Observador político - Va la Fiscalía Anticorrupción por Jaime Juárez de la CEAGUA

Desde mediados del año pasado, el escenario político en Morelos ha estado marcado por una intensa confrontación entre los poderes: Ejecutivo y Legislativo, exacerbada por acusaciones mutuas de corrupción; justamente, en este contexto álgido, Agustín Alonso Gutiérrez, Verónica Anrubio Kempis y Andrea Gordillo Vega fueron quienes levantaron la voz en el Congreso local, exigiendo una auditoría especial a tres dependencias como son: la Comisión Estatal de Agua (CEAGUA), la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), y la Tesorería.

DESFALCO Y CORRUPCIÓN.- La aprobación de los puntos de acuerdo parlamentario para iniciar estas auditorías fue un paso crucial hacia la rendición de cuentas y la transparencia, principios fundamentales para una administración pública eficiente y justa, evidentemente, que también en ese momento, se trató de una ajusta política del Legislativo contra el Ejecutivo.

No obstante, no sorprende que estos sectores hayan sido señalados por presuntos actos de corrupción descarada, porque la SMyT, bajo la dirección de Eduardo Galaz Chacón, enfrenta investigaciones por saqueos millonarios, mientras que la CEAGUA y la Tesorería también están bajo la lupa por posibles malos manejos de recursos públicos.

Jaime Juárez, quien hoy se presenta como perseguido político y se dice inocente, ha sido objeto de estas investigaciones desde hace más de un año, incluso, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ha destapado supuestos desfalcos y malversaciones en su gestión, poniendo en entredicho la ética y la moralidad de quienes ostentan el poder.

El diputado Agustín Alonso, quien pronto asumirá la representación como legislador federal en el Congreso de la Unión, no ha escatimado en denuncias públicas y ante la ESAF sobre la corrupción rampante en la SMyT, refiriéndose a la "mafia de las placas y las tarjetas de circulación" y que reflejan la indignación legítima de un pueblo cansado de ser víctima de los abusos y la impunidad de una clase política que parece privilegiar sus intereses sobre los del pueblo.

Empero, estas auditorías no deben limitarse a simples formalidades; deben ser exhaustivas, transparentes y acompañadas de medidas contundentes para asegurar la rendición de cuentas, por ello, los responsables de desfalcar las arcas públicas deben enfrentar consecuencias legales, resarcir el daño financiero sin excepciones ni privilegios políticos que distorsionen la justicia.

RECHAZA PERSECUCIÓN POLÍTICA. - En medio de las turbulentas aguas políticas de Morelos, se ha desatado un debate candente sobre las auditorías y las presuntas irregularidades financieras en la administración pública, por lo que en el centro de la controversia se encuentra Agustín Alonso Gutiérrez, quien ha defendido enérgicamente las acciones de fiscalización llevadas a cabo contra Jaime Juárez, titular de la Comisión Estatal de Agua (CEAGUA).

Alonso Gutiérrez, diputado federal electo y miembro del Partido Nueva Alianza (PANAL), afirmó que las auditorías no tienen motivaciones políticas, sino que son el resultado de irregularidades detectadas durante las revisiones realizadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado; y es que, según él, estas acciones son necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos.

La autonomía de la ESAF y su capacidad para llevar a cabo auditorías sin interferencias políticas son fundamentales, por lo que Alonso Gutiérrez propone fortalecer esta autonomía mediante una reforma constitucional, una medida que podría potencialmente evitar que las auditorías sean utilizadas como armas políticas en futuros escenarios.

SINOPSIS. -  En un ejercicio que debería reflejar la voluntad popular, el reciente proceso de asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso de Morelos dejó al descubierto que, en los siguientes días, puede haber más “sorpresas” en la conformación de lo que será la Legislatura LVI.

Una vez que el Tribunal Estatal Electoral recompuso la página al Consejo Estatal Electoral del Impepac, al otorgar constancias que impactan significativamente en la composición del próximo legislativo local, podría darse otra sorpresa pero ahora será si así lo determinan ya sea la Sala Regional o Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que podría repercutir con Morena, en el caso concreto de Brenda Espinoza quien está tambaleándose en la curul que ya le entregó el órgano electoral pero que podrían revertir esa decisión tras la impugnación que presentó Movimiento Ciudadano.

Mirelle Martínez Martínez, candidata afectada por esta decisión, denunció un proceso opaco y arbitrario por parte del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), argumentando que la asignación de diputaciones no refleja fielmente la distribución de votos obtenidos, por lo que dijo, no hay un equilibrio en la legislatura entrante y porque contradice los principios democráticos.

Cierto es que el papel de los tribunales electorales es crucial para garantizar la legitimidad y la equidad del proceso electoral, sin embargo, cuando sus decisiones carecen de claridad y coherencia, como denuncia Martínez, la confianza pública en las instituciones democráticas se ve seriamente comprometida. De ahí que la falta de una correspondencia clara entre los resultados de las urnas y la configuración del congreso refleja un sistema político que prioriza el juego de poderes sobre los intereses y derechos de la ciudadanía.

Las diputadas plurinominales avivaron el descontento y las impugnaciones, especialmente destacada en el caso de Brenda Espinoza López, figura desconocida para muchos en Morelos, pero que obtiene una curul cuestionada por Movimiento Ciudadano.

Caso especial, resulta el de los aliados de Morena, sobre todo, los del PT que hoy votaron por impedir que Morena tenga el control de las áreas de decisión política y económica del Congreso, y se supone, en la teoría porque en la práctica es todo lo contrario, son aliados. Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Alberto Sánchez Ortega, se convertirán en un verdadero dolor de cabeza para Rafael Reyes Reyes, próximo coordinador del Grupo Parlamentario morenista y de la mismísima Margarita González Saravia, próxima gobernadora de Morelos.

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