Morelos, rezagado en violencia política
La entidad se encuentra en el rango de rechazo de una normatividad en la materia
Juan Lagunas 
Con el rechazo del Constituyente (ediles) a la ley de violencia política, Morelos se encuentra en rezago, según reveló un estudio del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.
Esto, podría seguir propiciando la discriminación hacia el sector femenino en las competencias comiciales, aducen expertos en el tópico (consultados por este rotativo).
En ese sentido, informa que en el panorama general, Guerrero, Hidalgo y Puebla “aún no legislan en la materia, en ninguna de sus leyes”.
En contraste, subraya que, a nivel nacional, este tipo de reformas “…son el resultado del compromiso de los legisladores de ambas Cámaras, pero también es el producto de haber logrado la consolidación de un Congreso de la Unión paritario, donde las voces y demandas de las mujeres son escuchadas y atendidas”. Lo que no ocurrió en la entidad.
Explica que la exigencia por el reconocimiento de este tipo de beligerancia en razón de género representaba “un gran pendiente en la agenda nacional, “demandado enérgicamente por las instituciones, colectivos de mujeres, presidentas municipales, legisladoras y en general por aquellas que participan en la vida política y pública” (como sucede en el estado).
Asimismo, pondera que, hoy más que nunca, se tiene que establecer una unión, “para celebrar los cambios legislativos, pero también para hacer un llamado a que todas las mujeres y las instituciones competentes hagamos uso de estas herramientas para ponerle un alto a esta modalidad de violencia que lacera la democracia y vulnera los derechos por los que todas y todos hemos luchado”.
Dentro de los aspectos destacados de los cambios constitucionales federales, se reconoce: “que se establece el tipo penal de violencia política, se señalan atribuciones a distintas instituciones para promover una cultura de no violencia, se instauran sanciones administrativas, así como medidas cautelares y de reparación del daño. Todos estos, elementos integrales para combatir esta problemática”.
Además, considera “…de gran relevancia la obligatoriedad a los partidos políticos de garantizar la paridad en candidaturas y en la dirección de sus órganos internos, con lo cual se pone de manifiesto que nunca más debe dejarse fuera de los espacios de toma de decisiones a las mujeres”.
Expone que, con la aprobación del marco normativo descrito, “…el primer Congreso de la Unión paritario reivindica y fortalece la justicia para todas las mujeres que han abierto y, a la par, han reducido brechas para dotarnos de libertad de acción, decisión y participación pública y política”.
