La disputa por las fiscalías

Estamos viendo una desafortunada y vergonzosa disputa por el control de las fiscalías de Morelos; la general y anticorrupción. Soltaron un gancho con el desafuero del fiscal y se responde con una nota nacional de hechos anunciados mediáticamente en 2019, de los que el presidente Obrador ya “exoneró” al gobernador. Así en Morelos vivimos una pelea por el control de las instituciones que deberían perseguir el delito y la corrupción, de las instituciones que debería estar al servicio de los ciudadanos y que continúan en manos de políticos que buscan impunidad.

Para nadie es desconocido que los fiscales Uriel Carmona Gándara (General) y Juan Salazar Núñez (Anticorrupción) tenían y tienen conflicto de interés con el ex Gobernador Graco Ramírez quien dejó todo listo y preparado para su salida de la gubernatura en 2018, con un congreso reducido a 20 legisladores, fiscales y recursos a modo, una auditoría destruida y controlada desde 2015 y aumento a 75% la aprobación de municipios para modificaciones constitucionales.

La disputa por las fiscalías no es una disputa por mejorarlas, por hacerlas más eficientes y transparentes para que den resultados, no, no es poque les importe la justicia, es por su control y la impunidad que representa para los que estuvieron, para los que están en funciones y se irán pronto. ¿Acaso hemos visto acciones reales y concretas contra funcionarios de la administración Graquista? Hoy seguimos padeciendo los resultados de una administración y legislatura que dañó a sus ciudadanos.

Tampoco Cuauhtémoc Blanco (y su equipo) busca que las Fiscalías sean autónomas y profesionales, quiere a una persona que le cuida la espalda cuando deje la gubernatura. Lo mismo que muchos políticos “o personajes” como él les llama.

Hoy la legislatura local juega un papel muy importante, aunque aún hay varios legisladores afines a la administración del exgobernador, existe también una relativa conciencia de que los ciudadanos van a castigar a los diputados que no trabajen correctamente. Así los legisladores deben tomar parte en esta disputa por las fiscalías y aprovechar para hacer cambios que ayudarían a mejorar la función pública y combate a la corrupción en Morelos.

Lo primero que pueden hacer los legisladores es realizar modificaciones constitucionales y legales para que los nombramientos de los fiscales, auditor, comisionados del IMIPE, Derechos Humanos, Magistrados y titulares de órganos internos de control sean realmente procesos transparentes y profesionales, que sean procesos que reduzcan al mínimo decisiones opacas y simuladas del Congreso, que hagan más exhaustiva la revisión de los candidatos, más transparente la evaluación de currículums y entrevistas, que permitan la observación y participación ciudadana, para designar a los mejores perfiles. No es ser iluso es algo alcanzable y realizable como lo propone el observatorio ciudadano Designaciones.

Una vez realizadas las modificaciones legales necesarias, podría el Congreso ahora sí, evaluar a los funcionarios, realizar juicios políticos por actos y omisiones de quienes estén al frente de estas instituciones y realizar procesos de designación que permitan cambiar el rumbo y resultados de nuestras instituciones.

Iniciaron con buen ritmo en la legislatura actual, pero si no cambian la desafortunada y lamentable forma de hacer política en Morelos, seguiremos atrapados en la corrupción e ineptitud de un puñado de políticos que mantienen a los ciudadanos sometidos en la angustia, crisis y desánimo por el futuro que nos espera. Por nuestra parte, los ciudadanos debemos mantenernos activos, vigilantes y críticos de quienes no hagan correctamente su trabajo y reconocer también a quienes sí pongan de su parte para mejorar nuestro estado.

Roberto Salinas