Observador político - La decadencia del Impepac: cómplice y omiso ante irregularidades electorales

En tan solo tres meses, dará inicio el proceso electoral 2023-2024 en Morelos. Sin embargo, a pesar de la proliferación de anuncios espectaculares y bardas que adornan las autopistas, carreteras, avenidas y calles, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se ha convertido en un “elefante blanco”, evidenciando una preocupante complicidad y omisión por parte de los integrantes del Consejo Estatal Electoral.

EL DESPRESTIGIADO INSTITUTO. - El Instituto Nacional Electoral ha demostrado ser una institución civil que goza de una gran credibilidad y confianza pública en el Estado mexicano, según diversas encuestas; Esto se debe a su papel fundamental en el sistema nacional de elecciones, el cual ha permitido el correcto funcionamiento del proceso electoral, de acuerdo a lo que en su momento informó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Lamentablemente, la situación es totalmente opuesta cuando hablamos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), sobre todo porque este árbitro de las elecciones ha sido objeto de críticas por parte de los ciudadanos morelenses debido a su omisión, desinterés y abuso de los recursos económicos. En los últimos años, el instituto se ha visto deteriorada su reputación de manera alarmante.

El desprestigio del Impepac se debe en gran medida a los propios consejeros que han sido señalados e incluso destituidos por actos de corrupción; estos lamentables acontecimientos han dejado en evidencia la falta de honestidad y principios éticos en esta institución, por lo que, la confianza en el manejo del dinero público se ha visto gravemente afectada debido a las actitudes de abuso de poder y una ambición desmedida por parte de sus titulares.

Además, se ha señalado al Impepac por su inclinación hacia los políticos en el poder, lo cual ha sido evidenciado por los señalamientos realizados por el propio INE al pleno del Consejo Estatal Electoral del Impepac. Estas acciones solo han contribuido a minar aún más la confianza de la ciudadanía en esta institución.

Es importante resaltar la importancia de contar con instituciones electorales sólidas y confiables para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales; de ahí que el Impepac pone en evidencia la necesidad de una profunda reflexión y reforma en el ámbito electoral a nivel estatal, para evitar que se repitan estos episodios de desprestigio y desconfianza en el futuro.

Mientras tanto, el INE continúa siendo un referente de integridad y profesionalismo en el ámbito electoral. Y es que su credibilidad y confianza pública son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático, como se evidenció con el respaldo de millones de ciudadanos que salieron a las calles a respaldarlo ante los ataques presidenciales. Es necesario, pues, que el Impepac tome ejemplo de las buenas prácticas del INE y trabaje en recuperar la confianza perdida, estableciendo medidas efectivas para combatir la corrupción y garantizar la imparcialidad en sus funciones.

COMPLICIDAD INSTITUCIONAL. - La sociedad morelense merece un árbitro electoral confiable y ético, capaz de salvaguardar el ejercicio democrático de sus ciudadanos; es momento de tomar acciones contundentes y transparentes para revertir la crisis de credibilidad y garantizar que los principios democráticos sean respetados en todo momento.

La inacción del órgano electoral es alarmante. Mireya Gally Jordá ha anunciado que están analizando alrededor de 30 denuncias para determinar su procedencia, pero hasta ahora no ha tomado ninguna acción concreta al respecto. Es decir, los consejeros de este organismo muestran los mismos vicios que aquejan a la clase política en Morelos: interés y ambición desmedida por el dinero. Un ejemplo claro es la reciente modificación del Reglamento Interno, que les permitió aumentar sus beneficios económicos, obteniendo un millón 600 mil pesos cada uno en concepto de haber de retiro y tres meses de salario por cada año de trabajo, sumando así más de 315 mil pesos por año trabajado en bonos.

Mientras tanto, los partidos políticos se mantienen en un letargo cómplice, sin denunciar estos hechos que ponen en riesgo las finanzas del órgano electoral en beneficio de unos pocos; los consejeros mencionados anteriormente, Javier Arias, Enrique Pérez, Pedro Alvarado, Isabel Guadarrama, Elizabeth Martínez y Mayte Casales, son responsables directos de esta situación, mientras que Mireya Gally Jordá ha sido la única voz en contra. Resulta inadmisible que se premie la falta de ética y se dilapiden los recursos destinados al proceso electoral.

Por otro lado, la invasión publicitaria que ha tomado la ciudad y el estado es una clara violación a la Ley electoral, ya que constituye una anticipación de campaña por parte de la mayoría de los ocho aspirantes a la gubernatura de Morelos. Sin embargo, en el Impepac hacen caso omiso a esta realidad, negándose a reconocer que estos actos constituyen una violación evidente a las normativas electorales vigentes; la consejera presidenta del órgano electoral, Mireya Gally Jordá, ha manifestado que estas denuncias corresponden a asuntos internos de los partidos políticos y no representan actos anticipados de campaña, por lo que es necesario recordarle a la consejera que su deber es velar por el cumplimiento de la ley y no favorecer a los intereses partidistas.

Resulta preocupante que, a la fecha, el Impepac no haya presentado el informe de las investigaciones que supuestamente están llevando a cabo; por lo que, la falta de transparencia genera desconfianza y deja en entredicho la capacidad del organismo para actuar con imparcialidad y diligencia. Es evidente que existen organismos encargados de atender estas problemáticas, pero la falta de entrega de los informes al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) retrasa los avances en las investigaciones impide que las magistradas tomen decisiones al respecto. Es decir, el Impepac está obligado a cumplir con los plazos establecidos y no puede escudarse en un supuesto proceso de investigación para no adelantar un veredicto.

Mireya Gally Jordá insiste en que una vez que cuenten con los expedientes completos, los remitirán al TEEM, la autoridad competente para aplicar sanciones y determinar las acciones a seguir. Sin embargo, esta dilación solo contribuye a prolongar la impunidad y a minar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral.

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