Observador político - El Poder Judicial de Morelos en crisis

El Poder Judicial de Morelos se encuentra en una profunda crisis, y el segundo informe de labores de Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no hizo más que evidenciar la división y el conflicto interno que lo aquejan. Durante su informe, realizado el pasado fin de semana, Gamboa Olea se esforzó en presentar una imagen de logros y avances, pero la ausencia de la mayoría de los magistrados dejó claro que su liderazgo está seriamente cuestionado.

SHOW JUDICIAL.- A pesar de la presencia de titulares de tribunales de varios estados y de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la notable ausencia de decenas de magistrados del TSJ demostró una clara falta de apoyo interno; esta ausencia no es simplemente una anécdota, sino un síntoma de una institución fracturada. Los magistrados, en su mayoría, se negaron a participar en lo que consideraron un “show judicial” y un "evento social y de interés personal", rechazando así la extensión de la gestión de Gamboa Olea por dos años más.

Y es qué, Gamboa Olea dedicó casi dos horas a destacar sus supuestos logros, como el incremento salarial para los empleados del tribunal, pero convenientemente omitió mencionar que este aumento fue posible gracias a gestiones anteriores que lograron la autonomía financiera del Poder Judicial, incrementando el presupuesto de 500 a más de 800 millones de pesos. Este detalle revela una práctica habitual en la política: atribuirse méritos ajenos y omitir contextos cruciales para mantener una narrativa conveniente.

La politización del informe fue evidente cuando, en medio de su discurso, empleados del TSJ corearon "presidente, presidente, presidente" en un acto que parecía más un mitin político que una rendición de cuentas; este espectáculo socava aún más la credibilidad de Gamboa Olea y muestra la desesperada estrategia de un líder que intenta aferrarse al poder mediante métodos populistas.

La situación en el Poder Judicial de Morelos no es un caso aislado. Los tres poderes de gobierno en el estado han sido severamente cuestionados por su desempeño en la última década; en el Congreso, los diputados cobran sueldos exorbitantes sin trabajar, enfrascados en campañas políticas en lugar de cumplir con sus deberes legislativos. Este ambiente de corrupción y negligencia se refleja también en un Poder Judicial que, lejos de garantizar la justicia y el Estado de Derecho, se ve atrapado en luchas internas y manejos turbios.

El documento firmado por los magistrados que no asistieron al informe es contundente: la decisión de no convocar legalmente a todos los togados fue tomada por Gamboa Olea para evitar que su periodo al frente del TSJ fuese puesto en cuestión; dicha maniobra revela el temor de Gamboa Olea a un ejercicio legítimo de autogobierno por parte del Poder Judicial, lo que pone en tela de juicio su proclamada defensa de la autonomía e independencia de la institución.

La verdadera independencia del Poder Judicial en Morelos está amenazada no solo por las acciones de su presidente, sino también por la designación de magistrados mediante dedazos y presuntas compras de cargos, sin la experiencia necesaria en la materia, por lo que esta situación ha dejado al sistema de justicia en el último lugar de la procuración de justicia en el país, y la continuidad de este estado de cosas solo profundiza la desconfianza y la falta de credibilidad en las instituciones.

Es imperativo que los ciudadanos y las autoridades competentes exijan un cambio real y profundo en el Poder Judicial de Morelos; la transparencia, la rendición de cuentas y la verdadera independencia judicial son pilares fundamentales para recuperar la confianza y garantizar una justicia efectiva ya que sin estos elementos, el desarrollo económico, el bienestar familiar y la paz social que Gamboa Olea pregona en sus discursos seguirán siendo meras ilusiones.

LA FARZA DE LA SEGURIDAD EN LA ELECCIÓN.- En medio del fervor electoral, las promesas de seguridad por parte de las autoridades son tan huecas como las urnas en un sistema corroído por la violencia; Mientras los representantes del INE e Impepac juran proteger el proceso electoral, la realidad en las calles de Morelos es una grotesca contradicción.

El reciente mes de abril se tiñó de rojo en Morelos, con 21 homicidios dolosos, según datos del SESNSP. ¿Cómo pueden afirmar que la violencia no impactará la jornada electoral cuando el miedo acecha cada esquina y la sangre brota sin tregua?

A tan solo diez días de la elección más trascendental en la historia del estado, la violencia persiste y los candidatos claman por seguridad personal. Mientras tanto, la ciudadanía queda desamparada, sin acceso a los mismos recursos de protección que se otorgan a los políticos.

El gobierno, incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, se ve obligado a implorar ayuda a la misma población que ha sido abandonada a su suerte. ¿Cómo podemos confiar en un sistema que no puede proteger a sus propios ciudadanos de la barbarie?

Las ejecuciones en municipios como Huitzilac son solo la punta del iceberg de un problema que ha sido ignorado y minimizado durante demasiado tiempo; mientras los políticos juegan su juego de poder, la población sufre las consecuencias de una crisis de seguridad que parece no tener fin.

Es hora de dejar de lado las falsas promesas y enfrentar la realidad con valentía. La seguridad no puede ser un privilegio de unos pocos mientras la mayoría queda expuesta al peligro; es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que buscan ocupar cargos políticos.

La elección en Morelos debería ser un momento de celebración democrática, pero en cambio se ve empañada por el manto oscuro de la violencia, por lo que de nueva cuenta, el clamor por seguridad se vuelve una necesidad urgente en un estado donde la impunidad parece ser la única constante.