El tercer ojo - Sobre educación inclusiva e integración educativa (segunda parte)

En opinión de J. Enrique Alvarez Alcántara

El tercer ojo - Sobre educación inclusiva e integración educativa  (segunda parte)

A: Eliseo Guajardo Ramos

 

Sobre educación inclusiva e integración educativa

(segunda parte)

 

Fe de errata. En El Tercer Ojo del 24/10/20 aparece un error mío en el apartado PRIMERO. Donde dice: "... La Inclusión Educativa, a diferencia de la Inclusión Educativa se orienta...". Debió decir: "la Educación Inclusiva, a diferencia de la Inclusión Educativa se orienta...". Gracias a la Dra. Mayra Santoveña por la observación.

 

Dando continuidad a nuestra reflexión sobre lo que Eliseo Guajardo expone en la serie de artículos que ha dedicado a esta cuestión, abundaré un poco más sobre estos argumentos. Como recordarán, amables lectores, presenté tres líneas de argumentación sobre lo que plantea el autor de los mismos, ahora profundizaré y extenderé los elementos de juicio que sustentan la postura que presento.

 

Mostraba en el texto que para Eliseo Guajardo la diferencia es prácticamente de inclusión de uno o más sectores sociales en la categoría, puesto que mientras en la acepción de Inclusión Educativa se contempla, única y exclusivamente a las personas con discapacidad, en la de Educación Inclusiva se amplía el espectro de consideración. La diferencia estriba en el asunto de la “inclusión de clase”, mientras que en el primer caso se contempla solo un grupo, en el segundo caso se consideran más sectores sociales.

 

Paralelamente señalaba que para Eliseo Guajardo también es un asunto de política pública de Estado y Gobierno que se halla subordinado a cuestiones de acuerdos de política internacional, promovidos por organismos multilaterales (OEI/UNESCO/ONU) y que no tienen, en ningún momento, carácter de exigibilidad jurídica y que responden a las “capacidades” de los diferentes gobiernos que acuerdan impulsar tales políticas, cuando puedan y como puedan, según sus condiciones y recursos, a pesar de que se asuma que estos “Derechos” poseen un carácter vinculante.

 

El asunto final consistió en la corrección o incorrección semántica y pretendidamente jurídica, que no semiológica, de utilizar uno u otro término en nuestro lenguaje.

 

Ahora realizaré un análisis histórico de la cuestión, dado que, de otro modo, estaremos encerrados tras los barrotes de una historiografía impuesta o yuxtapuesta, en función de un arnés llamado “modelos de atención”, inventado a toro pasado para justificar, más que comprender los hechos.

 

Considero que, en principio, el punto de partida de esta historia se localiza en la exclusión como fenómeno social y no como resultado de procesos diagnósticos de carácter clínico, independientemente de la naturaleza que fuesen.

 

La exclusión, como fenómeno social, no aparece con el hecho educativo, le antecede a éste en tiempo histórico y no sólo teórico. La exclusión, incluso, antecede al “descubrimiento” y conquista de nuestra región mesoamericana y regional. Considero que la misma encuentra su sustento en las sociedades divididas en clases y sectores sociales donde unos detentan el poder y la riqueza y otros tienen para sí la miseria y la subyugación. Dicho de un modo categórico: La exclusión, como fenómeno social, halla sus orígenes con el surgimiento de las relaciones sociales de dominio subordinación.

 

Quienes detentan el poder y la riqueza, por su naturaleza, excluyen de estos bienes a los sectores sociales que tienen asignado el rol de dominados.

 

Históricamente se encuentran colocados aquí los sectores sociales clasificados como indígenas, pobres, personas con discapacidad, etcétera y desde tiempos remotos, los gobiernos los han excluido de los beneficios de políticas sociales como la salud, el trabajo, la educación, entre otros tantos asuntos de esta naturaleza.

 

Tratándose de la cuestión relativa a la atención a las necesidades de salud y educación ha sido muy elocuente la marginación de la que se habla.

 

Desde los siglos XIX y XX, las personas con discapacidad, pero no solo ellas fueron excluidas de ambos servicios.

 

Es completa y absolutamente indiscutible e irrefutable que en tratándose de estas dos necesidades (de habilitación y rehabilitación, así como de educación) fueron segregados junto con sus familias. Sin embargo, las necesidades en ambos sentidos no desaparecieron y el sentimiento, por parte de los familiares de las personas con discapacidad, tampoco fueron atendidos.

 

¿Qué hacer ante la ausencia de políticas públicas al respecto?

 

Por un lado, organismos religiosos o filantrópicos trataron de atender estas dos necesidades, de manera conjunta y, por otro, los propios familiares de las personas con discapacidad trataron de diseñar y operar instituciones de carácter asistencial para enfrentar los dilemas que vivían en estos dos sentidos.

 

¿Era este un “modelo de atención” al respecto?

 

No parece así, dado que el sistema educativo ni el interés ni la capacidad de atender educativamente a estas personas tenía, por ello los expulsó, los excluyó. Entonces, errantes y cual parias trashumantes buscaron apoyo en el sector de salud que, naturalmente, ante la obviedad fenomenológica de las problemáticas que en la vida cotidiana mostraban estos menores, primaron la atención a las necesidades de habilitación y rehabilitación de las mismas personas con discapacidad.

 

¿El sistema de salud excluyó al sistema educativo?

 

Tampoco, simplemente el sistema educativo abdicó de su responsabilidad social o mejor dicho, el Estado y gobiernos; prácticamente hasta la década de los años 70 del siglo XX.

 

Cuando fueron creados los sistemas de educación especial no se disponía de experiencias y conocimientos en el área educativa, en consecuencia, ante las demandas de los familiares de recibir la “atención integral”, construyeron un sistema paralelo que, como apéndice, pertenecía y no al sistema educativo, y ello fue asumido por el sector salud, de modo que no había “modelos” de atención. Simple y llanamente se impuso por necesidades políticas de naturaleza práctica, así como por la demanda de los familiares, una manera de “mostrar” que el Estado y Gobiernos sí atendían esta población y “sus necesidades”.

 

Desde luego que el fenómeno social de la exclusión de otros sectores de la sociedad prexistía a esta realidad y pervivió hasta ahora, más allá del discurso y las palabras.

 

No obedece, por ello, la superación de esta etapa histórica de la atención educativa al surgimiento de “novísimos modelos” de atención educativa. Fueron los propios sectores de la sociedad históricamente excluidos los que se organizaron para demandar y exigir su pleno derecho a la participación e inclusión social. Los “modelos” no aparecen súbita y mágicamente, creados por la voluntad de unos personajes, sin la participación histórica y sociopolítica de tales sectores sociales.

 

Considero que, para concluir esta segunda parte y dejar otros asuntos a la tercera, sin un análisis histórico, social y político de la acción de estos sectores sociales en este asunto es una entelequia sin sustento la discusión nominalista de Inclusión Educativa o Educación Inclusiva.