Serpientes y escaleras - Inseguridad: elemento de campaña

En opinión de Eolo Pacheco

Serpientes y escaleras - Inseguridad: elemento de campaña

Del dos mil para acá, cada seis años nos prometen recuperar la seguridad para Morelos

 

Inseguridad: elemento de campaña

En 1994, cuando Jorge Carrillo Olea fue destapado candidato del PRI a la gubernatura de Morelos no había dudas de que sería el próximo gobernador. Nativo de Jojutla, pero alejado del estado desde joven cuando inició su carrera militar, el general regresó adornado de éxitos profesionales y anécdotas políticas que pasarían a la historia, como cuando sacó a Luis Echeverría de Ciudad Universitaria. Carrillo Olea nunca prometió que resolvería la inseguridad, porque en ese momento eso no era un problema, pero todos dieron por sentado que bajo su mando Morelos sería uno de los estados más seguros de México. Nadie imaginó lo que sucedería después.

En los años que el jojutlense tomó el control de la entidad Morelos era considerado un estado seguro, tranquilo y ajeno a los hechos de violencia que comenzaban a aparecer en otros estados, principalmente en el norte del país; el currículum del general advertía que bajo su mando la situación mejoraría: su formación militar y experiencia en temas de inteligencia política y combate al narcotráfico lo presentaban como un actor de talla nacional que, además, al haber estado al frente del Cisen conocía los secretos de todos.

El carácter del general fue el primer gran problema: irascible y poco tolerante, Jorge Carrillo Olea comenzó a enemistarse con muchos desde su campaña, cuando públicamente discutió con los líderes de Tepoztlán y le fue impedido el paso. “Pues no entramos y ya” respondió el candidato priísta a quienes le exigían un diálogo fuera de su agenda de campaña.

Tras ganar copiosamente la contienda electoral contra una oposición sin rostro, vino el segundo problema de su gobierno: su gabinete. Desconocedor de la gente y de las costumbres locales, el novel mandatario armó un equipo con gente ajena al estado, igual que él desconocedora de los morelenses y con el estilo arrogante que caracterizaría a su administración. “La legión extranjera” como inmediatamente se conoció a la nueva clase gobernante, nunca se preocupó por construir lazos con los morelenses, platicaban entre ellos y actuaban en función de lo que ellos creían o deseaban.

El tercer strike del régimen vino en el punto que nadie hubiera esperado: la seguridad. A pesar de la evidente experiencia en la materia y las innumerables relaciones que el gobernador tenía con el gobierno federal y las fuerzas armadas, el crimen comenzó a multiplicarse y la inseguridad creció de manera exponencial, sobre todo en el tema de los secuestros.

Mucha gente del estado fue víctima de este delito y era secreto a voces que los plagios se orquestaban desde la procuraduría estatal bajo el mando de Carlos Peredo Merlo. El modus operandi de los delitos era siempre el mismo, constantemente se narraba que en el lugar de los hechos había estado presente una Suburban azul, muy parecida a la estacionada en el aparcamiento de la Policía Judicial.

Empresarios, líderes sociales, comerciantes, familiares de notarios, amas de casa, jóvenes… todos eran víctimas del secuestro y solo en algunos casos, cuando se trataba de alguien con la capacidad de dialogar directamente con el gobernador, las investigaciones avanzaban y los plagiados eran liberados; eso sí: siempre después de haber pagado el rescate.

La evidente vinculación de los secuestradores con la policía se volvieron un secreto a voces, lo mismo que la protección que a estos grupos brindaba el procurador Peredo Merlo, el jefe de la policía judicial Jesús Miyazawa y el subprocurador Rafael Borrego. Sexenios más tarde algunos de los secuestrados confirmaron que fueron los propios policías, con el conocimiento de sus superiores, quienes los habían privado de la libertad.

Fueron muchos secuestros cometidos durante ese periodo de gobierno y quizá nada habría alterado la situación del gobierno si no hubieran tocado a alguien con relaciones más allá del estado; todo cambió cuando el crimen alcanzó al familiar de alguien cercano al presidente de México, quien no tenía buena relación con el gobernador de Morelos. Fue ahí que entró el gobierno federal, se detuvieron a varios policías, se arraigaron a algunos funcionarios e inició la caída del general.

Lo ocurrido en ese sexenio marcó un antes y un después en la historia del estado: a partir de ahí el tema de seguridad se volvió prioritario y la promesa de acabar con la delincuencia se convirtió en la promesa más importante de los candidatos. Políticamente lo ocurrido en el sexenio carrilloleista acabó con el PRI, no solo le costó la gubernatura en el año dos mil, también lo convirtió en el partido más despreciado por la sociedad.

