Proponen ley para proteger integridad de los docentes
Dip. de Nueva Alianza, Ruth Rodríguez, propone la nueva norma
No va Vs. justicia o por evadir responsabilidad, sino respetar debido proceso
Gerardo Suarez Dorantes 
Ante el creciente número de denuncias infundadas que afectan la estabilidad laboral, reputación e integridad personal del magisterio, la diputada de Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López propuso la creación de la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación del Estado de Morelos, también conocida como “Ley PROTEM”.
Como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, Rodríguez López explicó que esta iniciativa responde a una solicitud de la dirigencia de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que demanda un marco legal que brinde respaldo institucional, certeza jurídica y protección integral a las y los trabajadores de la educación ante situaciones de denuncias falsas, sin vulnerar el derecho ciudadano de presentar quejas legítimas.
La propuesta también tiene como antecedente el caso de la maestra “Tere” en Querétaro, cuyo proceso judicial expuso las consecuencias personales y profesionales que pueden derivarse de acusaciones sin sustento.
“Ese caso generó un debate público y evidenció la urgente necesidad de contar con mecanismos institucionales de protección para el personal educativo”, subrayó la legisladora.
Durante la sesión ordinaria, acompañada por autoridades e integrantes de la Sección 19 del SNTE, la diputada enfatizó que la Ley PROTEM no busca obstaculizar la justicia ni eximir responsabilidades, sino asegurar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la legalidad en los procedimientos administrativos y jurídicos.
Asimismo, aclaró que la propuesta no va en contra de madres, padres ni tutores, sino que promueve un equilibrio entre el derecho a una educación de calidad y la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en el sector educativo.
Entre los puntos clave de la iniciativa destacan: La evaluación preliminar de denuncias por autoridades educativas; emisión obligatoria de un protocolo estatal en un plazo de 180 días; sanciones penales, civiles y administrativas en casos de denuncias falsas; protección de la salud mental, carrera profesional y reputación del personal docente; campañas institucionales de sensibilización sobre los daños de acusaciones sin sustento.
“La ley que proponemos no defenderá lo indefendible, pero tampoco permitirá la revictimización injusta de quienes dedican su vida a educar”, concluyó Ruth Cleotilde Rodríguez.
