El 92.4 por ciento de los delitos en México no son denunciados

En su última encuesta (2020) el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)[1]; la mencionada pesquisa se centra en el año 2019, en donde observamos que a Nivel Nacional existen datos interesantes, relativos a la principal problemática del país, percepción, sobre los órganos jurisdiccionales, agentes del Ministerio Público y corporaciones de Seguridad Pública locales y porcentajes de impunidad.

Sin embargo, previo a entrar al tema de productividad y percepción de las instituciones en cita, diremos que de la encuesta en mención, se obtiene que el 68.2% de la muestra, considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja hoy en día, un poco más lejos se encuentra el desempleo y la salud. Se sigue advirtiendo que el 82.8 % de la población encuestada, indicó que el lugar donde más insegura se siente es en un cajero automático, lo cual concuerda si tomamos como base que el delito de mayor reincidencia a nivel nacional es el robo en vía pública. Lo realmente importante es que las consecuencias del delito, no solo tienen repercusiones sobre el ente social, o bien, sobre las víctimas directas, aquí existe un dato relevante y es que, las consecuencias de la inseguridad significan una pérdida del 1.53% del Producto Interno Bruto del país.

Los datos enunciados, a criterio del suscrito son alarmantes y las preguntas específicas surgen, ¿qué estamos haciendo mal?, o, ¿qué estamos dejando de hacer las instituciones públicas?, ¿Por qué no hay credibilidad y confianza?. Desde luego que todas estas interrogantes impactan en el nivel de impunidad que tenemos en el país. 

Como bien se dijo, el tema de la inseguridad que impacta en el Sistema de Justicia es un flagelo que no se ha podido erradicar, sin embargo, podemos encontrar sus razones, específicamente en la encuesta en mención, advierte que el 70.1% de la población de 18 años y más que fue encuestada, estima que en los Poderes Judiciales existe corrupción y solo el 56.9 % tiene una percepción de confianza.

Con lo que respecta a los agentes del Ministerio Público, no existe una mejor postura, atendiendo que el 65.9% de la población considera existe corrupción en las agencias del Ministerio Público, y solo el 56.0% considera que son servidores públicos de confianza.

            Por último, respecto a las corporaciones policiacas, aunque en la encuesta los dividen en Policía Estatal, Municipal y de Transito, se advierte a manera de promedio que el 69.7% de la población encuestada, estima que los cuerpos de seguridad son corruptos.

Que provoca lo anterior, que se arraigue la impunidad a consecuencia de que la mayoría de los delitos 92.4% no se denuncian, lo que genera un concepto denominado cifra negra, que son las personas que no acuden ante el agente del Ministerio Público a realizar una denuncia y/o querella, así la sociedad estima que es una pérdida de tiempo, esto lo estableció el 36.3% de la población encuestada, mientras que el 15.0% se abstiene de realizar su denuncia por desconfianza en la autoridad, aunado a que del 44.5% de las carpetas de investigación realizadas, no sucedió nada o no se continuó la investigación, mientras que solo el 4.0% de las víctimas obtuvo una reparación del daño.

Bajo el esquema que se presenta, surge la pregunta ¿qué nos queda por hacer como gobierno en sus tres niveles?, como se observa la inseguridad, corrupción y ausencia de confianza, son conceptos que de manera reiterada se presentan en la vida social, sin embargo, los que conformamos o trabajamos dentro de las Instituciones  de Gobierno, debemos hacer una reflexión sobre lo que se ha dejado de hacer o bien si estamos haciendo solo lo necesario, ante este panorama tan complejo, se requieren esfuerzos extraordinarios, y a que me refiero con esto, simple, sin importar ideologías, creencias, origines sociales, económicos y políticos, es un deber dejar de lado las diferencias, quizás aprendiendo a vivir en constitución, trabando en los valores y principios éticos en el hogar y en las escuelas.

Existe un reto importante, generar la coordinación entre instituciones para provocar acuerdos que generen resultados, pero para esto, se requiere unidad por el País, sin importar el partido o la persona que este al mando del Ejecutivo Federal o incluso Local, recordemos que las leyes buscan un bien común y ese bien social, solo se logra trabajando en unidad.

Aún estamos en tiempo de que las instituciones logren consolidarse, afianzarse y generar un cambio en la percepción social, para esto debemos recordar que estamos en una postura de servicio hacia el núcleo poblacional.  

En los poderes judiciales debemos retomar los principios y valores éticos en la función jurisdiccional; trabajar en una reforma profunda en los sistemas de designación de sus funcionarios; fortalecer la carrera judicial para que sea una realidad, pues esta es el alma de todo el sistema judicial; revisar la calidad moral de quienes imparten justicia; fuerza y determinación en las sanciones para los funcionarios corruptos de todos los sistemas de justicia. Por último y no menos importante México requiere una justicia con rostro humano cercana a la gente.

“Justicia y Libertad”

CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES.

Magistrado y Director de la Escuela Judicial del TSJ Morelos.