Observador político - Morelos: la justicia que no llega

Mientras el pueblo de Morelos enfrenta día tras día la violencia, la impunidad y la descomposición social, el aparato judicial del estado, pese a supuesta unidad, se hunde en una crisis que ya no puede disimularse, en razón de que no hacen nada para salirse del último lugar que a nivel nacional se encuentran en impartición de justicia oral, según el informe de la organización México Evalúa.

LA ACTUALIDAD DEL TSJ.- Este dato, escandaloso por sí mismo, se vuelve indignante al recordar que Morelos fue pionero en la implementación de este modelo de justicia, por lo que es increíble como es que la entidad pasó de ser un referente a convertirnos en un ejemplo de todo lo que está mal? La respuesta es tan evidente como incómoda: corrupción, negligencia y una élite judicial que opera de espaldas al pueblo.

Y es que, durante años, jueces y magistrados han sido señalados por irregularidades y actos de omisión, y sin embargo, no hay consecuencias, ni revisión, ni evaluación, ni capacitación y solo el silencio de un sistema más interesado en proteger privilegios que en garantizar derechos, tal como ocurre actualmente al evidenciarse que sólo se mueven en razón de los intereses económicos que puedan beneficiarlos.

Todo mundo sabe que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha estado paralizado durante meses por una disputa interna vergonzosa, en la que el quórum simplemente no se alcanzó en 25 sesiones extraordinarias; mientras tanto, miles de expedientes siguen empolvándose en los escritorios del Poder Judicial. ¿Cuántas víctimas más deben esperar una resolución? ¿Cuántos casos seguirán sin respuesta por el capricho de unas cuantas magistraturas que se reparten el poder como si se tratara de una herencia familiar?

¿IMPOSICIÓN O TRIUNFO INSTITUCIONAL? La reciente designación de Juan Emilio Elizalde Figueroa como presidente del TSJ, tras la intervención del Congreso del Estado, no puede entenderse como un triunfo institucional, sino como el resultado de una imposición para salir del paso. Un mal necesario ante la perversidad de la mayoría de los magistrados que se negaban en todo momento a buscar coincidencias y anteponer los intereses del pueblo por los suyos económicos y políticos.

Por tal motivo, el nombramiento, que durará hasta 2027, debe ser solo el inicio de una revisión profunda, porque el problema no es solo quién preside, sino cómo y para quién opera el sistema de justicia.

Es importante señalar que, la justicia no puede ser un privilegio reservado a quienes tienen poder o dinero, no se trata de maquillar cifras ni de anunciar "nuevas etapas" con discursos reciclados. Más bien debe ser una transformación real que implique auditorías, capacitación obligatoria a jueces (que llevan más de ocho años sin actualizarse) y, sobre todo, mecanismos de rendición de cuentas transparentes y ciudadanos.

No bastan los llamados institucionales y sobre todo, que el Congreso del Estado, que dice estar vigilante, debe ir más allá del discurso, obligar a que se cumplan los compromisos adquiridos y sobre todo, que piensen en el pueblo y para ello es necesario que se revise el desempeño, que se publiquen evaluaciones, que se abran los expedientes que hoy duermen bajo llave a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). Y que, si es necesario, se destituya a quienes le han fallado al pueblo.

Más porque la justicia no puede seguir siendo un laberinto para el pobre y una alfombra roja para el poderoso, y sobre todo que en Morelos, como en todo el país, urge construir un sistema judicial que no solo imparta justicia, sino que también la encarne. Porque sin justicia, no hay democracia. Y sin democracia, no hay futuro posible.

UNA JUSTICIA ENFERMA Y UNA REFORMA QUE EMPIEZA.- Insisto en que la justicia en Morelos está colapsada y no, no se trata de una consigna radical ni una exageración militante, ya que lo dice México Evalúa: el estado ocupa el último lugar nacional en impartición de justicia oral. En otras palabras, si eres víctima de un delito o buscas justicia en Morelos, es muy probable que termines enfrentando el abandono institucional, la impunidad y el cinismo de una burocracia judicial que hace años dejó de rendir cuentas.

Ahora, con el nuevo Órgano de Administración Judicial que será responsable de la carrera judicial, la formación y evaluación del personal, y la distribución territorial de los juzgados, sin dejar de lado la supervisará del uso de los recursos humanos, materiales y financieros, por lo que, una urgencia será el que se garanticen una mayor transparencia, profesionalismo y control interno en el sistema de justicia estatal.

LA TECNOLOGÍA PARA FRENAR ROBO DE AUTOS.- La reciente declaración de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, sobre la próxima inversión en “mayor tecnología” para combatir el robo de vehículos, ilustra perfectamente el interés por actualizarse y aprovechar la digitalización para resolver los problemas estructurales de violencia e impunidad que durante décadas a prevalecido.

Sí, es cierto que el delito del robo de automóviles se ha convertido en un fenómeno regional, como lo evidenció la reunión interestatal entre entidades vecinas, pero también es cierto que hablar de “golpes” a bandas como Los Pasaflores o Enjambre puede ser mediáticamente útil sin que necesariamente implique una reducción real y sostenida del delito.

Más porque los nombres cambian, las estructuras criminales mutan, y mientras no se ataque el fondo —la descomposición institucional, la desigualdad, la falta de oportunidades— el problema seguirá vivo, como un cáncer que solo se maquilla.

Lo más preocupante es el contraste que la propia gobernadora hace: mientras ella se involucra directamente en el trabajo de campo y sostiene diálogo político con todos los niveles de gobierno —algo digno de reconocer en un contexto donde el sectarismo ha sido regla— la mayoría de sus secretarios de Estado, según se reporta, “parecen haberse echado a la hamaca”, esperando que la mandataria resuelva todo. Y eso no es un detalle menor: es una señal de alarma.

El pueblo de Morelos necesita justicia, prevención comunitaria, reactivación económica desde abajo, atención a jóvenes, recuperación del espacio público, y por supuesto, servidores públicos que no le tengan miedo al trabajo. Porque si el cambio de régimen va en serio, entonces no puede seguir la lógica del simulacro: la seguridad no se decreta, se construye.

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