Observador político - Justicia para las mujeres; van contra deudores alimentarios

En la lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres, México ha dado un paso importante con la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este conjunto de reformas sin precedentes busca corregir una injusticia que ha prevalecido durante décadas: la situación de las mujeres que han tenido que asumir solas la responsabilidad de ser padres y madres, tras ser abandonadas por sus parejas.

LAS NOVEDADES JURÍDICAS.- Entre lo destacado del código es la creación de un registro nacional de deudores alimentarios, una medida que busca garantizar que aquellos que no cumplan con su obligación de brindar sustento económico a sus hijos enfrenten consecuencias reales; estos deudores se verán impedidos de obtener su licencia de conducir, su credencial para votar con fotografía (INE) o pasaporte, y se les impondrá una alerta migratoria que les impedirá salir del país. Es un paso importante para asegurar que los niños, niñas y adolescentes reciban el apoyo que necesitan para su desarrollo y bienestar.

La perspectiva de género ha sido fundamental en la creación de este código, reconociendo así las desigualdades y violencias que las mujeres enfrentan en el ámbito familiar; la protección de aquellas que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas es una prioridad, y el código establece medidas urgentes de protección para garantizar su seguridad.

Sin embargo, la implementación efectiva de estas reformas plantea desafíos importantes, una de ellas es que los estados del país deben armonizar sus códigos locales con el nacional, y es fundamental recibir retroalimentación y aportes de académicos, facultades de derecho, universidades, litigantes, jueces, magistrados y otros actores para realizar los ajustes pertinentes. La ley siempre puede mejorarse y es necesario un diálogo constante para asegurar que se cumpla su objetivo de brindar justicia y protección a quienes más lo necesitan.

Además, es relevante destacar que el nuevo código establece que los deudores alimentarios o culpables de violencia de género no podrán contender por un cargo de elección. Esta medida busca evitar que aquellos que han incumplido con sus responsabilidades o han ejercido violencia hacia las mujeres ocupen cargos de poder, lo cual es un avance significativo en la construcción de una sociedad más equitativa.

La aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un paso en la dirección correcta hacia una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y el compromiso real de las autoridades para implementarlo de manera efectiva. Es necesario que se destinen los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento y que se promueva la concientización y educación en torno a los derechos de las mujeres y la importancia de una paternidad responsable.

No obstante, es necesario tener presente que este nuevo código no resolverá todos los problemas relacionados con la desigualdad de género y la violencia familiar. Es un primer paso en la dirección correcta, pero aún quedan muchos desafíos por enfrentar; por lo que resulta imprescindible continuar luchando por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las mujeres, y por una transformación profunda de las estructuras sociales que perpetúan la discriminación y la violencia.

Además, es importante destacar que las reformas legales por sí solas no son suficientes. Se requiere de un cambio cultural profundo, donde se promueva una educación basada en el respeto, la igualdad y la responsabilidad mutua. Debemos cuestionar y desafiar los roles de género tradicionales, que imponen expectativas y cargas desiguales sobre las mujeres y limitan su autonomía.

LA LEY 3 DE 3.- Un paso hacia la justicia social y la erradicación de la impunidad es la que dio la Ley 3 de 3 que ha surgido como una iniciativa destinada a abordar dos problemas críticos en nuestra sociedad: la deuda de pensión alimentaria y la violencia de género. A partir de la elección de 2024, esta ley establece que ningún deudor alimentario o culpable de violencia contra las mujeres podrá contender por un cargo de elección popular o desempeñar algún puesto en el sector público.

Esta medida es un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las mujeres y los niños. A menudo, los deudores de pensión alimentaria evaden su responsabilidad y, lamentablemente, muchas madres y sus hijos sufren las consecuencias. Esta ley envía un mensaje claro de que aquellos que no cumplen con su deber de proporcionar sustento a sus hijos no pueden ocupar posiciones de poder y representación política.

Además, la ley también aborda la problemática de la violencia de género. Los delitos relacionados con la vida e integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, así como el desarrollo psicosexual, serán motivo de exclusión de los cargos públicos. Esto incluye crímenes como la violencia familiar, la violencia doméstica, la violación a la intimidad sexual y la violencia política de género.

Es importante destacar que esta ley no solo se enfoca en la prevención, sino también en la rendición de cuentas. Aquellos que han sido declarados como deudores alimentarios morosos o han sido acusados de violencia contra las mujeres no podrán eludir las consecuencias de sus acciones postulándose para cargos públicos. Esta medida brinda un mecanismo adicional para garantizar que las víctimas obtengan justicia y se fortalezca la protección de sus derechos.

No obstante, es fundamental asegurar que la implementación de esta ley se realice de manera justa y transparente. Es imprescindible establecer procedimientos adecuados para determinar quiénes son los deudores de pensión alimentaria y los culpables de violencia de género. La protección de los derechos y la dignidad de todas las personas involucradas debe ser prioritaria en este proceso.

Hay que recordar que, los deudores alimentarios en Morelos había llegado a un punto crítico, y por ello, la colectiva "Las de Violenta" decidió tomar acciones para visibilizar esta problemática. Para ello, instalaron en el Día de las Madres, un "tendedero de deudores alimentarios" frente al Congreso del Estado, en el que expusieron a más de 200 padres de familia que no han cumplido con sus obligaciones de pensión alimenticia, entre ellos el ex diputado del Partido Nueva Alianza, Julio Espín Navarrete.

Hoy, ya no habrá esa necesidad con las nuevas reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que los perseguirá de por vida.

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