Observador político - Justicia electoral: entre la Impunidad e imparcialidad

En un momento crucial para la democracia en Morelos, el Tribunal Estatal Electoral emitió una sentencia que para algunos sectores deja mucho que desear en cuanto a su capacidad para garantizar la equidad y la transparencia en el proceso electoral; con apenas 45 días para las elecciones, la decisión de amonestar públicamente a la candidata de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos vamos todos" por violaciones flagrantes a la ley electoral durante la precampaña y la campaña es, en el mejor de los casos, insuficiente.

FALLO ELECTORAL.- Las magistradas encargadas de este fallo, encabezadas por Ixel Mendoza Aragón, Martha Elena Mejía y Marina Pérez Pineda, han declarado la existencia de infracciones claras, incluyendo actos anticipados de precampaña, promoción personalizada y violaciones a los principios fundamentales de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda; empero, la consecuencia de estas acciones parece ser mínima: una simple amonestación pública.

¿Es esta la medida adecuada para abordar transgresiones en un proceso electoral? La respuesta parece clara: no lo es. Una amonestación pública es poco más que un toque de atención, un gesto superficial que no refleja la gravedad de las acciones cometidas. En un momento en el que la confianza en las instituciones democráticas es crucial, esta sentencia envía un mensaje preocupante de impunidad y falta de rendición de cuentas. Y más, cuando hay alrededor de una centena de quejas contra diversos candidatos de todos los partidos políticos.

La función del Tribunal Electoral no es simplemente señalar violaciones a la ley, sino también garantizar que se apliquen consecuencias significativas y proporcionales a dichas violaciones; en este caso, la falta de una sanción más contundente socava la credibilidad del proceso electoral y pone en duda la capacidad del sistema para garantizar elecciones justas y equitativas.

¿CANDIDATURA GENUINA O DISFRAZ POLÍTICO? El reciente fallo del Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM) a favor del dirigente estatal del PRI, Jonathan Márquez, en su aspiración a una diputación local plurinominal por adscripción indígena ha desencadenado un acalorado debate sobre la verdadera representación de las comunidades indígenas en la esfera política.

Desde el inicio, la candidatura de Jonathan Márquez ha estado envuelta en controversia, con grupos y comunidades originarias desconociéndolo y cuestionando su legitimidad como representante indígena; a pesar de las protestas y objeciones, el TEEM ha ratificado la validez de su candidatura, respaldando su autoadscripción indígena y citando el cumplimiento de los principios electorales y lineamientos para candidaturas indígenas en Morelos.

Sin embargo, la decisión del TEEM plantea interrogantes sobre la autenticidad de la representación indígena en la política. ¿Es suficiente una constancia para validar la conexión con una comunidad indígena? ¿Se han considerado adecuadamente las voces y preocupaciones de las propias comunidades indígenas en este proceso?

La postura de Morena, principal partido opositor, refleja estas preocupaciones, argumentando la falta de una evaluación adecuada con una perspectiva intercultural y la ausencia de fundamentación suficiente en la autoadscripción indígena de Márquez. La confirmación de su candidatura no solo ha dejado insatisfechos a los críticos, sino que también ha puesto en tela de juicio la integridad del proceso electoral.

En última instancia, esta controversia subraya la necesidad de un examen más riguroso de los mecanismos utilizados para determinar la autenticidad de las candidaturas indígenas en el contexto político actual; la representación genuina de las comunidades indígenas en la esfera política debe basarse en un diálogo inclusivo y una evaluación holística de los candidatos, más allá de meras formalidades administrativas.

OTROS DOS MORENISTAS QUE LA LIBRAN: ¿JUSTICIA O IMPUNIDAD? En un escenario político marcado por la opacidad y la impunidad, dos figuras prominentes del partido en el poder, Morena, han sido absueltas de acusaciones que han levantado sospechas sobre la integridad del proceso electoral en el estado.

El caso del alcalde con licencia de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, ha generado controversia alrededor de las acusaciones presentadas por Oscar Juárez García, representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, quien denunció a Flores por presuntos actos anticipados de campaña. Sin embargo, la justicia parece haber absuelto al alcalde, dejando en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial frente a los privilegios políticos.

De manera similar, el caso de Sandra Anaya, ex secretaria de Administración del gobierno estatal, ha levantado serias dudas sobre la equidad en la contienda política. Anaya fue acusada de invadir el espacio público con su imagen en anuncios espectaculares, una estrategia que parecía encaminada a fortalecer su perfil político de cara a las elecciones; a pesar de las evidencias que apuntaban a una violación clara de la ley electoral, Anaya ha logrado evadir las consecuencias legales, lo que plantea interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y la influencia del poder político en el curso de la justicia.

Estos casos no son aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio de impunidad que permea nuestra realidad política; más por la percepción de que ciertos actores gozan de privilegios y protección frente a la ley socava la confianza en nuestras instituciones democráticas y debilita el tejido mismo de la sociedad.