Serpientes y escaleras - Mensaje al fiscal

No es poca cosa lo que el vocero, la secretaria y el presidente dijeron al fiscal de Morelos. Al buen entendedor pocas palabras

Mensaje al fiscal

La postura del gobierno federal respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el fuero del Fiscal General del Estado de Morelos es muy dura. “Protegen la impunidad y la corrupción” dice el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas; “No aceptamos que impere la protección y la impunidad para las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos” complementa la Secretaría de Gobernación. El mensaje al fiscal Uriel Carmona Gándara es sumamente fuerte y advierte acciones del gobierno federal. El remate a este tema lo dio el presidente cuando dijo: “cometió un delito y los magistrados no quieren que lo juzguen”.  

Lo primero que vale la pena observar en este asunto es la sincronía en los comunicados emitidos por dos figuras muy cercanas al presidente de México; de ninguna manera se trata de una casualidad, ni de algo que pudiera quedar en un recado mediático. “La Constitución Política de Morelos dispone en su artículo 136 que, para proceder penalmente contra el fiscal general del estado no se requiere que el congreso local emita un pronunciamiento al respecto, por lo que la FGR tiene facultades de investigar y perseguir delitos del fuero común en contra del Fiscal de Morelos, quien no puede escudarse en el fuero constitucional para estos casos, como tampoco puede el juez de control ignorar su obligación de proceder conforme a derecho”.

El debate en torno al fiscal de Morelos no es nuevo, comenzó desde hace más de un año cuando desde el congreso federal inició un proceso de declaración de procedencia para poder actuar penalmente en su contra; independientemente de los elementos probatorios que sustenten esta acción, es evidente es que también existe un trasfondo político para remover del cargo a Uriel Carmona Gándara, por el rol político que juega en el escenario local.

Pongámoslo de esta manera: sin menoscabo de su efectividad (o no) como titular de la Fiscalía General de Morelos, Carmona Gándara se ha convertido en una pieza política en el duelo de poder que libran los diputados del congreso local y el gobernador Cuauhtémoc Blanco; quizá como estrategia de defensa ante los ataques de que ha sido objeto o como parte de un plan superior que buscaría un nuevo espacio de poder, el hecho es que el abogado Gándara es hoy un actor principal de esta historia y se ha vuelto una figura primordial en las acciones que los diputados intentan efectuar en contra del jefe del ejecutivo.

La postura de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación no se puede observar de manera aislada a lo que sucede en el enfrentamiento entre poderes del estado, de hecho, es un movimiento clave que, de concretarse hasta sus últimas consecuencias, podría cambiar radicalmente el escenario que hoy vemos. Observen:

La Secretaría de Gobernación ha dicho con todas sus letras que “la FGR tiene facultades de investigar y perseguir delitos del fuero común en contra del Fiscal de Morelos”, lo cual deja abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República u otra dependencia, como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, actúe en contra del fiscal de Morelos por delitos del fuero común. Item más: el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le entró al tema con dureza al afirmar que el fiscal “cometió delitos, existen varias carpetas de investigación en su contra y los ministros no quieren que sea juzgado”.

Lo que sucede en este debate no es ajeno al pleito que mantienen desde hace meses los diputados con el gobernador, por el contrario, se trata de historias entrelazadas, de asuntos que se mueven en el mismo espacio porque de un tiempo a la fecha el nivel de confrontación entre poderes ha llegado a niveles nunca antes vistos y el fiscal Uriel Carmona ha tomado partido.

Veámoslo de esta manera: el bloque opositor del congreso local intenta por todas las vías deponer del cargo a Cuauhtémoc Blanco, abogados afines a ellos presentaron una solicitud de juicio político, la ratificaran y se mueven al ritmo que les marca el guion parlamentario. Esta trama va de la mano de la renovación del poder judicial, que incluye el nombramiento de al menos diez nuevos magistrados que atenderían a los lineamientos políticos del G15 y que estarían a favor de deponer al mandatario.

Como nunca, los legisladores locales andan envalentonados, decididos a enfrentar abiertamente al jefe del ejecutivo porque se sienten apoyados por el fiscal, por el presidente de la comisión de derechos humanos y porque en próximas fechas tendrán mayoría en el Poder Judicial. En el papel todo está listo para que, por allá del mes de febrero, cumpliendo con todos los tiempos procesales, Cuauhtémoc Blanco Bravo sea sentenciado y depuesto del cargo. En ese escenario sería el congreso local con 15 votos quien nombraría a un gobernador sustituto, quien podría salir de la propia cámara de diputados o de la fiscalía.

Pero aunque técnicamente los legisladores tienen el plan perfecto y trabajan en la construcción del andamiaje para lograrlo, lo que no toman en cuenta es el impacto político que conlleva una acción de este tipo. Veamos: si el juicio político contra el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco procede derivado de responsabilidades u omisiones en materia de seguridad, la misma suerte deberán seguir los mandatarios de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán, de Jalisco… y de prácticamente de todos los estados del país, porque la violencia es latente en todo el territorio nacional. Vamos: hasta el presidente de México debería ser enjuiciado por ese tema.

