Observador político - División legislativa

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - División legislativa

La falta de acuerdos y la división intensa entre los integrantes de la Legislatura LV dejó a Morelos sin presupuesto actualizado pese a la inflación y con muchas necesidades económicas para este 2022, luego de que fracasó todo intento el 15 de diciembre del año pasado. Hace casi un año no se lograron los 14 votos y hoy, tristemente la historia puede repetirse.

INCREMENTO PRESUPUESTAL.-  Hoy, los mismos parlamentarios intentan en un ambiente enrarecido iniciar los trabajos para aprobar el presupuesto que presentó el pasado 30 de septiembre el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a través de José Gerardo López Huérfano, encargado de Despacho de la Secretaría de Hacienda del estado y en el que se tiene contemplado recursos por el orden de los 34 mil 116 millones de pesos para el año entrante.

Es decir, lo proyectado por el Ejecutivo representa un incremento de 15.16% con relación al paquete del presente año, y tras haber reculado en el pago del reemplacamiento destaca el incremento de las participaciones del 5% para los municipios (que provocó la irritación de los alcaldes), sin dejar de lado los recursos  para jubilados y pensionados del IEBEM, además del interés de los legisladores por incrementar las partidas en rubros como la salud, infraestructura, obra pública, campo, y sobre todo en materia de seguridad, entre otros.

Hay que señalar que actualmente la conformación de los legisladores es totalmente diferente a la que existía el año pasado. Sin embargo, siguen existiendo dos bloques debido a que el diputado “solitito”, Arturo Pérez Flores, como por arte de magia decidió “jalar” públicamente con sus homólogos: Ariadna Barrera y Edy Margarita del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); así como con Mirna Zavala Zúñiga, Encuentro Social (PES), Erika Hernández Gordillo, Redes Sociales Progresistas (RSP) y Eliasib Polanco Saldivar del Revolucionario Institucional (PRI) quienes en conjunto han conformado el G-11.

Del otro lado, está ahora el G-13 que se conforma por los morenistas que encabeza su coordinadora, Macrina Vallejo Bello, así como por María Paola Cruz Torres, Alejandro Martínez Bermúdez, y quien hizo la diferencia de este más que dividido Grupo Parlamentario, el ex priísta Alberto Sánchez Ortega. Además de los panistas: Francisco Sánchez Zavala, Ángel Adame Jiménez, Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega y Óscar Cano Mondragón; los de Movimiento Ciudadano: Luz Dary Quevedo Maldonado y Julio César Solís Serrano; los aliancistas Verónica Anrubio Kempis y Agustín Alonso Gutiérrez y la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Empero, tras la ejecución de Gabriela Marín Sánchez ninguno de los dos grupos alcanza los 14 votos y de nueva cuenta, el poder Legislativo podría entramparse a menos que, cómo se ha mencionado en los pasillos del poder Legislativo, alguno de los seis se pasara con el grupo mayoritario para lograr los objetivos que se han trazado.

Lo cierto, es que hoy no está a debate la desaparición de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ni tampoco la cláusula de discrecionalidad del año pasado ni mucho menos el reemplacamiento que logró el Ejecutivo eliminar ese pretexto y que había provocado inconformidad entre los legisladores, por lo que será en los siguientes días cuando se vayan clarificando las intenciones de los parlamentarios.

LA RECOMPOSICIÓN.- Indiscutiblemente que la elección de Morena donde eligieron a sus autoridades partidistas en Morelos recientemente provocó una reacción en el Congreso, desde donde Rabindranath Salazar Solorio tras haber sido noqueado logró mover sus dados y los diputados de su expresión dieran un cambio radical. El nativo de Jiutepec logró hacer dos jugadas maestras tras las derrotas políticas sufridas en los últimos años.

La primera, fue integrar al expriista diputado Beto Sánchez Ortega y la segunda, haber logrado quitar a Arturo Pérez Flores de la coordinación de Morena para colocar sin importar sus limitaciones intelectuales a la diputada indígena, Macrina Vallejo Bello. La señora desconoce todo lo relacionado con el parlamento pero pese a ello lograron al final, evitar la llegada al Congreso de Ulises Bravo a través del hermano del senador Sergio Pérez.

Es extraño pero de los grupos parlamentarios al interior del Congreso el único que está divido en dos bloques es el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador: Morena. Y es que, insisto, de los seis parlamentarios había un empate técnico: 3 vs 3. Y de la nada, de forma inusual llegó el exalcalde de Xochitepec para desequilibrar las cosas y fortalecer el proyecto mayoritario de los legisladores guindas para mantener vivo el proyecto de Rabín.

Hay que recordar los errores cometidos en Legislativo morelense cuando eran 20 diputados, sobre todo porque solo lograron los acuerdos y solo fue cuando una autoridad jurisdiccional federal los obligó que alcanzaron consensos, como por ejemplo, en lo relacionado con las pensiones y jubilaciones a fin de evitar que fueran sancionados legalmente.

Pero en temas donde no fueran obligados y que son de verdadera relevancia como la designación de los magistrados del TSJ y TJA así como en llamar a la suplente de Gabriela Marín Sánchez, han demostrado ser inoperantes e improductivos en materia legislativa.

Es sabido que algunos de los integrantes del G-6 intentaban presidir la presidencia de la Mesa Directiva, como ocurrió con el priista Eliasib Polanco Saldivar, quien fue uno de los que levantó la mano apoyado desde palacio de gobierno para suceder a Paco Sánchez sin lograrlo, luego de que él oriundo de Yautepec pertenecía al grupo mayoritario.

Hoy, a dos meses y medio de que se venza el plazo para aprobar el presupuesto del 2023 no está nada claro, por las diferencias ideológicas, económicas y personales de los involucrados, por lo que de obtener resultados negativos los directamente afectados serán otra vez los ciudadanos porque las instituciones tendrán un menor recurso financiero y eso repercutirá por la inflación y la falta de actualización en recursos para la entidad morelense por los pleitos entre legisladores.

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