deben ser actualizados para para responder a las nuevas problemáticas que ha traído consigo el crecimiento de las ciudades, la transformación de sus bases económicas y los cambios sociodemográficos” actuales (Ver: “Términos de referencia para la elaboración o actualización de proyectos de planes o programas municipales de desarrollo urbano”, ver SEDATU, en https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/TDR-Programas-Municipales-de-Desarrollo-Urbano-2.pdf).

El problema es que si bien es cierto se ha ido avanzando en estas políticas de ordenamiento del territorio a nivel municipal, también es verdad que, como lo ha expuesto el profesor Alfonso Iracheta, quien controla el suelo controla el territorio. Y, en materia de desarrollo urbano, quienes han controlado el suelo en las últimas décadas ha sido el capital inmobiliario. Lo anterior, debido a que este sector ocupó el vacío dejado por el Estado que fue relegado al triste papel de facilitador de las operaciones del capital.

En ese sentido, la intención de que los planes de desarrollo urbano a nivel municipal, o su actualización, implica que de manera definitiva se cumpla el proceso que ha iniciado el movimiento político actual de la 4t y que el Estado recupere el papel de rector en la sociedad y particularmente con respecto al territorio. Para que esto ocurra no sólo es suficiente con que exista un nuevo gobierno de corte popular.

Aunque se requiere de una renovación de los instrumentos técnicos y jurídicos que se han creado a lo largo de las últimas décadas y de claro corte neoliberal como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en México. En dicha Ley se ha pervertido el sentido del término acerca del “Derecho a la ciudad”. Este concepto se ha debilitado al considerarlo únicamente en su aspecto utilitario como el derecho a la vivienda, vivienda, infraestructura y servicios públicos.

Lo más importante es la promoción de participación popular en la vida de la ciudad. El derecho a la ciudad de acuerdo con los fundadores de la sociología urbana (Lefebvre, principalmente, pero también a David Harvey) tiene que ver con que los sectores populares puedan ejercer ese derecho como participantes de la confección de la ciudad y del rumbo que debe tomar en un futuro, en donde las personas estén por encima del dinero y del automóvil y se promuevan nuevas alternativas de transporte.

En oposición a este derecho a la ciudad como un derecho de los pobres a participar sobre el destino de su ciudad, en torno a la elaboración o actualización de los planes de desarrollo urbano, han surgido grupos de especialistas urbanos que son a los que se les encarga por lo general la elaboración o bien la actualización de los planes de desarrollo urbano municipales. A todos se les sugiere seguir propuestas metodológicas de la SEDATU y la verdad lo aplican, con resultados desastrosos para los ciudadanos porque mientras se parta de un manual, los resultados no pueden ser halagadores.

La elaboración de los planes o su actualización se inserta en el modelo neoliberal en donde las tareas propias de los Cabildos se trasladan a especialistas, lo cual en general puede no estar mal, pero se aplica como un compromiso legal y ya. Se ha neoliberalizado esa actividad profesional a tal grado que los planes y programas se miran más bien como un deseo de cumplir con la ley o la norma urbana. Se olvida o no se contempla como parte del derecho a la ciudad de la población o de los habitantes de las modernas metrópolis.

Los planes y programas de desarrollo por más que cuenten con institutos municipales de planeación que diseñan productos de carácter estratégico para la ciudad, no pueden concebirse únicamente como un producto técnico. El resultado de este tipo de prácticas ha sido que los programas de desarrollo urbano municipal sustentable están ahí cumpliendo con los fines normativos pero muy lejos de que se apliquen con un sentido de una ciudad de carácter popular.

Las ciudades aún más en la época actual de la crisis a la que ha llevado el capitaloceno requiere de la participación popular y de que se aplique el derecho a la ciudad. El desarrollo urbano sustentable de las ciudades es igual al uso del término light de la Coca-cola. Lo que se busca es que se siga consumiendo. La sustentabilidad no ha reportado efectos positivos en ningún momento, a lo que ha contribuido es a que habitar la ciudad sea cada vez más un lugar de “riesgo” extremo.

El sentido de los planes de desarrollo urbano de los municipios mexicanos debe estar impregnado por el derecho a la ciudad y la consulta verdadera a sus habitantes.