Juego de manos - De santos o gansos

Desde su campaña de hace un año, el hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamaba la atención de la ciudadanía mexicana cuando ponía sobre la mesa el uso de la amnistía como herramienta de pacificación nacional. Su mención, luego de la primera respuesta negativa en campaña, se redujo, y la posibilidad de su realización se veía dudosa. Sin embargo, el pasado 15 de septiembre, esta propuesta volvió a hacer ruido cuando se convirtió en iniciativa enviada por el ejecutivo federal hacia el poder legislativo para su revisión y probable aprobación.  

Pero ¿de qué va esta iniciativa? La iniciativa de Ley de Amnistía parte de la perspectiva de que existen personas encarceladas por delitos menores cuyos casos podrían ser reabiertos. En este sentido, tiene como objetivo otorgar la libertad a dichas personas antes de que hayan concluido su condena. Esto posterior a que se realice un estudio de cada caso para determinar si la persona tuvo un juicio justo, si tuvo acceso a un intérprete, o si fueron sus condiciones las que le obligaron a cometer ilegalidades. 

A partir de ello, esta propuesta se centra en los grupos que son más propensos a ser forzados a cometer actos ilícitos por su vulnerabilidad social. Entonces, mujeres, jóvenes y personas indígenas son los agentes de mayor interés para esta iniciativa. Ojo, esta ley no contempla otorgar amnistía a delitos graves, como homicidio, secuestro o narcomenudeo; tampoco a quienes hayan utilizado armas de fuego para cometer el crimen o que sean reincidentes. 

La iniciativa ha sido turnada a las comisiones correspondientes dentro de la Cámara Baja para su estudio; sin embargo, la polémica ya se ha desatado. Quienes están a favor, señalan que, a partir de la aprobación de esta iniciativa, se le brindará un juicio justo a aquellas personas que no tuvieron acceso a uno al momento de su condena; por otro lado, quienes se oponen a esta propuesta señalan que a partir de esta propuesta se abrirá la puesta a la impunidad en los procesos judiciales.  

Es difícil determinar qué postura tiene la razón, habría que esperar a que se definan los procesos a través de los cuales se analizarán los casos, las instancias que realizarán el análisis, y las características que tendrán que cumplir para que se otorgue amnistía. La idea no es mala, los procesos injustos existen, el sistema judicial no es perfecto; sin embargo, pecaríamos de inocentes si no cuestionáramos la efectividad real que esta iniciativa pudiera tener –en caso de ser aprobada– para otorgarle justicia a las y los mexicanos, y la posibilidad de que esta represente un paso hacia la pacificación del país.  

También, valdría la pena pensar en lo que ocurriría después de que se libere a las personas, una vez que la ley se publique en el Diario Oficial. Me explico. La ley pretende dar libertad a aquellas personas cuya vulnerabilidad, principalmente económica, les obligó a cometer delitos para su supervivencia; no obstante, las condiciones sociales y económicas en el país no parecen estar cambiando al ritmo de esta reforma.  

Por lo tanto, ¿qué garantía existe de que al otorgarle la libertad a estas personas, las situaciones en las que continuarán viviendo no les forzarán a adentrarse a la criminalidad una vez más? Si las condiciones de vida del país no mejoran, esta ley abrirá un círculo vicioso en el que las personas salen de prisión únicamente para esperar a entrar de nuevo.  

El tema es complicado habrá que esperar a ver cuáles son las discusiones y modificaciones que se realizan dentro de las dos cámaras; sin embargo, vale la pena reflexionar: en un país en donde el crimen azota a la ciudadanía día con día y la violencia ha causado tanto daño; donde casos de linchamientos se vuelven cada vez más frecuentes y cruentos, y la violencia de ciudadanos hacia ciudadanos crece; perdonar parece tarea de santos (o gansos). 

Y dale con las consultas 

En su conferencia mañanera, el presidente no descarta poner a consulta la legalización de algunas drogas, como la marihuana para usos medicinales. Para López Obrador, el tema de la legalización de las drogas es uno de los eslabones para garantizar la paz y la tranquilidad en México; y que esta consulta se debe realizar con un enfoque en materia de salud; es decir, observando el fenómeno desde las adicciones y las enfermedades que se puedan derivar de ello; y no con una mirada penalista. 

Más allá de las fobias de este columnista por poner en consulta popular los proyectos de esta administración, aquí yo veo un problema grave: el tema que se pondría a votación (en caso de realizarse) sería uno de carácter sanitario, el cual requiere de conocimientos técnicos para comprenderlo por completo.  

Es un asunto de salud pública, un tema que requiere del entendimiento de los efectos que tienen los componentes de estas sustancias en el cuerpo humano, sus efectos secundarios y los peligros que ponerlo a disposición del público en general podría tener, tomando en cuenta que no hay dos cuerpos iguales y cada uno procesa las sustancias a su manera.  

Sería irresponsable dejar esta decisión en manos de la población en general, misma que no cuenta con los conocimientos necesarios para tomar una decisión informada. Esto sin tomar en cuenta el impacto que ello tendría sobre el mercado de las drogas en México, y si dicha legalización permitiría hacer limpieza de los ingresos de quienes tienen hoy el control de la producción de sustancias ilícitas, que se han hecho del dominio del comercio a través del uso de la violencia. 

Por ello, la decisión sobre la legalización de drogas para cualquier fin debe realizarse a partir de una investigación exhaustiva sobre los impactos que ello pueda tener sobre la sociedad, ya sea económicos, políticos, de salud o sociales. Debe ser un grupo sumamente estudiado y actualizado quien institucionalice la producción, distribución, venta y consumo de drogas en el país. Si no tenemos precaución, las hojas de la historia de nuestro país seguirán tiñéndose de rojo. 

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