Juego de Manos - 17 de 17

En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, de acuerdo con información del INEGI. Esta es una cifra alarmante pues, en los casos más delicados, implica que la niñez en cuestión enfrenta graves dificultades para hacerse de una correcta alimentación y, más aún, para acceder a privilegios como educación y recreación, necesarias para su correcto desarrollo—.

En ese sentido, la semana pasada se alcanzó la meta de 17 Congresos Locales que aprobaron la llamada Ley 3 de 3, que establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; así como por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Dichos estados que dieron luz verde a esta medida fueron: Morelos, Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Veracruz, Tabasco, Colima, Coahuila, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Yucatán, Durango y Zacatecas. Con ello, se puede proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación y la posterior entrada en vigor de dicho instrumento.

De esa manera, podemos prever que las implicaciones de esta nueva ley tengan efecto en el proceso electoral del próximo año. Un dato: de acuerdo con información de Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, la cifra de deudores alimentarios en México asciende a los 35 millones.

Ojo, no hay que confundir esta Ley 3 de 3 con la declaración 3 de 3 que ya se encuentra activa, la cual tiene que ver con una rendición de cuenta de los recursos y el patrimonio con el que cuentan todas las personas servidoras públicas.

Esta nueva Ley pone sobre la mesa un nuevo criterio de vigilancia para los perfiles que pretenden ostentar un puesto en la administración pública: el cumplimiento de su responsabilidad como proveedores de la personas económicamente dependiente de ellas y el no haber sido violentadores en materia de género. Ambos tópicos relevantes y vigentes dentro de nuestra sociedad actual. Es decir, en español, que las persona que sean deudoras alimenticias o que hayan sido agresores de género no podrán buscar un cargo público; así como casarse o salir del país.

33 años después

A partir del 2004, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para conmemorarse cada 17 de mayo, a manera de recordatorio de la fecha en que la homosexualidad fue eliminada de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990.

Desde ese momento, hemos vivido un proceso evolutivo permanente en la arena social. Concepciones adoptadas con firmeza por las generaciones anteriores se difuminan y nuevas interpretaciones de lo que es y debe ser surgen a partir de este proceso. Desviando un poco la vista del tema central, dichos pensamientos no se reducen únicamente a la diversidad sexual e identitaria, sino también al cuidado del medio ambiente, las ambiciones personales, la empatía social, los conceptos de éxito, entre muchos otros. Este fenómeno, evidentemente, se replica y replicará con el surgimiento de las nuevas generaciones.

Ahora bien, regresando al tema en cuestión, a pesar de que el escenario contraste con el que se vivía en 2004, y aún más con el de 1990, el camino por delante sigue siendo amplio. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, las cifras negativas en materia de salud mental y discriminación son superiores para la población no heterosexual/cisgénero, lo que lleva a cifras alarmantes como el el que el 26.%  han pensado en suicidarse.

Brevemente, a manera de visualizar el volumen de los sectores antes señalados, el mismo instrumento señala que 4.6 millones de personas en México tienen una orientación sexual no heterosexual (51.7% de este número se definen como bisexuales). Por otro lado, en materia de identidad de género, 908.6 mil personas no se consideran cisgénero (es decir, que su identidad de género no se alinea o coincide con el sexo asignado al nacer), estas personas se pueden definir como transexual, transgénero, con género no binario, fluido, entre otros.

En ese sentido, debemos reiterar la importancia de que nuestros espacios sean inclusivos y seguros para todas las personas, mientras que, en la medida de lo posible, abonemos para retirar pensamientos erróneos y violentos en torno a estos sectores que, como todas y todos, tienen el derecho de habitar en el espacio que compartimos.

Por cierto

La titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Guevara, se vio envuelta en (aún) otra controversia alrededor de sus funciones al frente de esta dependencia federal. En esta ocasión, se trata de un caso que lleva ya varios meses ocurriendo, ya que la selección nacional de natación artística pasó los meses anteriores señalando una falta de apoyo por parte de esta institución, lo que ponía en riesgo el que pudieran asistir a la copa mundial con sede en Egipto. Ello, en un punto, las llevo a vender trajes de baño y para poder costear los gastos de su participación.  

De vuelta al presente, la selección pudo acudir al mundial a partir de su esfuerzo mediático y del apoyo de la iniciativa privada, y afortunadamente, regresaron a México con la medalla de oro. Mientras tanto, la titular mostró rechazo a los señalamientos den su contra, declarando, inclusive, “que vendan calzones, Avón o Tupperware” (esta última marca ya se ha acercado públicamente a la selección para trabajar en conjunto.

La propia Guevara como velocista nacional llegó a ser víctima de las limitaciones presupuestales y de la burocracia federal. Ahora, del otro lado de la ventanilla, sorprende la ineficiencia que tiene al frente de la dependencia que encabeza. Aquí podemos formular dos hipótesis: la primera, la experiencia en el sector objetivo de la dependería no es igual que la capacidad de manejarla; o, aún peor, que el interés por impulsar a las y los grandes atletas de nuestro país se esfumó al momento que ella dejó de ser uno de ellos.

Sea presuntamente incompetencia o corrupción, la realidad es que el papel de Ana Guevara al frente de la CONADE deja mucho que desear y aún más por hacer para dignificar los esfuerzos de quienes representan a México en las diferentes arenas del deporte mundial.

Como diría el maestro Obi-Wan: “te convertiste en aquello que juraste destruir”:

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