Observador político - ¿Van por Cuauhtémoc y Uriel con la nueva Ley de juicio político federal?

Claudia Sheinbaum y Margarita González Saravia, con el respaldo de un fuerte mandato popular, llegaron a la presidencia de la nación y la gubernatura de Morelos, respectivamente, en un momento crucial para México; el voto masivo que las legitimó no solo les confiere poder, sino también una responsabilidad histórica: erradicar la corrupción que sigue siendo uno de los principales cánceres que aquejan a las instituciones de la nación y del estado. Por lo que si realmente desean hacer frente a los problemas que enfrenta la sociedad, deberán dar un golpe sobre la mesa, que no puede ni debe ser simbólico ni superficial; más bien, debe estar dirigido a aquellos que han gozado de la impunidad durante demasiado tiempo, y aquí es donde entran dos nombres: Cuauhtémoc Blanco y Uriel Carmona Gándara.

LA OPORTUNIDAD DE ROMPER CON LA IMPUNIDAD EN MORELOS.- La política de los "peces gordos" es clara: sin justicia para los grandes actores de la corrupción, no habrá confianza genuina en las nuevas administraciones y por esa razón, tanto Cuauhtémoc Blanco y Uriel Carmona han sido constantemente vinculados a escándalos de corrupción y por eso, ahora, pareciera que se les está confeccionando un traje a la medida con la nueva Ley de Juicio Político que se está armando en el Congreso de la Unión a través de la figura del ex dirigente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores.

Cuauhtémoc Blanco ha sido una de las figuras más controvertidas en la política de Morelos en los últimos años, ya que a lo largo de su mandato como gobernador, el estado no solo ha sido incapaz de avanzar en aspectos fundamentales como la seguridad y el desarrollo económico, sino que ha quedado atrapado en una espiral de escándalos financieros y acusaciones de corrupción, además de heredarle a su sucesora un cúmulo de problemas y conflictos políticos difíciles de resolver, desde lo económico, en materia de seguridad y desarrollo e infraestructura.

Por lo tanto, las denuncias que lo implican, desde desvíos millonarios hasta la opacidad en la gestión de recursos públicos, no pueden seguir siendo ignoradas, de hecho, la Auditoría Superior de la Federación ya lo ha señalado por desvíos por más de 3 mil millones de pesos, lo que convierte su administración en un ejemplo claro de la descomposición del sistema político local.

Es increíble que siga haciendo de las suyas con tanta impunidad cuando está abierto aún el “Caso Primavera”, que involucra posibles delitos de lavado de dinero y transacciones internacionales por más de 700 millones de pesos, es uno de los mayores pendientes de justicia en la política reciente de México.

Basta recordar la denuncia que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada en su momento por Santiago Nieto, quien fue sofocado por un manto protector que vino del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. El Peje se convirtió en su principal protector, por lo que ahora, ya con la administración de Sheinbaum, surge la pregunta crucial: ¿será ella capaz de romper con esta lógica de protección y permitir que la justicia alcance a quienes, como Blanco, se han aprovechado del poder para beneficio propio?

Es fundamental que el gobierno de Sheinbaum no siga el ejemplo de su antecesor y, en lugar de otorgar protección a personajes como Cuauhtémoc Blanco, se abra a una auténtica lucha contra la impunidad, ya que si bien la corrupción es un mal extendido en muchas partes de México, el caso del ex futbolista es particularmente emblemático, ya que su legado es una mezcla de incapacidad, desinformación y enriquecimiento ilícito, con el bienestar de los morelenses como última prioridad.

Por otro lado, la administración de la gobernadora Margarita González Saravia parece estar tomando un camino diferente, y está mostrando señales de querer limpiar la casa, como lo evidencian las denuncias presentadas por actos de corrupción que afectan a su propio gobierno, tales como los desvíos por más de 40 millones de pesos en proyectos como la rehabilitación de bóvedas del mercado "Adolfo López Mateos" y la corrupción en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

Estos actos, aunque apenas es el inicio, envían un mensaje claro: no habrá impunidad ni protección para los que gobernaron en el pasado, por lo que la administración de González Saravia tiene la oportunidad de demostrar que su promesa de luchar contra la corrupción es real, pero para ello deberá ir más allá de los símbolos y emprender una verdadera ofensiva judicial contra los responsables de los daños que su administración heredó. Y la Ley de Juicio Político que se está cocinando en San Lázaro, será un baluarte para poder predicar con el ejemplo de Morena de no robar, no mentir y no traicionar, las tres máximas que incumplió el hoy diputado federal morenista.

NO DAN TREGUA AL FISCAL, URIEL CARMONA.- Obvio que la nueva Ley de Juicio Político, también tiene otro destinario de varios que se irán integrado, como ocurre con el fiscal General, Uriel Carmona, a quien la presidenta le ha declarado la guerra y hará todo lo que esté a su alcance no solo para sacarlo de la dependencia que hoy ocupa sino para fincarle algunas responsabilidades jurídicas.

En este contexto, la intervención de Claudia Sheinbaum en la "Mañanera del Pueblo" del 6 de enero de 2025, al señalar que Uriel Carmona sigue siendo un "obstáculo" para la seguridad en Morelos, no solo es una denuncia pública de una situación alarmante, sino también una invitación a la acción.

La presidenta no deja espacio para dudas: la presencia de Carmona Gándara en el cargo de fiscal es uno de los principales frenos para la lucha contra la impunidad en el estado; por lo que la mención de las órdenes de aprehensión en su contra, sumada a la protección que recibió en su momento por parte del Congreso del Estado, resalta la gravedad de la situación, de ahí que es claro que el fiscal sigue ahí gracias a un sistema de protección política que, en lugar de servir a la justicia, ha perpetuado la impunidad y que desde San Lázaro buscan erradicar.

Y es que, Sheinbaum no se queda callada ante este hecho y coloca el tema de la fiscalía de Morelos en el centro de la discusión nacional, al señalar que la situación es "muy especial" en este estado, debido a que un fiscal con serias acusaciones y órdenes de aprehensión sigue en su cargo, no es solo un cuestionamiento a la administración de Carmona, sino también a quienes han facilitado su permanencia en el poder, así como los diputados de la 55 Legislatura y sobre todo, de la legisladora y presidenta del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, otra que está en el ojo del huracán.

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