Políticamente hablando la acción es compleja, porque implicaría no solo destituir a un gobernador, sino sacar de la jugada electoral a una figura muy importante para Morena en la elección del 2024 en la Ciudad de México. A lo largo del sexenio varios gobernadores han estado en situaciones difíciles, varios de ellos a punto de la destitución, como sucedió con el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, quien al final fue salvado por el voto obradorista. Andrés Manuel López Obrador no ha permitido que ningún mandatario sea destituido durante su sexenio, no importa el partido al que pertenezcan; dicha acción tiene que ver con algo que muchos actores de poder locales no entienden: gobernabilidad. Más claro: el presidente no va a permitir que remuevan a un gobernador porque generaría ingobernabilidad y podría dar pie a la caída de varios mandatarios. Pero regresemos al caso del fiscal de Morelos.

El duelo de poder en Morelos ya escaló y así lo ha dejado ver el gobierno federal; el escudo más fuerte que tienen los diputados está en el fiscal de Morelos, porque por esa vía varios de ellos se sienten intocables; a Cuauhtémoc Blanco lo respalda el gobierno federal y lo acaba de demostrar una vez más. Si los procesos en contra de Uriel Carmona avanzan y lo relevan del cargo, su reemplazo vendría de una terna enviada al congreso por el gobernador; cierto: los diputados votarán por quienes ellos consideren mejor, pero la terna la define el jefe del ejecutivo.

La advertencia de la Secretaría de Gobernación es contundente “No permitiremos que impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos… la FGR tiene facultades de investigar y perseguir delitos del fuero común en contra del Fiscal de Morelos”. Más claro ni el agua: al buen entendedor pocas palabras.

El enfrentamiento entre los poderes de Morelos ya escaló y ahora vemos la mano del gobierno federal: fueron los diputados locales fueron quienes elevaron el tono de los ataques, los que rompieron todos los cánones políticos y quienes ahora deberán atenerse a las consecuencias; la intervención del gobierno federal es a través de una advertencia muy fuerte contra el fiscal Uriel Carmona, pero que puede fácilmente derivar también en acciones contra algunos integrantes del parlamento local porque, como lo han dejado escrito en letra de molde, “el fuero no puede proteger a nadie por la comisión de delitos”.

Quince legisladores locales formaron un bloque político contra el gobernador y a partir de ahí decidieron enfrentarlo sin importarles tomar como rehén a la sociedad; la batalla política del parlamento contra el ejecutivo puede ser legítima, también es respetable la postura de los representantes populares de la oposición, lo que no es válido es que en este juego los legisladores afecten a la sociedad y utilicen a las instituciones como botín político.

Cierto: el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha cometido muchos errores. Pero los diputados no son mejores.

·         posdata

Diversos integrantes de la cámara local han sido señalados desde hace muchos meses (algunos desde años atrás) por, supuestamente, tener vínculos con la delincuencia organizada; contra algunos de ellos, incluso, han aparecido en narcomantas acompañadas de restos humanos, haciendo referencia a sus relaciones fuera de la ley.

La 55 es la legislatura más cara, ineficiente y sospechosa en la historia de Morelos. A pesar de ello hasta ahora nada ha pasado.

¿Pasaría algo si hubiera un fiscal diferente?

·         nota

Así habló el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara:

“… Hay una investigación abierta en contra del procurador de Morelos, no una, varias denuncias, y como tiene influencias en el poder judicial ayer desempolvaron un expediente que llevaban como año y medio ahí, en el archivo, y los ministros, la mayoría, le dan impunidad resolviendo que solamente puede ser juzgado si lo deciden el poder legislativo mediante un desafuero, porque se trata presuntamente de delitos federales, cuando no solo son delitos federales, hay delitos del estado… y cuándo la Fiscalía (General de la República) solicitó orden de aprensión, inmediatamente se adelantan los ministros a protegerlo ¿Cómo es eso? ¡No nos vamos a quedar callados! A ver, se los explico: hay denuncias donde acusan al fiscal del Estado de Morelos, la fiscalía le pide al juez la orden de aprensión o que someta a proceso, claro que se enteran en el poder judicial, arriba, en la Suprema Corte, y un expediente que tenían por ahí por resolver si procedía o no, que lo enjuiciara con la participación del congreso, que se le abriera un juicio político o si no era esa la vía, entonces de repente sacaron ayer eso, adelantándose, a decir que no se puede juzgar si no es con un juicio político porque se trata de un delito federal, entonces hay mucha casualidad…”

·         post it

Hace unos días el fiscal Uriel Carmona destapó a Lucía Meza como su candidata a la gubernatura de Morelos. Lo que parecía un espaldarazo a la senadora hoy se antoja como un punto más en contra de la dama.

Lo dicho: la política no es, va siendo.

·         redes sociales

Un refrán político estadounidense dice: “Para tener el hocico grande, hay que tener el rabo corto”

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