Destaca Margarita la iniciativa de ley en favor de pueblos y comunidades

En un acto de profundo significado histórico y social, la gobernadora Margarita González Saravia encabezó la entrega de la iniciativa de reforma al artículo 2 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, impulsada por la diputada Guillermina Maya Rendón, con la cual se reconoce de manera plena la identidad, libre determinación y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromorelenses, elevándolos al más alto nivel jurídico: la Constitución Política estatal.

Durante la ceremonia, realizada al exterior del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, antes Palacio de Cortés, la mandataria estatal destacó que esta iniciativa representa un acto de justicia y dignidad, resultado del trabajo colectivo de las comunidades y de un proceso legislativo que escuchó directamente sus voces y propuestas.

“Que no se quede en un acto protocolario la entrega de esta nueva legislación, sino que de manera constante el pueblo decida sobre lo que quiere. En este estado, vamos a hacer, vamos a ayudar y vamos a colaborar para que las comunidades indígenas sean nuestra voz de mando. En este gobierno, el pueblo manda”, afirmó González Saravia.

La iniciativa fue entregada formalmente por la concejal vocera del municipio indígena de Hueyapan, Araceli Tapia Hernández, a la titular del Poder Ejecutivo, quien reconoció el compromiso de la diputada Guillermina Maya por integrar las propuestas de todas las comunidades de Morelos a través de foros y asambleas regionales.

Margarita González Saravia subrayó que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromorelenses no sólo es un deber legal, sino un principio ético de su administración, que impulsa una visión de gobierno plural, incluyente y de territorio, donde las decisiones se construyen desde abajo y con la participación directa del pueblo.

En el evento se contó con la presencia del jefe de la Oficina de la Gubernatura, Héctor Javier García Chávez, diputadas y diputados locales, presidentas y presidentes municipales, regidoras, regidores, autoridades auxiliares, comisariados ejidales y comunales, representantes académicos, investigadores y ciudadanía en general y diversas autoridades estatales y municipales.

En México, se han realizado esfuerzos significativos en los últimos años para reconocer y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, aprobada en septiembre de 2024, es un ejemplo de estos esfuerzos. Esta reforma reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La reforma también establece la obligación del Estado de consultar previamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas antes de tomar medidas que puedan afectar sus derechos y intereses. Esto es un paso importante hacia la protección de los derechos de estos grupos y la promoción de la igualdad y la justicia.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 también reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con capacidad plena para construir su propio desarrollo y bienestar. Este plan es resultado de un ejercicio democrático y participativo que incluyó la voz de los pueblos indígenas y afromexicanos a través de 57 foros de consulta realizados en las 32 entidades federativas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su apoyo a la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha destacado que esta reforma es un significativo avance hacia la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En México, se han implementado programas y políticas para promover la igualdad y la justicia para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, por ejemplo, busca promover el desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas y afromexicanos a través de la implementación de políticas públicas integrales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha jugado un papel importante en la promoción y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La CNDH ha emitido recomendaciones y pronunciamientos sobre la protección de los derechos de estos grupos y ha implementado programas de formación y capacitación para servidores públicos.

La educación es un tema prioritario en la agenda de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La reforma constitucional establece el derecho a la educación intercultural y plurilingüe, y se busca promover la educación bilingüe y la formación de profesionales indígenas.

La salud es otro tema importante en la agenda de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La reforma constitucional reconoce el derecho a la salud y establece la obligación del Estado de proporcionar atención médica y medicamentos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones es fundamental para el desarrollo y bienestar de sus comunidades. La reforma constitucional establece el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean efectivos en la práctica.

La sociedad civil y las organizaciones indígenas y afromexicanas han jugado un papel importante en la promoción y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Estas organizaciones han trabajado para visibilizar las demandas y necesidades de estos grupos y han presionado al Estado para que tome medidas efectivas para proteger sus derechos.

La cooperación internacional también ha sido importante para el avance de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en México. La ONU y otras organizaciones internacionales han brindado apoyo técnico y financiero para la implementación de programas y políticas en favor de estos grupos.

En conclusión, los esfuerzos hechos en México en los últimos años en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son significativos y representan un paso importante hacia la protección y reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean efectivos en la práctica y que se logre una verdadera igualdad y justicia para estos grupos.