Empleado de Elena-Graco, libre ante débil imputación

Tras una audiencia de más de cinco horas, en donde se desahogaron pruebas en contra y a favor del exdirector de Administración y Finanzas del Sistema DIF Morelos, Alejandro "N", la juez Gloría Angélica Jaimes Salgado señaló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no presentó suficientes elementos para dictaminar la vinculación a proceso en contra del imputado, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Una vez iniciada la comparecencia, la defensa de quien fue empleado tanto de Elena Cepeda (entonces, a cargo de la presidencia del DIF), como del gobernador de Morelos (en el periodo 2012-2018), Graco Ramírez,  presentó datos en concreto y un testigo: el contador de Alejandro, quien describió los estados financieros declarados por su cliente en años anteriores.

El Ministerio Público, representado por el litigante Edgar Núñez, enfatizó sobre las diversas propiedades y adquisiciones que obtuvo el acusado, sin que hubiera un respaldo financiero sólido, lo cual, a decir de la Fiscalía, era razón suficiente para asegurar que los bienes provenían del erario, durante la administración del acusado al frente de la dependencia asistencialista.

En su testimonio, el contador Efrén David Morfín Chávez expresó detalles sobre las declaraciones fiscales de su cliente durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, con lo que la defensa intentó justificar los ingresos del exservidor público.

Según Morfín, el acusado, en su declaración anual del 2010 reportó un ingreso por $1,862,961.00 pesos y para el 2011 la cantidad de $677,622.00 pesos, sólo bajo el régimen de sueldos y salarios por parte de la empresa comercializadora El Palacio de Hierro, sin especificar el puesto o actividad que desarrollaba dentro de esa firma.

Para la declaración del año 2012, reportó dos millones de pesos y para la del 2013 sólo un millón, pero esto como persona física con actividad empresarial.

Al tenor de las cifras mencionadas Edgar Núñez cuestionó al testigo si tenía conocimiento de que su cliente, además de empresario, era funcionario público y tuvo emolumentos por esa actividad, a lo cual el contador respondió con un tajante "NO". Aunado a lo anterior, el testigo respondió que "no recordaba las declaraciones de años más recientes", algo que el abogado acusador calificó como "un testimonio a modo".

Minutos después de las seis de la tarde, una vez que ambas partes alegaron sus motivos para vincular o no al imputado, la juez determinó que no había pruebas contundentes que relacionaran de forma directa al señalado con el hecho ilícito imputado. Sin embargo, sólo destacó  irregularidades en las finanzas fiscales de aquél, las cuales deben ser sometidas a revisión por parte de las autoridades federales competentes.

Finalmente, la juzgadora sentenció que permanecían intactos los derechos de la Fiscalía Anticorrupción para reformular el caso, al tiempo que indicaba al acusado, "deberá ser la autoridad federal quien revise su situación fiscal, por las irregularidades y faltas cometidas en sus declaraciones, más no una autoridad local"; habiendo dicho esto, se cerró la audiencia.

Otro revés de la Anticorrupción

Juan Salazar Núñez fue señalado por diputados, abogados y diversas Organizaciones No Gubernamentales como inelegible para el cargo de fiscal anticorrupción que hoy ostenta, por los vínculos con exfuncionarios del gobierno anterior y con el propio Graco Ramírez, quien lo impulsó al puesto de fiscal. Los críticos de ambos apuntan a la fecha que esto último tenía como fin cuidar las espaldas del exmandatario y los suyos. El exdirector del DIF, hoy a salvo, es alguien cercano a Rodrigo Gayosso, hijo de Elena Cepeda.

La no formulación de acusaciones sólidas en contra de funcionarios del gobierno del que él formó parte, o legisladores afines a Graco Ramírez, con indicios fuertes de haber incurrido en actos de corrupción, han sido señalados como más que una extraña coincidencia, como el caso en contra de algunas exdiputadas, a los que ahora se suma el asunto de Alejandro "N".