Observador político - CEAGUA y SMyT, en la mira por presuntos actos de corrupción

El gobierno de Margarita González Saravia, decidida en su cruzada por erradicar la corrupción y la opacidad, anunció la presentación de un segundo paquete de denuncias penales, entre las dependencias que probablemente se verán implicadas se encuentran dos que, en los últimos años, han sido caldo de cultivo para presuntos actos de corrupción: la Comisión Estatal de Agua (CEAGUA) y la ex Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT).

CEAGUA: DINERO Y POLÍTICA PERSONALISTA.- Uno de los casos más relevantes es el de la Comisión Estatal del Agua, cuyo ex titular, Jaime Juárez, parece haber hecho un uso personalista y clientelar de los recursos públicos; y es que, a pesar de no lograr su objetivo de ser candidato a gobernador por Morena, Juárez no escatimó en recursos para hacer de su campaña un circo de ostentación.

Con el respaldo de Ulises Bravo, el ex funcionario Jaime Juárez organizaba eventos masivos, como los polémicos comidas a granel en lugares como El México Lindo, donde el derroche de comida y alcohol se combinaba con la presencia de los más altos funcionarios del gobierno anterior; este tipo de prácticas, lejos de ser una anécdota aislada, evidencia el uso irresponsable y clientelista de los recursos públicos con fines electorales.

Cabe recordar que las acusaciones contra la CEAGUA no son nuevas, ya que durante la legislatura LV, varios diputados locales, entre ellos Agustín Alonso Gutiérrez, Verónica Anrubio Kempis y Andrea Gordillo Vega, solicitaron una auditoría especial ante las denuncias de corrupción dentro de esta dependencia. En un ambiente político convulso, en medio de acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo y el Legislativo, se puso en marcha el proceso de auditoría para esclarecer el destino de los recursos de la CEAGUA.

Sin embargo, las declaraciones del mismo Jaime Juárez, quien se presentó como víctima de persecución política, fueron desmentidas por las investigaciones realizadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y posteriormente por la Fiscalía Anticorrupción, que destaparon desfalcos y malversaciones que siguen generando sospechas sobre la transparencia en la gestión pública.

SMyT: “LA MAFIA DE LAS PLACAS”.- Otro capítulo oscuro en este relato de corrupción es el de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), bajo la dirección de Eduardo Galaz Chacón, esta dependencia que se vio envuelta en denuncias sobre saqueos millonarios, incluso, con la expresión de la "mafia de las placas y las tarjetas de circulación", resuena como una denuncia legítima de una ciudadanía hartísima de ser víctima de abusos.

Las investigaciones apuntan a una red de corrupción en la que los trámites de circulación, una necesidad básica para los ciudadanos, fueron utilizados como un mecanismo de extorsión y fraude. Por ello, es sin lugar a dudas, un reflejo de la impunidad que ha caracterizado a estos sectores en Morelos.

HARTAZGO SOCIAL.- la clase política de Morelos de la administración anterior, lejos de rendir cuentas, pareció estar más preocupada siempre por sus propios intereses que por servir al pueblo; esta fue la verdadera problemática detrás de las auditorías y denuncias sobre todo, por la falta de consecuencias reales. Y es que, la corrupción rampante, especialmente en dependencias como la CEAGUA y la SMyT, puso en entredicho la moralidad de quienes ostentaron el poder en el estado que hasta el momento no han sido sancionados legalmente. Los casos de mal manejo de recursos públicos, lejos de ser aislados, parecen ser la norma, lo que agrava la desconfianza en las instituciones y en la justicia.

De ahí que las auditorías, aunque necesarias, no deben ser simples trámites burocráticos, sino que deben ser exhaustivas, transparentes y acompañadas de acciones concretas, ya que no basta con señalar a los responsables, sino que debe asegurarse que enfrenten las consecuencias legales correspondientes; es decir, los desfalcos no pueden quedar impunes, y mucho menos pueden ser salvados por privilegios políticos que distorsionen la justicia.

CAMINO A LA JUSTICIA.- El desafío que enfrenta el gobierno de Margarita González Saravia es grande, y si bien la lucha contra la corrupción es un paso positivo, no será suficiente si no se acompañan de medidas contundentes para garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Por tanto, las investigaciones deben ir más allá de las denuncias públicas; debe haber voluntad política para sancionar a quienes han saqueado las arcas públicas y resarcir el daño causado a la sociedad.

El pueblo de Morelos ya está cansado de ver cómo los mismos actores políticos se reparten el poder y los recursos, mientras que las promesas de justicia y transparencia se desvanecen en el aire; la única forma de restaurar la confianza en las instituciones es asegurarse de que la corrupción no quede impune y que los intereses del pueblo se pongan por encima de los intereses personales y partidistas.

LA CULTURA DE LA IMPUNIDAD.- Es sano recordar de igual manera que el 19 de febrero de 2024, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) presentó un preocupante informe que dejó al descubierto las graves irregularidades dentro de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua). Según las observaciones de los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023, la Ceagua incurrió en anomalías que suman hasta 48 millones de pesos.

Este hallazgo no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de mala administración de recursos públicos que fue sistemáticamente ignorado o minimizado por las autoridades, ya que la CEAGUA, no solo mostró una alarmante falta de transparencia, sino que también reflejó un desprecio por la responsabilidad pública. Tal y como lo señaló José Blas Díaz Cuevas, auditor general de la ESAF, las irregularidades van más allá de simples errores administrativos, particularmente, destacó un aumento inexplicable de los recursos destinados a salarios en los años 2022 y 2023, duplicando lo asignado en 2021. Es decir, un incremento que solo puede interpretarse como un claro indicio de mala gestión o, peor aún, de desvío de fondos.

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