Serpientes y escaleras - Sopapo legislativo

El presupuesto aprobado por el congreso es un golpe al gobernador, pero nada más.

Sopapo legislativo

Las diferencias personales y políticas entre los diputados del G15 y el gobernador Cuauhtémoc Blanco son evidente, inocultables. El presupuesto aprobado por este grupo de legisladores va más allá de lo financiero, representa un golpe político al ejecutivo, una especie de desquite porque, dicen, no quiso negociar. No es la única ocasión en Morelos que dos poderes se han enfrentado, pero sí la primera de esta manera. Lo aprobado por los representantes populares es un soplamocos a Cuauhtémoc Blanco, pero nada más. Una vez más los legisladores se equivocaron.

Hace un año los integrantes del congreso de Morelos intentaron apretar al gobernador con un presupuesto distinto al enviado; lo autorizado en ese momento por trece representantes populares era, dijeron, un presupuesto social, municipalista, de alto impacto social y que ponía especial atención a las necesidades del estado. En el discurso así lo presumían, pero nunca pudieron explicar cómo se atendería el déficit presupuestal que habían votado, porque distribuyeron más dinero del que tenía el estado.

El mal manejo de los números, pero sobre todo de la estrategia hizo que ese intento de imposición presupuestal fracasara; lo primero que falló fue el número de votos con el cual lo autorizaron: no tenían el mínimo necesario y por tanto su presupuesto nunca se pudo aplicar. Luego vino el manejo mediático de la historia: los representantes populares alegaron que el suyo era un mejor presupuesto, derramaron lágrimas en la tribuna y aseguraron que estaban defendiendo al pueblo, pero nunca lo probaron. El golpe al ejecutivo se les regresó y todos quedaron mal parados.

En este segundo intento la historia es distinta: en principio ya tienen los votos necesarios para aprobar el paquete económico, pero nuevamente están fallando en la estrategia política, en el camino legal y en la manera de contar su historia. Explico:

Quince de los veinte representantes populares avalaron un presupuesto distinto al enviado por el ejecutivo, modificaron cifras, cambiaron montos, pero sobre todo eliminaron la cláusula de transferencia que permite al ejecutivo mover el dinero en caso de requerirlo sin tener que pedirles permiso a los diputados. Esto último es el ajuste central, es la manera de complicarle la existencia al ejecutivo. Pero el golpe no es contundente.

El primer error cometido está en el tiempo: la votación se llevó a cabo 45 días antes del plazo que establece la ley, lo cual llamó la atención, confirmó la vendetta, pero sobre todo permite al ejecutivo planear cuidadosamente y sin prisas su respuesta. La ley establece tiempos y procesos que ambas partes conocen, pero que los diputados manejaron mal; el gobernador puede alargar el análisis de lo aprobado por el legislativo hasta el 17 de diciembre sin que los diputados puedan hacer nada al respecto. Será en ese punto cuando el mandatario lo observe y de inicio la controversia entre poderes.

Al ejecutivo le conviene agotar los plazos y llevar el tema al límite, porque eso le concederá espacio para actuar; si las observaciones las hace hasta la fecha límite y devuelve el paquete presupuestal al congreso después de la primera mitad de diciembre, cualquier acción legal que pueda derivar de ello se trasladará hasta después de la primera mitad de enero, cuando los juzgados regresen de vacaciones.

Las dos partes pueden recurrir a una controversia y a partir de ahí el tema va a alargarse por varios meses; mientras tanto el gobernador seguirá administrando el estado con una ley presupuestal anterior, en donde se mantiene la cláusula de transferencias.

El debate jurídico entre poderes por el presupuesto se va a prolongar por gran parte del 2023 y cuando las autoridades judiciales fallen la mayor parte del presupuesto se habrá ejercido o quizá Cuauhtémoc Blanco ya andará en precampaña. Para ese momento, además, la mayoría de los representantes populares ya estarán también metidos de lleno en el proceso electoral.

Luego está la parte sustantiva de esta historia: la narrativa. Los legisladores que votaron el presupuesto 2023 y eliminaron la cláusula de transferencia justificaron su actuar con su sentido social y compromiso con los morelenses; dicen que están otorgando más recursos a las áreas más necesitadas, que redireccionaron dinero a instituciones preponderantes y que benefician a más personas.

Todo suena bien hasta que se revisa el presupuesto y se encuentra que los propios diputados se otorgaron un aumento presupuestal cercano a los cien millones de pesos sin justificación alguna. Recordemos que desde hace dos legislaturas el congreso de Morelos redujo de 30 a 20 el número de sus integrantes y en lugar de que eso represente un ahorro económico para el estado, cada año las cifras que se autoasignan los representantes populares va en aumento. Para el 2023 los diputados de Morelos se autorizaron más de 500 millones de pesos de presupuesto, mucho más de lo que recibe la mayoría de los municipios. ¿Es eso un presupuesto social?

El duelo jurídico por el presupuesto no se va a resolver en el corto plazo, ni se puede anticipar a favor de quién fallarán las autoridades de justicia federal; en lo mediático la narrativa la va ganando el ejecutivo porque desde el congreso no existe capacidad de comunicar, ni tampoco elementos que soporten los argumentos de los diputados.

