Escala de Grises - Marea alta

El pasado lunes 6 de septiembre, ocho de las once personas que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron por declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Lo que se planteaba como una situación histórica elevó las expectativas quienes están [estamos] a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La situación se planteó a partir de que, en 2017, la entonces Procuraduría General de la República demandó la invalidez del Código Penal en Coahuila respecto a diversas disposiciones, entre las que se encontraba el artículo 196. En dicho apartado, el estado en cuestión establecía de uno a tres años de prisión para todas aquellas mujeres que decidieran practicar un aborto, así como aquellas personas que decidieran asistirla en el proceso.

Fue el martes 7 de septiembre cuando se abordó la posibilidad de invalidar el artículo citado del código penal estatal y, además, se discutió la constitucionalidad de otros artículos que contemplan las mismas especificaciones. Entre otras cosas, también se debatió el establecimiento de un plazo específico para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Algunos de los argumentos empleados por los ministros se basaron en la dignidad de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pues son ellas quien deben decidir respecto a su cuerpo sin ser sancionadas. El presidente Arturo Zaldívar aseguró que el tema del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos.

Dejar a un lado la moralidad fue algo con lo que no estuvieron de acuerdo los grupos religiosos que se dieron cita en las inmediaciones de la SCJN para realizar oraciones, cantos y rituales en forma de protesta, con el objetivo de que las personas encargadas de tomar la decisión sintieran una brisa que les permitiera entrar en razón (sic.).

Lo que estaba programado para ser un paseo con peligroso oleaje terminó siendo un viaje con el viento a favor, pues la SCJN declaró inconstitucional el hecho de criminalizar y sancionar a las personas que decidieran abortar. La celebración llegó desde Chihuahua hasta Yucatán, se convirtió en un respaldo para quienes habitan en los 27 estados que aún no se pronuncian a favor del aborto: ¡Tierra a la vista!

A partir de esto, una situación que por muchos años fue considerada “normal”, como el hecho de encarcelar a las mujeres que interrumpieran su embarazo pasará a la historia como un oscuro capítulo. Con esta decisión, el Estado [esperemos que por fin] deberá asumir como responsabilidad y obligación brindar los recursos necesarios para que las personas con la capacidad de gestar puedan decidir sin enfrentar una condena por ello.

Esta podría ser una de las tantas anclas que se necesitan para que el Estado contemple la impartición de educación sexual, que invierta más recursos en salud pública y para que sea consciente de la importancia de considerar la garantía de derechos humanos para todas las personas en todo momento.

Hablar sobre este día histórico en cuestiones de interrupción del embarazo, además de celebraciones y aplausos, también implica hablar de responsabilidades. Tenemos muchos senderos por delante que parecen ser un poco menos complicados de atravesar, pero también necesitamos una serie de herramientas para poder llegar a una meta que hace 50, 10 y 2 años parecía tan lejana.

Dejar de criminalizar a una persona por no elegir la maternidad también es un gran avance para comenzar a erradicar la violencia de género que la sociedad [patriarcal] ha perpetrado durante tantos años. Después de este día histórico, las personas podrán decidir interrumpir la gestación sin ser condenadas.

El aborto dejará de ser clandestino, dejarán de morir mujeres que no cuentan con los recursos suficientes para viajar a la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y ahora Coahuila para interrumpir su embarazo, dejarán de ser encarceladas. La inconstitucionalidad respecto a la criminalización de quienes deciden abortar por fin se ha vuelto un hecho en México.

La decisión unánime de la SCJN implica que, a nivel nacional, les jueces no podrán encarcelar a quienes decidan abortar, pues el criterio será obligatorio. El momento fue descrito por el mismo Arturo Zaldívar como “una nueva ruta de libertad, claridad y respeto”. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la victoria aún no es absoluta.

Las normas de los estados permanecen de la misma manera, por lo que las declaraciones de la SCJN deberán ser el impulso necesario para que el aborto sea ley y que México se pinte de verde esmeralda. A pesar de la celebración y el parteaguas que esto representa, el estigma social continúa y la carga moral no se ha erradicado.

Del mismo modo, la resolución de la Corte no obliga a que los estados reformen su Código Penal, por lo que puede ser considerada como un mero mensaje simbólico que sentará un precedente para quienes decidan interponer un amparo en caso de ser necesario. La marea comienza a subir y no se detendrá hasta que la maternidad deje de ser obligada y el aborto sea seguro para todas las personas que así lo decidan.

Nunca más una mujer criminalizada por abortar

arendy.avalos@gmail.com

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