Observador político - Partidos a la carta: la fábrica de franquicias electorales en Morelos”

Morelos, tierra de luchas históricas, de resistencia campesina, de mi general Emiliano Zapata y hoy, sin embargo, el espíritu revolucionario se ve traicionado por la banalización de la política y su conversión en un negocio de clientelas. Y es qué, siete asociaciones civiles -todas recicladas del pasado- que buscan convertirse en partidos políticos rumbo al proceso electoral intermedio del 2027.

LOS ASPIRANTES A PARTIDOS.- Las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos para obtener importantes ingresos económicos a través de las prerrogativas que otorga el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), así como espacios de representación tanto en el Congreso como en los municipios son: Redes Sociales Progresivas (RSP), Bienestar Ciudadano, Socialdemócratas de Morelos, Liderazgos Morelos, Primavera Morelense, Sociedad Progresista de Morelos, y Promotor Electoral.

Y no es, como querrían hacernos creer, por amor a la democracia o para representar causas ciudadanas, es simple y llanamente, ir en búsqueda del botín.

Empero, lo que realmente mueve a estas agrupaciones es el acceso a las prerrogativas, ese eufemismo técnico para hablar de millones de pesos en financiamiento público que cada año reciben los partidos, con independencia de si representan a alguien más allá de sus propios cuadros directivos.

En un estado con desigualdad rampante, crisis hídrica, violencia estructural y abandono del campo, el surgimiento de nuevos partidos debería ser una señal de vitalidad democrática, de nuevas voces organizadas desde abajo, empero, no ocurre así porque lo único que vemos es una carrera oportunista por convertir siglas en cheques y asambleas en simulacros.

Para muestra basta un botón: Hay municipios en Morelos donde bastan que únicamente 17 personas puedan validar una asamblea, y la pregunta surge en automático: ¿a quién dicen representar? ¿Quién puede tomarse en serio ese número como expresión de voluntad colectiva?

Cierto es que, lo que se avecina es una sobreoferta de “partidos franquicia” que no surgen de movimientos sociales reales, sino de cálculos contables: cuántos distritos hay que cubrir, cuántos afiliados mínimos por municipio, cuántas asambleas se necesitan. Todo perfectamente programable, operable con recursos privados y estructuras clientelares heredadas del pasado o del oportunismo electoral más reciente.

CUAUTLA, CUANDO EL ESTADO SE ARRODILLA ANTE EL CRIMEN.- El ataque a balazos contra el domicilio del abogado Galileo Galilei Martínez no es un hecho aislado, ni un acto fortuito. Es el reflejo brutal de lo que ocurre cuando las instituciones locales, lejos de defender al pueblo, se convierten en cómplices o en herramientas de la delincuencia organizada. Cuautla, un municipio con historia insurgente y memoria combativa, hoy es rehén de un régimen municipal que ha perdido toda legitimidad.

La madrugada del miércoles, las balas hablaron más claro que cualquier boletín oficial. El mensaje, dejado en una cartulina, no necesitaba nombres ni apellidos: la amenaza fue contra todos, contra quienes aún creen en el ejercicio libre de la abogacía, contra quienes defienden los derechos de otros, contra cualquiera que no se someta al orden impuesto por la violencia. Pero más grave aún que el ataque es la pasividad —o la connivencia— de quienes deberían responder.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, alzó la voz donde otros guardan silencio, señaló lo que muchos ya saben y otros temen decir: que Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, y su jefe de policía no son parte de la solución, sino parte del problema. Que sus presuntos vínculos con el crimen organizado explican en buena medida por qué la inseguridad no solo persiste, sino que se normaliza.

Cuautla no vive una crisis de seguridad; vive una crisis de Estado. Cuando las autoridades locales protegen o toleran al crimen, lo que se derrumba no es solo la paz pública, sino el contrato social,  no se trata de pedir que renuncien el alcalde y el jefe policial solo por incompetencia. Se trata de exigirlo por traición. Porque han abandonado su mandato, porque han expuesto a la población, porque han hecho de la impunidad su forma de gobernar.

No es aceptable que territorios enteros queden en manos del narcopoder mientras las autoridades electas se enriquecen o pactan, de ahí que tampoco puede limitarse a señalar fallos técnicos y es que la crisis de inseguridad se ha dado en Cuautla pero el problema ha echado raíces y en esa misma situación está el edil de Tlalnepantla, Agustín Toledano Amaro, ya que a ambos les ubicaron con células delictivas.

Además de otros seis alcaldes que están siendo investigados de acuerdo a lo señalado por el exdelegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Hugo Bello Ocampo, quien había revelado que otros seis ediles de Morelos, además de los ediles de Cuautla y Atlatlahucan, son sujetos de investigación por parte del Ministerio Público Federal, aunque se reservó los delitos y el curso que llevan. Incluso, hay quien dice que por esas declaraciones fue sustituido Hugo Bello. En fin, lo que tenemos que aguantar con nuestros alcaldes morelenses que viven hoy un descrédito descomunal.

La dignidad de Cuautla exige una respuesta popular organizada, un rechazo masivo a quienes hoy ocupan el poder sin merecerlo. Exige justicia para quienes, como el abogado Galileo, se enfrentan cotidianamente a una estructura podrida. Y exige, sobre todo, que recuperemos el sentido profundo de lo público: no como botín, sino como trinchera para la defensa del pueblo.

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