Observador político - Los jubilados y pensionados con procesos turbios

En México y Morelos no es la excepción, su cifra negra de los delitos que no se denuncian ha ido creciendo significativamente en los últimos años, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI). Esto evidencia que nueve de cada 10 delitos que se cometen no son enterados a las autoridades y los motivos son sobre todo, la pérdida de tiempo y la desconfianza que existe hacia sus autoridades. 

IMPUNIDAD AL 99%.- En los próximos días el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, emitirá su encuesta que hace año con año relacionado con el tema de la inseguridad en el país. Lo cierto, es que el año pasado se informó que prácticamente en uno de cada tres hogares alguno de sus habitantes fue victimizado y ocho de cada 10 dijeron sentirse inseguros en sus respectivas ciudades. Esta cifra incluye a Morelos y al resto de las 31 entidades federativas del país.

Quizá algo igual de grave y delicado que los delitos que se cometen es la impunidad, porque tanto en el país como en la entidad, cuando se acude a las instituciones a denunciar algún delito lo más seguro será que no pase absolutamente nada. Más aún, el 90% de los ilícitos por los que se abren carpetas de investigación o quedan en la impunidad o no se realizan, ya no digamos lo relacionado a la reparación del daño y el castigo a los responsables. Esto último es una falacia. Es precisamente la impunidad con la que actúan los delincuentes uno de los motivos por el que los delitos aumentan significativamente, debido a que una sola persona puede cometer varios crímenes y delitos hasta ser detenido (si lo aprehenden). Lo preocupante del caso es que hay entidades en las que la impunidad es del 99% y ahí los casos son casi imposible que se resuelven. Esto viene a colación, debido a que en el estado muchas de las personas que han incurrido en delitos diversos, como por ejemplo la utilización y falsificación de documentos falsos para lograr su jubilación siguen tranquilos, con la frente en alto. El tiempo corre y no pasada absolutamente nada, salvo casos absurdos e irrisorios en los que sí se aplica la justicia.

USO DE DOCUMENTO FALSO.- De acuerdo al artículo 246, fracción VII, del Código Penal Federal advierte que el delito por uso de documento falso, son: La existencia de un documento falso, que el activo tenga conocimiento de su falsedad, y que lo use. Por lo tanto, este delito se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y con doscientos a trescientos sesenta días multa. Pero aún hay más. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más de la condena. De ahí la importancia de la detención recientemente de un policía que al tratar de jubilarse en el Ayuntamiento de Cuernavaca, cometió sendos errores absurdos y torpes porque dio en su afán de lograr ese beneficio, incurrió en actos descabellados como presentar documentos que comprobaron que laboró desde la edad de los ocho años. Así es, algo inaudito e ilegal. Y es que, el acusado pretendió jubilarse a los 33 años y afirmó ante la Ley, que había cumplido 25 años de servicio como elemento policíaco. Los números simplemente no cuadraron y hoy es imputado por la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de Fraude Procesal, Falsificación de Documento y Uso de Documento Falso.

Evidentemente que al acusado nadie lo asesoró por lo que pretendió hacer su trámite personalmente sin importar su inexperiencia en el tema, incurriendo con ello en diversos delitos, pero y ¿qué pasó con los más de 70 exfuncionarios de todos los niveles durante la administración del exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreú?

Hoy cuando las finanzas del gobierno en general están lastimadas hay quienes están cobrando sus jugosas jubilaciones y pensiones sin importar que hayan presentado soportes documentales falsos o irregulares, es decir, cometiendo delitos diversos como en su momento lo señaló la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Estamos hablando que este problema, estos delitos se han venido cometiendo en las últimas legislaturas y como en su momento lo señalara Francisco Moreno Merino: “existe la sospecha de la utilización de documentos falsos para poder recibir dicho beneficio”. Pero insisto, no pasa nada. En ese mismo tenor se han pronunciado los actuales legisladores sin embargo, las denuncias presentadas no han procedido sin saber el motivo a pesar de que, todos saben de posibles fraudes, falsedad de declaración de documentos certificados por autoridades municipales de las constancias laborales que acreditan años laborales reales sin ser realmente cierto.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73

Cómo olvidar a las personas que se jubilaron con diversas dudas en su documentación que presentaron ante el Congreso del Estado, entre ellos: la esposa del exdiputado del PRD, Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André, responsable del área de Relaciones Públicas de la secretaría de la gubernatura de la administración de Graco Ramírez; Karina Arteaga Domínguez, encargada de Recursos Humanos del Congreso; el extitular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (IDEFOMM), Francisco Velázquez Adán; Bertha Rodríguez Báez, exdiputada local, entre muchos otros que hoy cobran jugosas jubilaciones y pensiones sin que haya quedado claro jurídicamente los años de servicio que tuvieron para alcanzar ese beneficio. Al final reinó la impunidad.