Decreto pone en riesgo cargo de Cuevas López

El Poder Ejecutivo decretó ayer un acuerdo surgido en el Legislativo, por el que se disminuye de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial.

El pasado 24 de junio, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo, con el que se elimina el privilegio que otorgó la 53 Legislatura a los magistrados, en el sexenio de Graco Ramírez, a fin de durar -por única ocasión- 20 años en el cargo, pero el Ejecutivo hizo observaciones e incluso anunció un posible veto.   

Sin embargo, de manera sorpresiva, se determinó publicar este martes en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, en su número 5743, para su entrada en vigor de forma inmediata. el decreto 427 por el que se dejó sin efectos el 2610, publicado en el mismo medio, el 30 de mayo de 2018 “por el que se expiden los Nombramientos a los Magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del Decreto Número 1613, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5477, del 24 de febrero de  2017".

Con el decreto publicado ayer, la magistrada presidente del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, tendría que dejar el cargo, debido a que desde el 4 de julio pasado cumplió la temporalidad que marca la Constitución Política del Estado (14 años) y no podría seguir al frente del Tribunal Superior de Justicia.

Responde la magistrada presidente

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, señaló que se encuentra analizando los recursos legales a los cuales recurrirá, en caso de ser necesario, esto después de que ayer fue publicado el decreto arriba mencionado.   

Señaló, en un desplegado enviado a los medios, que el decreto publicado ayer no tendría legalidad, siendo que proviene de un punto de acuerdo, por el cual “no se cumplió con el proceso legislativo”. Aludió a las precisiones que emitió un juez federal al respecto, quien señaló que “en el punto de acuerdo son meramente observaciones, los cuales no tienen los alcances contra una reforma constitucional”.

Cuevas López dijo desconocer cuál es la intención [de la publicación del decreto], e indicó que ningún punto de acuerdo puede estar por encima de la Constitución. Señaló que “no puede permitir que en el Tribunal de Justicia se hagan injusticias”.

Ante la posibilidad de solicitar un amparo, aseguró que sólo se encuentran analizando la situación, y aseguró que como “justiciables”, los propios magistrados, no podrían ser destituidos puesto que tienen derechos constitucionales, a nivel federal e internacional.

Lo anterior, se basa, según Cuevas, en los nombramientos que se dan mediante reformas constitucionales, por lo cual, redundó que, un punto de acuerdo no tendría, en ningún momento la autoridad ni legalidad para destituirlos, y señaló que “no está siendo destituida”, aun con el decreto publicado.

“En este caso, el acuerdo parlamentario no tiene ningún efecto, ningún alcance jurídico, aunado a lo anterior, en días pasados, se hizo unas ruedas de prensa donde decían que apenas iban a aprobar otra vez e iban a hacer caso a las observaciones que el gobernador había hecho, sin embargo, tengo entendido que el congreso, en ningún momento no abordó el tema, ni mucho menos que se haya llevado el proceso legislativo”, expresó.

Dijo ignorar las intenciones que esta acción haya tenido como trasfondo, al tiempo que lamentó “cualquier intención que ellos puedan tener (sin especificar quién), y ocupen la personalidad institucional para cometer, o que se presten, para este tipo de cosas”.     
Aludió a la reunión de presidentes de tribunales que se llevó la semana pasada, en donde el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló la “autonomía del Poder Judicial”, lo que según ella se reflejaría en respeto a los magistrados.

A pesar del señalamiento sobre qué “si no existe respeto hacia el Poder Judicial” expresó que eso lo determinará la instancia “correspondiente”, reiterando su posicionamiento sobre su defensa legal, pues considera que en ningún momento el decreto publicado estaría por encima de una reforma constitucional, dejando en claro que continúa en funciones de manera normal.