Observador político - Con división y malos resultados, tiene TSJ triunfo financiero con la SCJN

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos ha sido protagonista de una importante victoria judicial que, si bien asegura una ampliación presupuestaria sustancial, también refleja la constante pugna al interior de este poder que podría aumentar las tensiones inherentes a un sistema judicial que, a pesar de sus avances, aún parece estar al margen de las decisiones políticas y económicas clave.

PRESUPUESTO MULTIMILLONARIO AL PODER JUDICIAL.- Hasta hace poco, el TSJ de Morelos recibía un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos. No obstante, este monto se incrementó a 800 millones, lo que, de alguna manera, era visto como un avance importante, sin embargo, la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lleva este presupuesto a un nivel nunca antes alcanzado: $1,880 millones de pesos, lo que representa un 4.7% del presupuesto total de los 40 mil millones de pesos del estado que se espera obtener para el próximo año.

Es decir, el Poder Judicial de Morelos, por mandato constitucional, ahora tiene asegurada una cantidad que, en teoría, debe garantizar su autonomía financiera y operativa.

Sin embargo, este aumento no está exento de controversia, y su implementación genera un escenario de intensificación de las luchas internas dentro del propio TSJ y sus relaciones con el presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea. Gamboa, que parece disfrutar de la atención que esta resolución le brinda, está lejos de ser un personaje que goza de consenso pleno entre sus pares. Y es que, a medida que el presupuesto se incrementa, las tensiones entre los magistrados y el liderazgo del TSJ podrían volverse más evidentes, ya que la presión de administrar una suma tan significativa podría poner en tela de juicio la capacidad de coordinación interna.

Lo que está en juego no es solo el monto del presupuesto, sino la autonomía judicial. La resolución de la SCJN subraya que el presupuesto del TSJ debe ser equivalente al 4.7% del gasto programable del estado, una garantía que, hasta ahora, había sido ignorada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos; esto abre una nueva fase de confrontación política, ya que los otros poderes deberán decidir de dónde recortar recursos para cumplir con esta orden, y en un contexto donde la austeridad fiscal sigue siendo bandera del gobierno estatal, esto no será un proceso sencillo.

Este tipo de decisiones siempre tiene implicaciones políticas que se extienden más allá de los pasillos del poder judicial y afectan directamente la distribución de recursos en áreas clave como la seguridad, la salud o la educación.

LA GOBERNADORA Y EL DESAFIO DE LA JUSTICIA SELECTIVA.- A dos meses y dos semanas de su gestión, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha logrado captar la atención tanto a nivel nacional como local, alcanzando el séptimo lugar en el ranking de los gobernantes del país, según la empresa Demoscopia Digital.

Su administración parece avanzar en la dirección de mejorar la percepción de seguridad, y muchos se han mostrado optimistas respecto a sus esfuerzos por reducir la violencia que ha azotado al estado durante años; además, de que ha logrado concretar el regreso del equipo de fútbol Atlante a la región de Zacatepec, lo que sin duda generará una derrama económica y reavivará el espíritu deportivo en una zona históricamente vinculada al deporte.

Sin embargo, bajo la superficie de estos logros, persisten desafíos profundamente arraigados que merecen una crítica urgente, sobre todo cuando se trata de los temas más sensibles y dolorosos para la sociedad morelense: la violencia contra las mujeres y las deficiencias del sistema judicial.

A pesar de las buenas intenciones y los logros de visibilidad, los datos son alarmantes. En lo que va del año, Morelos ha registrado 110 feminicidios, convirtiéndose en uno de los estados con más muertes de mujeres en el país; esto deja en evidencia que, aunque haya una aparente mejora en la seguridad, la violencia de género sigue siendo una crisis silenciosa que afecta a una gran parte de la población, especialmente en los fines de semana, donde se reporta un incremento de casos de violencia física, psicológica y sexual, tal como lo ha denunciado Isela Chávez Cardoso, presidenta del Instituto de la Mujer.

Las mujeres morelenses, por lo tanto, no pueden permitirse un falso consuelo: la inseguridad no solo afecta a todos los ciudadanos por igual, sino que golpea particularmente a este sector vulnerable, cuya situación parece no ser una prioridad en la agenda del gobierno estatal.

PUERTA GIRATORIA DEL SISTEMA JUDICIAL.- Otro aspecto que no puede pasarse por alto es el creciente debate sobre la justicia en Morelos, sobre todo, cuando la gobernadora, Margarita González Saravia, ha criticado en reiteradas ocasiones la liberación de presuntos delincuentes, señalando lo que se ha denominado "la puerta giratoria" del sistema judicial, un mecanismo que permite que, después de un esfuerzo coordinado de inteligencia y trabajo para capturar a criminales, estos sean liberados casi inmediatamente.

Este fenómeno no es nuevo en el estado, pero la situación parece haberse intensificado con la reciente liberación de dos individuos involucrados en un triple homicidio; las críticas de la mandataria, que lamenta las decisiones judiciales que permiten la liberación de presuntos criminales, son un reflejo de la tensión existente entre el poder Ejecutivo y el Judicial en Morelos. La gobernadora ha sido clara y contundente, sin permitir que se le involucre por esas decisiones erróneas y por eso, hace un llamado a revisar exhaustivamente los expedientes y a garantizar que los responsables de delitos no queden en libertad por fallos judiciales cuestionables.

Lo que se olvida en este debate, sin embargo, es que la crítica a la "puerta giratoria" revela un problema mucho más profundo: la falta de confianza en las instituciones judiciales y su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y efectiva, por lo que si bien las críticas de Margarita González Saravia son válidas, esta situación también refleja la complicidad histórica del propio sistema judicial con las estructuras de poder que permiten la impunidad en los casos de criminalidad.

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