Observador político - Legislatura LV: Un legado de corrupción

En apenas unas semanas, los diputados de la Legislatura 55 se despedirán del Congreso, marcando el fin de un periodo caracterizado por escándalos, ineficiencia legislativa y acusaciones de corrupción. Para muchos, este grupo de legisladores será recordado no por sus logros, sino por los daños que infligieron al estado, beneficiándose no solo económicamente, sino también mediante presuntos negocios ilícitos bajo la mirada complaciente de la justicia.

ACTOS VERGONZOSOS.- Uno de los episodios más vergonzosos fue la designación de más de dos docenas de magistraturas, de las que presuntamente, con un costo que alcanzaba hasta cinco millones de pesos cada una, de acuerdo a las declaraciones que hizo Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados. Estas nominaciones, lejos de ser transparentes y basadas en méritos, parecieron responder más a intereses personales y amiguismos políticos por lo que el resultado de hoy es: un Poder Judicial en crisis, donde la falta de legitimidad de sus integrantes ha generado tensiones internas y ha colocado a Morelos en la cola nacional en términos de justicia efectiva.

No es sorprendente que esta Legislatura sea considerada una de las peores en su historia. La parálisis legislativa fue la norma, incapaces de llegar a acuerdos significativos para beneficio del país. Las únicas coincidencias notables se dieron en asuntos donde el dinero estaba involucrado, como las mencionadas magistraturas, dejando de lado la verdadera representación de los intereses populares.

Es alarmante ver cómo figuras como Alberto Sánchez Ortega, Eliasib Polanco Saldivar, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, y otros más, ignoraron flagrantemente los conflictos de interés al nombrar como magistrados a individuos cercanos o incluso a sus propios colaboradores. La falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas marcaron cada paso de este proceso, dejando de lado voces críticas como las cámaras empresariales y despreciando a candidatos idóneos y con experiencia en el ámbito judicial.

En conclusión, la Legislatura 55 pasará a la historia como un símbolo de la decadencia institucional y la falta de ética en la política; a medida que estos diputados se preparan para partir, queda la responsabilidad de reconstruir y fortalecer nuestras instituciones democráticas, aprendiendo de los errores del pasado para evitar repetirlos en el futuro.

CINISMO EN LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS.- La reciente designación de magistradas en el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos ha dejado al descubierto un proceso tan lamentable como revelador del estado actual de nuestra democracia local. Más que un ejercicio transparente y riguroso, lo que presenciamos fue un espectáculo de descaro político que ha indignado a la ciudadanía.

El proceso de selección, cuyo resultado ha sido calificado de "marrano", exhibe un nivel de cinismo que pocas veces se había visto en el estado, ya que se trata de cargos con un sueldo que supera los 100 mil pesos mensuales, una duración de 14 años en el cargo y una lista extensa de beneficios que incluyen viáticos generosos, apoyos económicos para viajes nacionales e internacionales frecuentes, y vehículos blindados propios de magistrados. Sin embargo, la exigencia para los aspirantes fue mínima y desconcertante: presentar un currículum, un ensayo de 10 minutos y responder a unas cuantas preguntas formuladas mayoritariamente por diputados cuyo nivel educativo apenas alcanza el bachillerato.

Es evidente que este proceso no solo carece de seriedad y criterio técnico, sino que revela un menosprecio alarmante hacia la importancia y la responsabilidad de estos cargos judiciales. Los diputados, quienes deberían actuar como garantes de un proceso justo y equitativo, han optado por un camino que solo refuerza la percepción de que los intereses políticos y personales están por encima del bienestar y la calidad de la justicia en Morelos.

SHOW DE LOS DIPUTADOS DE MORELOS.- El proceso de selección de magistrados en Morelos ha sido una pantomima desde su inicio, más cercano a un espectáculo de teatro que a una elección responsable y transparente; las recientes revelaciones han dejado al descubierto un cúmulo de irregularidades que ponen en entredicho la integridad del Congreso local y su compromiso con la justicia en el estado.

Desde el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, Alejandro Martínez Bermúdez, hasta los propios procedimientos de selección, todo parece haber estado predispuesto. Es alarmante saber que los nombres de los seleccionados se decidieron apenas 24 horas después de las supuestas "pasarelas de aspirantes", en las que participaron más de doscientos candidatos. Esto no solo desacredita el proceso, sino que insulta a cualquier noción de seriedad y profesionalismo que debería caracterizar la elección de magistrados.

Más aún, la revisión en su momento de los 245 proyectos y ensayos presentados por los aspirantes fue un simulacro de evaluación, marcado por la omisión y la falta de criterios claros. ¿Dónde quedó la transparencia y la ética que se supone deben regir estos procesos? La desatención hacia las opiniones y recomendaciones de las Barras, Colegios y Foros de Abogados no hace más que agravar la desconfianza pública en la imparcialidad del sistema judicial en Morelos.

Es sorprendente y preocupante que, a pesar de la gravedad de estas revelaciones, la mayoría de los organismos profesionales han optado por el silencio cómplice. Esto mientras el estado ocupa el último lugar en la impartición de justicia según el World Justice Project, ubicándose en el penoso puesto 31 de 32 entidades federativas. Tales decisiones irresponsables de la Legislatura LV no solo perjudican la credibilidad del sistema judicial, sino que afectan directamente a la población que busca justicia en un entorno cada vez más caótico.

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