Impondrían 8 años de prisión a exrector
Tras su complicidad en la operación fraudulenta denominada: ¨estafa maestra¨
La ejecución tendrá que ser en lo ¨inmediato¨; empero, por la pandemia, ésta se retrasaría
Juan Lagunas
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Paredes Sotelo, manifestó que el exrector de la máxima casa de estudios del estado, Alejandro Vera Jiménez, podría ser sometido a una pena de cuatro a ocho años de cárcel, tras su complicidad (por el delito de “peculado”) en la operación denominada “estafa maestra”.
Asimismo, el jurista precisó que se tendría (en lo inmediato) que “proceder a la ejecución. La sentencia será rápida”; empero, ésta podría retrasarse a causa de la pandemia de covid-19. “Ahora que regresen a trabajar, se va a ejecutar a la brevedad”.
De igual forma, en entrevista (exclusiva) expuso que, derivado de la información que se ha desarrollado, el académico fue sujeto de un “procedimiento administrativo, porque no pudo acreditar los recursos públicos que se le entregaron”.
De igual forma, el experto en abogacía externó que, de lo antes descrito, emergió una resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la cual, “lo ordenan a resarcir” los recursos que se le habían entregado.
Además, el jurisconsulto agregó que, ante este fallo, él (exrector) optó por la obtención de un “juicio de nulidad” ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, éste fue negado. Es decir, “no pudo decretar la ilegalidad exacta”.
Ahora bien, comentó que la SFP posee dos caminos (“y los puede ejercer al mismo tiempo”):
- Iniciar el procedimiento de ejecución de “esa resolución”. Esto, con la finalidad de que se “le embarguen bienes, para garantizar los montos que se le están reclamando”; o sea, de “resarcir: regresar”.
- (Seguimiento de) las denuncias penales que están entabladas en la Fiscalía General de la República.
Lo anterior (consideró Paredes Sotelo), a consecuencia de que Vera Jiménez tiene dos “problemas”: uno de tipo “penal”; el otro: “administrativo”. Reiteró que “ya no hay otras vías, con las cuales se pueda defender…”.
Ante el esquema descrito, expertos en tópicos de combate a la corrupción (consultados por este medio) concluyeron que la SFP podrá llevar a cabo las dos acciones.
Es preciso recordar que, con base en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es “culpable” del desvío de 239.3 millones de pesos.
