Atención a víctimas, hasta fin de vacaciones de burócratas

Francisco Zapata / Héctor Rangel
Sin dejar guardias, todo el personal de la Comisión respectiva está de asueto
Las familias de afectados por brutalidad policíaca deben esperar a que acabe el descanso de Nadxieelii Carranco
El presupuesto millonario que maneja la CEARV contrasta con los nulos apoyos a los agraviados, su razón de ser

Atención a víctimas, hasta fin de vacaciones de burócratas
Las víctimas de los hechos de brutalidad policíaca de noviembre de 2017, responsabilidad del Mando Único de Graco Ramírez y Alberto Capella, además de cualquier persona que requiera el respaldo de la CEARV, deberán esperar dos semanas a que su titular y personal retornen de sus vacaciones.
Atención a víctimas, hasta fin de vacaciones de burócratas

Las familias de las víctimas mortales por la brutalidad policíaca de hechos en noviembre de 2017, y quienes resultaron dañados y con estragos por esa agresión, deben recibir la reparación integral del daño, según lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación  21VG/2019, para lo cual, la labor del organismo encargado de atender ello es factor fundamental. Sin embargo, quienes tienen más de año y medio en espera de que se les resarza parcialmente por lo sufrido, tienen ahora que esperar el fin de las vacaciones de los burócratas que deben atenderlos.

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) se ausentará por dos semanas, a partir de este lunes, por lo que no podrá atender lo relativo a lo que exige la CNDH, donde juega un rol fundamental, sino hasta que la comisionada ejecutiva del organismo, Nadxieelii Carranco Lechuga, y todo su personal, haya retornado de su primer descanso de 15 días del año (goza de dos, anualmente).

A diferencia de otros entes gubernamentales actualmente con goce de asueto, donde se establecen guardias para mantener la atención al público, en la CEARV, y sin algún aviso en su sitio de internet, simplemente no hay nadie desde este lunes 15 de julio.

Una hoja tamaño carta, pegada junto al portón de las oficinas de la Comisión, es el único mensaje al público que brinda una escueto aviso sobre a la ausencia del personal en dichas instalaciones. En el texto, se puede leer que decidieron suspender labores del día 15 al 29 del presente mes. “Por su atención, gracias”.

En el portal tampoco se da alguna recomendación sobre qué hacer en caso de requerir su asistencia, en un área tan delicada. Quienes tuviesen que solicitar su asesoría en estos días, y pese a haber entrado al sitio web, quizá decidan acudir a las oficinas, ubicadas en la calle Galeana, del centro de esta ciudad capital, solo para descubrir que no hay nadie.

La CNDH recomienda al Gobernador de Morelos que, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, proporcione a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño; lo mismo,  a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, "y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos".

En todo lo anterior, la CEARV juega un papel  fundamental. Este lunes, el gobierno del estado anunció que se acataría de inmediato el documento del ombudsman nacional. Sin embargo, las víctimas de aquel lamentable suceso tendrán que esperar hasta finales de mes para que la Comisión pueda comenzar a brindar la atención a la que está obligada.

 

Grandes sueldos, nulos resultados

 

La atención puntual que brinda Carranco Lechuga al calendario de sus vacaciones contrasta con su papel como cabeza de la Comisión, presunta responsable de apoyar a las víctimas de la delincuencia y la ineptitud gubernamental. Puesta en el cargo por el exgobernador Graco Ramírez, la funcionaria de descanso actualmente, y quien goza de un sueldo mensual superior a los 56 mil pesos, ha sido señalada por la ineficiencia en cumplir con la misión del organismo que encabeza.

En marzo pasado, entre otros, el Colectivo de Víctimas exigió la renuncia de la funcionaria, en el marco de la comparecencia de ella ante el Congreso, Poder al que se le informó que el presupuesto millonario con el que se cuenta en esa oficina burocrática sólo había servido para que dos personas hubiesen sido beneficiadas en cuanto a reparación de daños como víctimas.