Observador político - La liberación del fiscal sacude el panorama político

El estado de Morelos se adentra en el proceso electoral 2023-2024 con un panorama político que podría definirse como convulsionado; y es que mientras los ciudadanos esperan un proceso transparente y justo, las sombras de la ineptitud y la falta de compromiso de las autoridades se ciernen sobre la contienda.

OMISIÓN POLÍTICA.- Desde enero de este año, los partidos de oposición, como el PAN y el PRI, presentaron al menos 40 denuncias por actos anticipados de campaña; sin embargo, hasta la fecha, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) no ha tramitado ningún expediente ante el Tribunal Estatal Electoral de Morelos. Esto significa que aquellos aspirantes que inundaron la entidad con publicidad no enfrentarán sanciones, lo que refleja la falta de acción de los consejeros electorales.

El proceso electoral ha tenido un giro de 360 grados con la liberación del fiscal Uriel Carmona Gándara; por lo que el no envío de la terna por parte del Ejecutivo en los últimos días del Legislativo para elegir a su sustituto evidenció las tensiones que rodean este caso. De ahí que la detención de Carmona en un megaoperativo de la Fiscalía de la Ciudad de México, el Ejército y la Marina, ha suscitado preguntas sobre la fuente de las instrucciones, que parecen conducir hasta las oficinas de Palacio Nacional.

Por si no fuera poco los diputados del G15, por su parte, parecen estar celebrando esta situación. Desde un principio, se dice que hicieron acuerdos mutuos para llevar a cabo sus agendas en lo que resta de la actual legislatura; empero, la sombra de la misteriosa muerte de la legisladora Gabriela Marín pesa sobre algunos de ellos, quienes siguen siendo mencionados en rumores y sobre todo, porque algunos resultaron beneficiarios de su fallecimiento.

Una noticia sorprendente para Uriel Carmona fue el anuncio de que no pasaría la Navidad ni el Año Nuevo en las frías celdas del Reclusorio Sur, como se había anticipado; este cambio en su situación coincidió precisamente con el inicio oficial del proceso electoral 2023-2024 en Morelos.

El panorama político de Morelos se presenta enrarecido, con problemas que afectan a cada uno de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A diario surgen nuevos problemas internos que obstaculizan el desarrollo político, económico y social del estado, justo cuando se avecina una reestructuración en todos los ámbitos de poder; los tiempos son cruciales, y los ciudadanos esperan que la estabilidad y el bienestar del estado no se vean comprometidos en medio de la agitación política.

PROMESAS INCUMPLIDAS.- La Declaratoria de inicio del proceso electoral 2023-2024 en Morelos ha generado una serie de declaraciones optimistas por parte de las autoridades electorales, como la consejera presidenta del órgano electoral, Mireya Gally Jordá, quien promete evitar simulaciones y garantizar la legitimidad de los candidatos. Sin embargo, es comprensible que muchos ciudadanos y observadores de la política en Morelos estén escépticos ante estas afirmaciones.

El historial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) no ha sido precisamente ejemplar en términos de transparencia y eficiencia en elecciones pasadas; las quejas y críticas constantes hacia sus consejeros han manchado su reputación, y algunos de ellos incluso han enfrentado acusaciones legales. Entonces, ¿por qué deberíamos creer en su capacidad para garantizar elecciones justas y legítimas esta vez?

La consejera Mireya Gally Jordá reconoce que este proceso electoral será el más grande y complejo en la historia de Morelos, pero su llamado a la legalidad y la civilidad suena vacío a la luz de la falta de acciones concretas en el pasado. Los ciudadanos merecen más que palabras bonitas; merecen hechos y resultados tangibles.

Es alentador escuchar que se garantizará la representación de las comunidades indígenas en el Congreso del estado y los ayuntamientos. Sin embargo, esta promesa debe respaldarse con acciones concretas para abordar las desigualdades históricas que estas comunidades han enfrentado en el sistema político.

El Impepac habla de una lista nominal de más de un millón 523 mil votantes y la instalación de más de 2 mil 500 casillas, así como la impresión de más de 4 millones 500 mil boletas con medidas de seguridad. Esto suena impresionante en papel, pero la pregunta es si el Impepac tiene la capacidad real para gestionar este proceso de manera eficiente y sin problemas, dado su historial.

La consejera electoral, Isabel Guadarrama Bustamante, menciona que el Impepac es un ejemplo a nivel nacional en términos de desarrollo profesional y certeza en los procesos electorales; aunque en realidad, debe reflejar estas afirmaciones, y los ciudadanos deben ver resultados concretos que respalden estas palabras.

Mientras que otros actores protagonistas como Alfredo Javier Arias Casas, destaca que el Impepac debe velar por el derecho a votar y ser votado de todos los ciudadanos morelenses. Esto es fundamental, pero nuevamente, debe respaldarse con acciones concretas y no solo con discursos grandilocuentes.

En resumen, las palabras y promesas son importantes, pero los ciudadanos en Morelos tienen derecho a ser escépticos dados los antecedentes del Impepac; por lo que la verdadera prueba de su capacidad para garantizar elecciones justas y legítimas será su desempeño en este proceso electoral. De ahí que la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas son cruciales para asegurar que las palabras se conviertan en acciones y que la democracia en Morelos sea verdaderamente representativa y equitativa.

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