Gasto corriente, asfixia municipal
En opinión de Juan Salgado Brito
Juan Salgado Brito 
Todo un asunto de Estado representa el problema del gasto corriente que asfixia a los ayuntamientos y que al no resolverse sin duda impactará en los márgenes de gobernabilidad para todos y cada uno de los municipios de Morelos con la consiguiente conflictividad social por falta de respuesta de la autoridad a las demandas de la población que exige una mejor prestación de servicios públicos, así como obras de infraestructura y mejoramiento del equipamiento urbano municipal. El gasto corriente comprende las erogaciones que se destinan al pago de sueldos, salarios y todo tipo de remuneraciones y servicios al personal que labora en el ayuntamiento desde el presidente municipal, regidores, síndicos, funcionarios y toda la burocracia que allí labora y en la mayoría de los casos el gasto corriente rebasa el 80 por ciento del presupuesto municipal; también entra en el gasto corriente la compra de materiales, mobiliario, insumos y todo tipo de artículos para el funcionamiento administrativo del gobierno así como el pago de luz, teléfono, gasolinas, reparaciones, viáticos, pasajes, gastos de representación y muchos más desembolsos de las arcas municipales que en los últimos años se han incrementado considerablemente.
El gasto burocrático, los altos salarios de los integrantes del cabildo, de los funcionarios del ayuntamiento, pago de privilegios, gastos en imagen y comunicación social sumado a los despilfarros y la corrupción que persiste en muchas áreas de los gobiernos municipales, constituye la pesada obesidad del aparato gubernamental en cada municipio que no los deja avanzar en el compromiso de generar desarrollo y crecimiento con obras y servicios de calidad para su ciudad. Viejos y nuevos vicios con prácticas arcaicas en el ejercicio de la autoridad sin dialogo ni acuerdos con la ciudadanía han generado serio distanciamiento entre muchos ayuntamientos y la sociedad que gobiernan lo cual sin duda complica la gobernabilidad.
El gran reto para los Presidentes Municipales y sus cabildos que entrarán en funciones el próximo 01 de enero, es apretarse el cinturón y adelgazar sus estructuras burocráticas, reduciendo también las erogaciones para todo tipo de gastos administrativos para poder privilegiar la inversión pública, así como para contar con recursos que ayuden a combatir la marginación y el rezago que padecen miles de vecinos en las colonias populares. Ese es el desafío para los nuevos alcaldes y más aún si consideramos que todo presupuesto resulta insuficiente frente a las necesidades y demandas de la población y que ni la Federación ni el Estado están en condiciones de apoyar como antes a los Gobiernos Municipales.
