Una reforma necesaria

La desaparición de personas, es uno de los mayores problemas que en la actualidad tiene México, que constituye una violación grave de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida.

En la actualidad en México según la última cifra ofrecida por el subsecretario de Derechos Humanos, 73 mil 201 personas están sin localizar desde 1964, aunque la gran mayoría es posterior a 2006. Entre enero y junio de 2019 se registraron 3,679 desaparecidos, mientras que para el mismo periodo en 2020 se reportaron 2,332 desaparecidos.

Según este registro, entre 1964 y junio de este año se reportó la desaparición de 177 mil 844 personas. De ellas, 104 mil 643, el 58,84%, fueron encontradas y 73 mil 201 siguen sin ser halladas. De las personas a las que se encontró, 98 mil 242 aparecieron con vida y 6 mil 401 habían fallecido. 

Si bien la desaparición de personas, por si solo es uno de los grandes problemas que enfrenta México, si a este le sumamos la corrupción y la falta de empatía por parte de nuestras autoridades, este problema se hace aún mayor; la falta de actividad por parte de las autoridades al momento de denunciar una desaparición de personas, ha llevado a los familiares a que por sus propios medios se dediquen a la búsqueda de su ser querido.

Los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, ha traído como consecuencia que sean los propios familiares de los desaparecidos quienes en un desespero de saber el paradero de sus hijos, esposas, esposos, etc, se avoquen a su búsqueda, con el apoyo de asociaciones dedicadas a la búsqueda de personas; no es indiferente ver en los medios de comunicaciones noticias en donde se hace saber que los familiares de los desaparecidos con palas y picos, salen a la búsqueda de sus familiares, y en algunos caso encontrándolos ya sin vida.

De lo anterior, podemos precisar que México enfrenta un problema estructural, en cuanto a desaparición de personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país.

A Nuestro país, le hace falta una reforma que permita a los familiares de personas desaparecidas tener acceso a una justicia pronta; puesto que en la actualidad para iniciar la búsqueda de una persona reportada como desaparecida deben pasar 72 horas, cuando en la mayoría de los casos en donde las víctimas son encontradas muertas, las primeras horas son cruciales; si se tuviera una respuesta más pronta por parte de las autoridades quizá el índice de personas encontradas sin vida bajaría, y las y los ciudadanos empezarían  a confiar más en las autoridades de nuestro país.