Observador político - Excesos, abusos e impreparación de diputados en designación de magistrados

Sin lugar a dudas, el proceso de elección de magistrados en la actual Legislatura LV ha dejado mucho que desear, y es imperativo que se examine detenidamente la forma en que se están tomando estas decisiones cruciales para el sistema judicial; la preocupación principal recae en la falta de conocimientos y competencia de los diputados para llevar a cabo esta tarea, lo que pone en riesgo la integridad y eficiencia de nuestro sistema de justicia.

SIN CREDIBILIDAD EL PROCESO DE SELECCIÓN.- Es inquietante observar cómo algunos de los legisladores que componen esta legislatura apenas cuentan con un nivel de educación de bachillerato, y aún así se les otorga el poder de designar a los magistrados del Poder Judicial, a personas que la mayoría de ellos cuenta con licenciaturas, maestrías y doctorados además de una amplia experiencia en el ramo como para ser evaluados por gente inexperta y sin conocimiento alguno.

Este hecho, por sí solo, socava la credibilidad del proceso y plantea serias interrogantes sobre la calidad y legitimidad de las decisiones tomadas; sobre todo porque los magistrados, como figuras clave en el sistema judicial, deben ser individuos altamente calificados y experimentados en la impartición de justicia. Su rol es esencial para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema legal.

Por lo tanto, la selección de estos magistrados no debería basarse en meros discursos de 10 minutos o cuestionamientos superficiales; más bien, debe ser un proceso riguroso que incluya la evaluación de sus competencias, trayectoria profesional y ética.

Es lamentable que la Legislatura LV no haya tenido que recurrir a instituciones educativas y expertos externos para asesoramiento en este proceso, lo que claramente demuestra la falta de preparación de los legisladores para esta tarea fundamental; la situación se agrava al considerar que las decisiones en la selección de magistrados, en última instancia, recaen en un grupo mayoritario de diputados como ocurre con el G15 dentro de la legislatura.

Esto plantea serios interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad en la toma de decisiones, por lo que no debería permitirse que una élite política tenga el control absoluto sobre el sistema judicial, ya que esto pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y socava la confianza pública en el sistema legal.

Por ello, el proceso de selección de magistrados en la Legislatura LV debe ser reformado para garantizar que se elijan individuos altamente calificados, con experiencia y una profunda comprensión de la justicia; la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial son fundamentales para un sistema legal democrático y justo al ser crucial que se resuelvan los abusos y excesos que actualmente se están cometiendo y que se restaure la confianza en nuestro sistema de justicia.

“RETIRO DORADO” DE MAGISTRADOS, UN ACTO DE INJUSTICIA.- Es cansado seguir escribiendo de los inútiles actuales diputados de la actual legislatura de Morelos, sin embargo, es loable que algunos de ellos que sí tienen vergüenza por lo que están haciendo junto con abogados y ciudadanos, traten de frenar otro exceso de poder político como lo está pretendiendo hacer otra vez más el actual Poder Legislativo con el retiro voluntario de magistrados a quienes por ocho años, les ofrece el 75 por ciento de su sueldo que se traduce en más de 75 mil pesos de por vida para ellos y sus familias porque el acuerdo es vitalicio por lo que tendrán que desembolsar el pueblo la nada despreciable cantidad de , 74 millones de pesos anuales para estos angelitos.

En razón de ello, se encuentra en medio de una tormenta política debido a la controvertida aprobación del decreto 1103, que busca otorgar este retiro dorado a los magistrados del Poder Judicial de la entidad; dicha decisión ha encendido las alarmas entre un grupo de abogados, ciudadanos y legisladores que consideran que este acto no solo es éticamente injustificable.

Derivado del proyecto de demanda presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se argumenta que el decreto 1103 es inconstitucional, ya que viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, los presentadores de la demanda basan su argumento en que la Constitución, establece claramente los límites del poder legislativo en relación con la justicia y los derechos fundamentales.

Por ello, la Acción de Institucionalidad busca que la CDHEM inicie un procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar este "retiro dorado", sobre todo porque la decisión de los legisladores y abogados se basa en la premisa de que esta medida perjudica directamente a los ciudadanos de Morelos, ya que privilegia a un selecto grupo de magistrados sin justificación ética aparente; además, establece requisitos mínimos en comparación con los trabajadores del Poder Judicial que han luchado durante años por una jubilación digna.

Al respecto, el diputado Arturo Pérez Flores, junto a un grupo de ciudadanos, entregó el proyecto de demanda a la CDHEM, subrayando la urgencia de tomar medidas para evitar este "retiro dorado"; este acto, que duplicaría el gasto en salarios para las magistraturas, no solo otorga pensiones generosas a los magistrados salientes, sino que también impone la carga de salarios para los nuevos titulares de estas magistraturas, lo que resultaría en un gasto anual de 74 millones de pesos que los morelenses deberán asumir.

Sin embargo, este no es el único ejemplo de incumplimiento por parte de los legisladores en Morelos, quienes hicieron grandes promesas de transparencia y rendición de cuentas en la designación de funcionarios públicos, pero la realidad es decepcionante; en el olvido quedaron acuerdos como la publicación de perfiles y currículos de los aspirantes a cargos públicos, la apertura de procesos de evaluación de conocimientos, y la colaboración con instituciones académicas.

Incluso se firmaron acuerdos con universidades públicas y privadas para evaluar a los aspirantes de manera objetiva, pero estos compromisos se han quedado en papel mojado; parece que la capacidad académica y la moral de los funcionarios no son prioritarias en la toma de decisiones.

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