Violaciones graves a Derechos Humanos en gestión de Graco

Ejecución arbitraria de seis personas por parte de elementos del Mando Único del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, uso excesivo de la fuerza, trato cruel, inhumano y/o degradante quedaron evidenciados y señalados por el ombudsman nacional, quien emitió la recomendación 21VG (GRAVE) por grandes violaciones a los derechos humanos en el estado.

Se trata de una masacre llevada a cabo por policías estatales, comandados entonces por Alberto Capella Ibarra, en noviembre de 2017, sin mediar órdenes judiciales, en tres operativos, donde allanaron domicilios en los límites entre los municipios de Cuernavaca y Temixco, y ejecutaron ilegal y arbitrariamente a seis personas, dos de ellas, menores de edad.

Junto con lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que hubo detención arbitraria de siete personas, dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el agente del Ministerio Público, "siembra" de un arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

La recomendación va dirigida al actual gobernador del estado y al fiscal general de la entidad.

Al gobierno morelense, como institución, se le atribuye la "implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes en dicha entidad; a la Fiscalía General de Justicia, dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, y a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad, las irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017 en Temixco, Morelos".

Por lo anterior, la CNDH recomienda al Gobernador de Morelos que, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, proporciones a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño; lo mismo,  a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, "y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos".

Igualmente, debe colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que las distintas dependencias lleven a cabo para esclarecer los hechos criminales. Se destaca su necesaria coadyuvancia en lo que respecta a la investigación del personal involucrado en la dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación policial "que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima".

También se le pide: "implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; fortalecer, con las autoridades municipales de la entidad, mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justica, acorde con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU".

En tanto, la Fiscalía General estatal, en el ámbito de su competencia, deberá continuar con la investigación respecto de la manipulación de los cadáveres de 3 víctimas, y "continuar con la integración de las investigaciones de los homicidios de 6 personas, incluidos 2 infantes, para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia, y también deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las 6 personas privadas de la vida".

Herencia maldita

El gobierno de Graco Ramírez hereda, así, a su relevo en el Ejecutivo estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, las consecuencias de las acciones criminales y delincuenciales de elementos del Mando Único, corporación diseñada y controlada por el entonces comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra (hoy, en un cargo similar en Quintana Roo), bajo la complacencia y guía del exmandatario.

En octubre de 2018, El Regional publicó un reportaje donde se evidenciaba que ninguna de las recomendaciones que el tabasqueño recibió durante su gestión, por parte de la Comisión, fue cumplida completamente, y la atención a cada una de ellas, como esta nueva que este domingo se dio a conocer, y que deberán ser atendidas por el nuevo gobierno de Morelos, el cual no tiene responsabilidad legal alguna en la comisión de las violaciones correspondientes, pero sí en su atención.

Durante el sexenio del Ramírez Garrido, la CNDH envió al gobierno encabezado por él cinco recomendaciones: la 2013/20, la 2015/20, la 2015/54, la 2016/26 y la 2016/48. En todos los casos, dicha autoridad receptora "aceptó"; cada una de ellas, pero no concluyó la atención de ninguna de manera completa, a decir de la información proporcionada por la Comisión a este medio, a través de una solicitud en ese sentido, respondida el 1 de octubre de 2018.

Entre otras, destacó la recomendación relacionada con el caso Tetelcingo (Rec. 2016/48). En octubre pasado, en El Regional se publicó:

"Uno de los sellos que permanecerán indelebles en la historia de Graco Ramírez frente al gobierno morelense es el caso Tetelcingo. La Recomendación 2016/48 exigió atender diversos aspectos de la violación al derecho de acceso a la justicia, en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y la violación al derecho a la verdad, relacionado con la irregular inhumación de al menos 119 cadáveres , en un panteón también irregular en la comunidad citada, municipio de Cuautla.

"En este caso, se registra un 0 (cero) por ciento en el cumplimiento total de lo observado por la CNDH al gobierno estatal, directamente relacionado con la reparación del daño, nuevamente: reparación integral del daño que contemple atención médica y psicológica a los familiares de VI1, VI2, V9 y V58, en calidad de víctimas indirectas, afectados por la inadecuada procuración de justicia e irregular inhumación, así como una compensación y/o indemnización justa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos conforme a los lineamientos de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del delito.

"También se instruyó que se continuará investigando terrenos donde se advierta o presuma que están siendo utilizados como panteones de manera irregular y, en caso de existir, resguardar el lugar para su preservación y elaborar un calendario en coordinación con la FGE en el que se apeguen al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense que se homologó mediante acuerdos 02/2016, 03/2016 y 04/2016 de la FGE".

NOTA: Las imágenes que acompañan este texto corresponden a gráficos realizados por la CNDH, fruto de su investigación y son parte de la Recomendación de la que aquí se da cuenta. En varios de ellos, se evidencia que algunas de las víctimas fueron atacadas por detrás y en condiciones en que no amenazaban a los elementos policiacos.