Serpientes y escaleras - ¿Qué pasa con el fiscal?

En opinión de Eolo Pacheco

Serpientes y escaleras  - ¿Qué pasa con el fiscal?

Varios jueces han ordenado la liberación inmediata de Uriel Carmona. Y aún así sigue detenido

 

¿Qué pasa con el fiscal?

Los procesos, en plural, que enfrenta el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara emulan un thriller político de varios capítulos. Lo que estamos observando es una lucha política que se mueve en un campo legal, en donde hay dos grupos en disputa y muchos observadores con opiniones divididas. Este miércoles por tercera ocasión el fiscal morelense obtuvo una suspensión para ser liberado de manera inmediata y sin embargo una vez más fue aprehendido antes de poder irse, que lo detuvieran una vez más no fue sorpresivo para nadie, lo que llamó la atención fue que se trató de otro delito. La nueva acusación es por tortura.

Veamos el tema en perspectiva: el 04 de agosto corporaciones de seguridad federales encabezadas por la Marina Armada de México rodearon el domicilio particular de Uriel Carmona Gándara y bajo el mando de la CES, a petición expresa de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de aprehensión contra el fiscal de Morelos por su probable participación en delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia en el caso de las investigaciones sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Luego de su captura fue ingresado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

A partir de ese momento comenzó un intenso debate legal y público sobre la legalidad de la detención; para unos se trató de un acto que violentaba su fuero y representaba una violación a la autonomía del estado; para otros se trató de un acto de justicia. Los abogados de Carmona Gándara centraron su defensa en el fuero, no impugnaron el proceso ni la inocencia del fiscal, simplemente señalaron que el funcionario cuenta con protección constitucional y no debe estar tras las rejas.

El duelo entre el fiscal y la FJCDMX se combina con el conflicto que a nivel federal sostiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el poder judicial, a quien reducirá de manera importante su presupuesto en el 2024 y al que no deja de acusar de servir a los intereses de grupos de poder y de la delincuencia organizada. Por este motivo a nadie sorprende que todos los temas de la 4T que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se observan con lupa política y en la mayoría de los casos se resuelven en contra de los morenistas. Pero regresemos al caso de Morelos.

En la primera audiencia la defensa del fiscal de Morelos argumentó que su detención fue ilegal porque violentaba su fuero constitucional, añadieron que el delito por el cual había sido privado de su libertad no estaba tipificado como grave y tampoco ameritaba prisión preventiva. El juez no tomó en cuenta estos argumentos y a petición de la FJCDMX lo recluyó.

Posteriormente, el 01 de septiembre, los abogados de Carmona Gándara obtuvieron una suspensión del juzgado décimo que ordenaba liberar inmediatamente al fiscal, pero al momento de que el acusado salió del reclusorio fue detenido por segunda ocasión, ahora por elementos de la Policía de Investigación, quienes le mostraron une nueva orden de aprehensión, ahora por Encubrimiento por Favorecimiento. El inculpado volvió a ser ingresado a la cárcel capitalina, pero el 05 de septiembre fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece hasta ahora.

El miércoles 13 de septiembre el juzgado séptimo concedió una nueva suspensión al fiscal de Morelos y ordenó su libertad inmediata; las horas transcurrieron y alrededor de la media noche, aún sin salir del Centro de Readaptación Social Número Uno “El Altiplano”, Uriel Carmona Gándara fue detenido una vez más, esta vez por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, acusado de tortura en contra de Luis Alberto Ibarra Ramírez “El Diablo”.

Esta última orden de aprehensión es distinta a las anteriores no solo porque se trata de un delito diferente: en el caso de Ariadna Fernanda el fiscal es señalado por entorpecer una investigación, por ser omiso en su actuación y no ser diligente en las investigaciones; la tortura es un delito de Lesa Humanidad, es decir, se trata de un crimen considerado grave no solo en la legislación estatal y del país, forma parte de tratados internacionales, incluyendo la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El delito de tortura no prescribe y por este mismo crimen varios expresidentes de otros países han sido llevados a juicio; en este hecho en particular se trata de una trasgresión con agravantes sobre el cuál no hay manera de argumentar fuero, aunque sí es posible combatirla si la FGE así lo quiere, porque ahora el balón está jurídicamente en la cancha del grupo del fiscal.

El acto de tortura que da pie a la captura fue cometido en Morelos y fue un juez de Morelos el que concedió la orden de aprehensión, ergo: ya no se puede alegar violación a la autonomía estatal; de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución Política local, el Fiscal General de Morelos no tiene fuero estatal y en el caso de El Diablo, Uriel Carmona Gándara no es el único funcionario que habría cometido la infracción; al fiscal se le señala por estar al frente de la dependencia, pero falta identificar a los elementos que directamente habrían participado en las agresiones. Y ellos no tienen fuero de ningún tipo.

¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción de Morelos detuvo al fiscal? Luego de que se denunciara la tortura en el caso de Luis Alberto Ibarra Ramírez “El Diablo”, inició un proceso contra la juez que ordenó su liberación; de ahí derivan distintas actuaciones de índole penal que incluyen una solicitud de aprehensión contra el fiscal Uriel Carmona Gándara, misma que fue mandatada a la FECC para su ejecución desde el poder judicial. Más claro: la denuncia de tortura no la presentó la Fiscalía Anticorrupción, ni sus elementos actuaron por gusto, de hecho, la dependencia a quien correspondería actuar es la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, la detención derivó de la orden de un juez y por esa misma razón, aunque quien ejecuta la acción contra el fiscal es la oficina de Juan Salazar, la decisión viene de una instancia distinta. Un elemento más: a pesar de que en un inicio se dijo que el fiscal sería trasladado al penal de Atlacholoaya, hasta ahora continúa recluido en El Altiplano.

Lo que estamos viendo es una historia muy compleja, es una lucha de poderes que involucra a varias dependencias, muchas acciones y distintas variables que solo pueden entender los directamente involucrados. Imputar a Uriel Carmona Gándara el delito de tortura suena fuerte, pero poner el tema en la cancha de la Fiscalía de Morelos es una decisión difícil de entender, porque otorgan al grupo del fiscal la posibilidad de liberar al acusado. A menos que se trate de una acción distractora, es decir, un recurso para ganar tiempo mientras otras acciones de la FJCDMX se concretan, de ahí el hecho de no dejarlo salir del Altiplano, porque saben que ese camino no les llevará a ningún lado y lo único que buscan es distraer al rival.

El duelo entre la defensa legal de Uriel Carmona Gándara y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México aún está lejos de terminar y todo indica que la presión federal continuará hasta que el fiscal morelense dimita. Si lo observamos solo desde el punto de vista de la ley, Uriel Carmona Gándara será liberado en breve, aunque de hecho nunca debió ser apresado. Pero como lo que ocurre no es estrictamente jurídico y es más bien una batalla política en donde cada una de las partas está ejerciendo presión y utilizando las herramientas que tiene a su alcance, el desenlace es de pronóstico reservado.

El fiscal de Morelos no está enfrentando al gobernador, lucha contra la fiscalía de la Ciudad de México y todo lo que representa.

·         posdata

Es evidente que al encargado de despacho de la Fiscalía General de Morelos no le agradó que la Fiscalía Anticorrupción ejecutara una orden de aprehensión contra el fiscal Uriel Carmona. El enfado de Carlos Andrés Montes Tello quedó de manifiesto con la remoción del responsable de la FECC y la expulsión definitiva de Juan Salazar.

Recapitulemos: el miércoles el aún fiscal anticorrupción de Morelos Juan Salazar Núñez presentó su licencia “temporal” al cargo para inscribirse en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; me ausentaré por 30 días, dijo, al tiempo de reiterar que en caso de no obtener la magistratura se reintegraría a sus funciones de fiscal.

Luego de que se conociera que la nueva detención de Uriel Carmona estuvo a cargo de elementos de la FECC, se informó que “… el Doctor en Derecho Juan Jesús Salazar Núñez presentó su renuncia al cargo y por tanto ha concluido definitivamente su función… en el contexto de nuestra continua labor para prevenir, detectar e investigar cualquier hecho de corrupción se ha iniciado el proceso para la suspensión y cese de diversas personas servidoras públicas adscritas a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que se encontraban bajo investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La decisión de su cese se basará en un riguroso proceso de investigación y evaluación, donde serán respetados en todo momento los derechos de los involucrados… hacemos un llamado enérgico a las autoridades judiciales y administrativas para que, en virtud de la importancia de mantener la integridad y la legalidad de las funciones de las instituciones, no se permitan sorprender por quienes ya no continúen desempeñando funciones que puedan comprometer la ética y responsabilidad del servicio público a su cargo”.

La orden de detener al fiscal Uriel Carmona no fue iniciativa de la FECC, fue mandatada por un juez, pero la Fiscalía Anticorrupción no informó de ello al vicefiscal Carlos Andrés Montes y ello obviamente fue interpretado como un acto de traición.

·         nota

El ambiente social y político que envuelve el proceso legal contra Uriel Carmona Gándara es parte de la lucha entre poderes y se meterá de lleno al proceso electoral. El fiscal tiene el apoyo del congreso y de la comisión de derechos humanos; se suponía que también estaba de su lado la fiscalía anticorrupción de Juan Salazar, de ahí su remoción y la designación de un nuevo fiscal luego del operativo en el Altiplano.

En los próximos días Cuauhtémoc Blanco solicitará licencia al cargo de gobernador, seguramente será temporal hasta que la constitución de la Ciudad de México y las reglas de Morena lo obliguen a irse de manera definitiva; en ese momento entra a escena el congreso, porque serán ellos quienes designarán a un gobernador sustituto y pueden nombrar a alguien opuesto al futbolista. La historia tendrá diferentes matices, dependiendo si en ese momento Uriel Carmona está en libertad, sigue siendo fiscal o continúa privado de su libertad.

Esta clase política se lleva muy pesado.

·         post it

No pierdan de vista a Joel “N”, el funcionario de la Fiscalía de Feminicidios que fue detenido la semana pasada por la posible comisión de delito de feminicidio en su calidad de auxiliador. Lo mantienen recluido en el reclusorio oriente de la CdMx.

·         redes sociales

Dos refranes ad hoc al momento:

1-      En juego donde hay desquite, nadie se pique.

2-      Los carniceros de hoy serán las reses de mañana.

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