Requiere Morelos de 180 mdp para los juicios orales familiares y civiles
Los cuales deben entrar en vigor antes de 2027, por el nuevo Código Nacional
Guadalupe Flores
Morelos requiere de aproximadamente de manera urgente 180 millones de pesos para iniciar en la capacitación para la implementación de los juicios orales familiares y civiles que deberá entrar en vigor ante del 2027, tal como lo establece el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se expidió el pasado 07 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea dijo que dichos recursos económicos permitirán capacitar al personal.
Aunque para la infraestructura, contratación de personal y designar jueces especializados se requiere 430 mdp, subrayó el magistrado presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea.
"Se decidió ya empezar con esos trabajos, tenemos hasta el primero de abril del 2027 para implementar la oralidad familiar en el Estado de Morelos, nosotros presentamos también a la Cámara de Senadores y de Diputados un análisis presupuestal de cuánto costaría en el Estado de Morelos establecer la oralidad familiar y son aproximadamente 430 millones de pesos divididos en todo ese periodo de tiempo", dijo.
Recordó que cuando se puso en marcha los juicios orales en el ámbito penal se otorgó el presupuesto desde la federación para llevarlo a cabo, no obstante, en esta ocasión no fue así.
"La diferencia que tenemos ahora es que en aquellos entonces la vacatio legis o la duración de la implementación se determinó que cada estado de la República recibiría un recurso de la federación para poderlo implementar, esta vez no fue así, se dijo que cada estado (en los transitorios) cada estado se organiza y cada estado lo va a implementar, entonces, nosotros tendremos hacer la gestión para iniciar con el arranque de la implementación de la oralidad familiar", comentó.
El magistrado mencionó que es un tema que se abordó en la primera sesión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) donde se coincidió en que es necesario gestionar presupuesto para poner en marcha los juicios orales familiares.
