Escala de Grises - Me queda un [13] por ciento

El domingo 1 de junio, con la realización de las primeras elecciones judiciales, se registró un hecho histórico para México. Sin embargo, parece que no muchas personas estuvieron lo suficientemente convencidas o informadas o motivadas (o lo que sea) para formar parte del acontecimiento.

De acuerdo con el conteo, la participación fue del 13%, aproximadamente, lo que no sólo contradice las expectativas de las encuestas realizadas por diferentes casas; sino también es un número que no se acerca al concepto que el diccionario nos muestra cuando buscamos la palabra “representatividad”.

En fin, como era de esperarse, la presente administración se declaró muy conforme con los resultados, a pesar de que en la terna había personajes acusados de delitos como violencia de género, vínculos con el crimen organizado y sectas religiosas; datos que no se hicieron lo suficientemente públicos debido a la falta de difusión de perfiles en medios tradicionales.

Lo que para la Cuarta Transformación fue un éxito rotundo, para otras personas fue un atentado en contra de la nación. Sin embargo, más allá de preferencias políticas, lo que podemos concluir del tortuoso proceso (con seis boletas y 2 mil 681 cargos por ocupar) son las múltiples fallas que se registraron.

Desde la ausencia total de inclusión para personas con alguna discapacidad hasta la todavía presente controversia por la reforma, las cuestiones que atraviesan las elecciones no pueden reducirse a un “éxito”, como aseguró Claudia Sheinbaum. Aunque la presidenta aceptó que “todo es perfectible” un proceso de tal magnitud pudo realizarse mejor que con la circulación masiva de acordeones (presuntamente de iniciativa ciudadana, vemos) para que las personas “supieran” a quiénes poner en sus papeletas.

Lo importante en este caso, más allá de legitimar [o no] lo ocurrido con nuestra participación o abstención es no perder de vista que la decisión no fue tomada por “el pueblo bueno” al que tanto hacen referencia. Desde el momento en que un proceso no es igualitario e incluyente, deja de ser representativo, aunque trece millones participen, mucho ojo.

No podemos perder de vista que uno de los errores de este proceso electoral fue la falta de inclusión. No sólo porque muchas personas con discapacidad se encontraron con barreras físicas o logísticas para ejercer su derecho, sino también porque las fallas estuvieron presentes desde la planeación.

¿Realmente las seis boletas saturadas de nombres en miniatura era la mejor opción para llevar a cabo el proceso? ¿Cuántas personas mayores o sin acceso digital pudieron participar de forma informada, más allá de lo que podían escuchar o leer en medios tradicionales?

No hubo apoyos visuales, lenguaje accesible ni recursos adaptados para las personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual, lo que es un claro ejemplo de lo mucho que nos falta por avanzar en materia de accesibilidad, pero también en materia de democracia. ¿Cómo podemos hablar de una organización social que no contempla las necesidades de todas las personas?

Si sólo consideramos como válida la opinión de quienes tienen familiaridad con los nombres, con los temas o con el aparato político de ciertas personas, entonces no estamos acercando la justicia al pueblo. No estamos haciendo más que reproducir las mismas violencias del pasado.

Por otro lado, también debemos señalar el desinterés absoluto de las instituciones para involucrarse y crear campañas serias que hicieran hincapié en la magnitud del ejercicio. No hubo una concientización previa (indispensable, dado que el proceso era nuevo en el país) ni información accesible para gran parte de la población ubicada en zonas rurales o personas sin conectividad digital.

Mientras en otros procesos electorales los perfiles para cargos públicos tienen espacios en medios, debates, entrevistas y hasta páginas oficiales para conocer sus propuestas, aquí se optó por el silencio. No hubo debates entre aspirantes ni esfuerzos reales para transparentar sus trayectorias.

¿De qué sirve abrir un proceso “histórico” si no se acompaña de la pedagogía política necesaria para que la ciudadanía lo entienda, se interese y participe? ¿Cómo se supone que una persona común decidiría entre más de mil nombres, sin fotos, sin trayectorias visibles y sin la más mínima guía oficial? La desinformación no solo genera apatía, también produce desconfianza, confusión y, en última instancia, abstención.

Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar los resultados que emita la Suprema Corte y observar con atención cada movimiento de quienes resulten electos. Veremos si los elegidos honran la investidura o si el experimento judicial termina siendo otro capítulo de simulación política.

Sólo así podremos saber si este proceso realmente marcará un cambio en la forma de hacer justicia en México o si fue simplemente otra forma de hacer política —la misma que Morena tanto ha criticado en el pasado. Si la justicia comienza con opacidad, ¿qué podemos esperar de su aplicación? Como siempre, la historia nos dará la respuesta.

¿Cuál es el porcentaje de desconfianza?
arendy.avalos@gmail.com
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