Diversas encuestas realizadas a lo largo de varios años destacan la mala imagen pública de los diputados: casi el 70 por ciento de los mexicanos dicen no sentirse representados por ellos (el 65 por ciento dice lo mismo de los gobiernos) y su desprestigio es apenas superado por el de los narcotraficantes.

En el caso de Morelos la imagen es peor, porque las últimas cuatro legislaturas han sido desastrosas, se han dedicado a robar, a pelear y a proteger o atacar al ejecutivo; en todos los casos los legisladores han puesto sus intereses personales por encima de las necesidades de la gente y hoy no es la excepción. En la legislatura anterior cada uno de los diputados recibían alrededor de medio millón de pesos mensuales, pero en el congreso actual (hasta ahora) cada uno de los representantes populares tiene percepciones mensuales superiores a los 650 mil pesos. Y aún así se aumentaron casi cien millones de pesos de presupuesto para el 2023.

El golpe propinado por la 55 legislatura a Cuauhtémoc Blanco con la aprobación de un presupuesto distinto al enviado es un fuerte golpe político, un soplamocos, pero nada más. El alcance de esta decisión es limitado y no afectará en el corto plazo al ejecutivo porque los legisladores actuaron sin medir su decisión desde todos los ángulos.

El problema de este congreso es que actúa al aventón, sin estrategia.

·         posdata

Los movimientos políticos del congreso local no son ajenos al proceso electoral venidero; todos están viendo la sucesión y preparan el terreno para lo que viene, porque la mayoría de los diputados buscarán ir nuevamente a campaña.

Atacar políticamente al rival no es moralmente correcto, pero es común en los pasillos de poder; unos y otros utilizan su cargo para posicionarse ante el imaginario colectivo y muchas veces el camino que eligen es el golpeteo al de enfrente. Insisto: no es lo mejor, pero es lo que todos hacen.

El punto es que cada acción debe tener un objetivo, una meta, no se trata de pegar por pegar, como lo está haciendo el congreso local. Golpear solo por desquite no sirve y por el contrario, se vuelve contraproducente.

A figuras bien posicionadas en la cámara de diputados como Francisco Sánchez y Agustín Alonso este tipo de errores les pueden costar muy caro, porque a ellos sí les cuesta en términos de imagen.

Pensando electoralmente imagino que ponerle piedras al gobernador tiene como meta el 2024, es válido, pero ello implica trabajar en paralelo en una propuesta que contraste con la oficial. ¿La tienen?

A diputados como Julio César Solís, Eliacib Polanco o Andrea Gordillo nada preocupa este tipo de yerros, porque al no tener liderazgo ni representatividad, tampoco tienen nada que perder. Otros como los exalcaldes sí se juegan su capital político y por ende, su futuro.

·         nota

El exgobernador Graco Ramírez se ha reactivado políticamente. Por gusto y por necesidad. Al tabasqueño le urge volver a ser tomado en cuenta, salir del destierro político y recobrar el rol que jugó durante muchos años en las cúpulas de poder, sin importar su color o ideología.

El ego no es lo único que mueve al rubicundo político, el hecho que su operador financiero más importante se encuentre en la cárcel de Atlacholoaya es algo que le preocupa de sobremanera, porque si Beltrán Toto se desespera puede apelar al criterio de oportunidad, aportar pruebas de los actos de corrupción cometidos en la administración pasada y de esa manera colocar en el banquillo de los acusados a Graco, Elena, Rodrigo y José Domingo.

El perredista se mueve como mejor lo sabe hacer: en la sombra, en medios de comunicación y en los pasillos de poder. Graco Ramírez apoya al fiscal Uriel Carmona y se mueve en el congreso a través de varios diputados. Su operador de medios sigue siendo Sergio Martínez, por cierto en algún momento también operador de medios de Antonio Villalobos y actualmente responsable de la comunicación del fiscal Uriel Carmona; él, cuentan, se ha encargado de poner en el escenario nacional varios temas en contra de Cuauhtémoc Blanco y también ha intentado matizar el mal momento que vive Uriel Carmona.

Lo publicado el fin de semana en Proceso no es ajeno al tabasqueño, ni a Sergio Martínez. La idea es colocar al gobernador en el mismo plano que el fiscal, para atenuar las acciones legales que podrían venir en su contra por el feminicidio de Ariadna. Pero a pesar de la inversión económica en algunos medios, no han encontrado eco político local, porque en las mismas filtraciones que denuncia la revista Proceso aparecen también los nombres de muchos personajes de la vida pública local, incluyendo a Graco Ramírez.

Lo que está pasando no es nuevo, ni exclusivo de este sexenio, ocurre cada seis años. Lo único diferente es lo temprano que inició el golpeteo y lo agresivo de los ataques.

·         post it

Poco ayuda a Rabindranath Salazar, dicen, la operación local que en su nombre hace en Morelos Miguel Lucia. La derrota en el proceso interno de Morena sacó de balance a ese grupo y lo ha llevado a cometer muchos errores.

A Lucia Espejo, por cierto, le atribuyen la operación legislativa en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿En qué favorece eso a Rabíndranath Salazar?

·         redes sociales

La narrativa y la percepción son fundamentales en el ejercicio de gobierno.

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