Mayoría calificada sigue con fracturas
Juan Lagunas
La mayoría calificada del Congreso, que se conforma por 13 adhesiones (de 20) sigue fisurada, luego del rechazo de las leyes de ingresos de 32 municipios. Dalila Morales Sandoval, del Partido Acción Nacional, confirmó que su voto seguirá en contra.
Y fijó, una vez más, la postura (como coordinadora de su fracción parlamentaria): “Yo sí les comento: en donde haya un incremento, Acción Nacional no estaría yendo, puesto que la situación financiera -en caso de aprobarse- laceraría la economía de las familias del estado”.
Auguró que no hay tales acuerdos entre el G-13, porque se avecinaría “un escenario similar al del pasado (cuando los documentos antes descritos fueron desechados, en el Pleno, con 10 votos a favor y tres en contra). “Hay compañeros que están de acuerdo, que son los mismos…”; en contraste, existen tres en desacuerdo (de las filas de: PAN, PRI y PES).
En ese sentido, ponderó que, en este intervalo, se está “revisando si pudiera ser” (refiriéndose a un nuevo análisis de esos esquemas, que conduzca a su asentimiento). De entrada, enfatizó que no hablaría de una “ley de ingresos 2020”. Es decir, la solución reside en modificar la del 2019.
Ergo, desde ese acuerdo, se generaría la “ruta crítica, para poder ayudar a los municipios”.
Señaló que, en tanto, seguirán analizando la glosa del primer informe del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de cara a la estructuración de las comparecencias de los funcionarios del gabinete. Y no sólo de los “puntos que favorecieron al estado”, sino también en torno a las deficiencias: “con mucho respeto, en aquellos puntos en donde no hemos generado un beneficio a los morelenses”.
Y enlistó los rubros débiles de los que va del actual régimen: inseguridad, que es “un tema no solamente que vemos nosotros, sino los ciudadanos”. Por ende, habrán de determinar qué hace falta en el combate a los grupos delincuenciales, que siguen propagándose en el territorio estatal.
Asimismo, la congresista reiteró que harán observaciones hacia las “virtudes que se están entregando” y, a la vez, a las acciones que “se estén dejando de operar”. Ante el cuestionamiento: “¿solicitarán, desde su bancada (PAN), remover al comisionado estatal de Seguridad (José Antonio Ortiz Guarneros)?, contestó que, antes que todo, “revisarán” los quehaceres, a un año… “Y de ahí partir… Y poder, con bases sólidas, exigir aquellos resultados que no se han dado”.
Externó que evaluarán, de igual forma, el proceso operativo de “aquellos secretarios que no le han cumplido, como debería de ser, a los ciudadanos”.
