Buscan alcaldes reactivar el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración
Al trascender que el pago de laudos es un serio problema para los presidentes municipales. Compromete sus finanzas, pero también existe el riesgo de suspensión de sus labores .
El pago de laudos es un serio problema para los alcaldes de Morelos y ante el colapso financiero que enfrentan los municipios, buscan los ediles reactivar el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración.
Sobre esto, el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corana Damián, informó que se planteó a la junta del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) reactivar el fondo para el pago de laudos por juicios laborales, que según el edil recibieron de las administraciones pasadas.
Dijo que es un problema común en los gobiernos municipales y además compromete sus finanzas, pero también existe el riesgo de suspensión de sus labores a los actuales alcaldes.
Sólo en el caso de Cuautla, el municipio que enfrenta el mayor número de demandas con cerca de 600 por un 200 millones de pesos aproximadamente, dijo; aunque también reconoció que el Ayuntamiento “ya no aguanta más deudas”.
Sin embargo, no es el único municipio que enfrenta este problema, también está Ayala y Puente de Ixtla, por esta razón solicitarán al Congreso del estado reactivar el fondo para ayudar a sanear sus finanzas.
“Para el próximo año buscaremos crear esa bolsa para pagar los laudos laborales, la petición la haremos al Congreso del Estado y al Gobierno para que nos ayuden, debemos reactivarlo, es lo que hemos estado platicando con los presidentes municipales, ya llevamos seis meses y no hemos podido librar el problema”, dijo el edil.
En el 2016 se creó el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal con recursos de las participaciones federales por más de 56 millones de pesos para ayudar a los problemas económicos derivados de los pasivos en los municipios.
Actualmente en Morelos los municipios adeudan cerca de 560 millones de pesos y existen más de seis mil 500 denuncias laborales en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).