Las siguientes administraciones han tomado el tema de la seguridad como bandera y en todos los casos han fallado: Sergio Estrada Cajigal no solo repitió los yerros de su antecesor, también abrió la puerta del gobierno a grupos del narcotráfico e incluso se llegó a rumorar que mantuvo una relación sentimental con la hija de uno de los capos más importantes de México en esa época. Todo sin olvidar que su jefe de la policía ministerial, presumido por él como “el mejor policía de México” fue detenido y encarcelado junto con su segundo por tener vínculos con el narco.

Marco Adame Castillo también prometió acabar con la delincuencia, pero su primera acción fue ratificar al secretario de seguridad pública de Sergio Estrada, Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien al cuarto año de su mandato fue detenido y encarcelado por brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva. El de Adame Castillo fue un gobierno de problemas con los maestros, pero también agobiado por la inseguridad; en ese sexenio se rumoró que su familia del gobernador fue quien abrió la puerta del gobierno estatal a los narcotraficantes. Dato peculiar: cuando el secretario de seguridad pública Luis Ángel Cabeza de Vaca fue detenido, en su celular se encontraron los números de cuentas bancarias personales del gobernador Marco Adame Castillo.

Graco Ramírez Garrido armó una campaña en torno a la seguridad: prometió pacificar el estado y regresar la tranquilidad a sus habitantes; su promesa se acompañaba del ofrecimiento de dotar a las policías estatales de la infraestructura necesaria para acabar con la delincuencia, lo que incluía la edificación de un C5, la renta de dos helicópteros, miles de patrullas, nuevo armamento, cientos de cámaras de videovigilancia, miles de millones de pesos para operación y el control total de todas las policías municipales.

El tabasqueño tomó muy en serio el tema de la seguridad, pero no bajo la óptica que el ciudadano creía, sino como un negocio que a lo largo del sexenio le redituaría cientos de millones de pesos. Con Graco Ramírez la inseguridad no disminuyó, por el contrario, aumentó y subió de tono: en ese periodo las víctimas de la delincuencia no eran solo los ciudadanos, también se comenzó a mostrar a los alcaldes como damnificados del problema, porque debían pagar una cuota para que los grupos delictivos los dejaran gobernar.

Así llegamos a la actualidad, donde el problema de inseguridad continúa con la misma intensidad y sin solución aparente; el nuevo jefe policiaco estatal es un marino avalado por el gobierno federal, acompañado en sus acciones por el ejército mexicano y la guardia nacional y flanqueado siempre por otro marino que, a diferencia de él, disfruta de agredir a quienes acuden a ellos en busca de ayuda.

En su trato el vicealmirante Guarneros no es una mala persona y visto a partir de sus actos, tampoco se le puede considerar, como en el pasado reciente, una figura relacionada con la delincuencia o comprometida con grupos delictivos. A pesar de ello los resultados son los mismos: nulos, insuficientes y criticados por la sociedad. “No tenemos policías suficientes para combatir a los delincuentes… los alcaldes también tienen que hacer su parte… se están matando entre ellos…” estas son las frases que cotidianamente le escuchamos, ninguna convincente, ninguna suficientemente válida para justificar su falta de resultados.

En los últimos procesos electorales la inseguridad se ha convertido en un elemento de fondo, un factor que incide en el votante y mueve a los electores; en enfado ciudadano ante la inseguridad es perfectamente comprensible, de ahí el valor que los estrategas de los partidos le dan al tema en sus discursos. Después de Jorge Carrillo Olea el combate a la delincuencia se ha convertido en un motivo para votar o dejar de votar por alguien; en el 2024 la historia no será diferente.

La aparición en el escenario preelectoral de un militar llama la atención e invariablemente hace recordar al general Jorge Carrillo Olea; Alfonso Duarte Múgica apareció de la nada en una especie de autodestape y con la sospecha que detrás de su figura está el exgobernador Graco Ramírez. En cualquier caso se trata de una figura especializada en temas de seguridad, con una ampla trayectoria en las fuerzas armadas, pero también con sombras en su carrera por presuntos actos de tortura y violación a los derechos humanos.

Avecindado en Puente de Ixtla desde hace algunos años, uno de los municipios más violentos de Morelos, el general Duarte Múgica es igual que el gobernador Carrillo Olea, una figura ajena al estado, desconocedora de su gente, de la cultura y de las costumbres locales. En el papel podría considerarse una buena opción para combatir la grave crisis de inseguridad que vivimos, pero como en el pasado podría resultar todo lo contrario.

Lo innegable es que la inseguridad será un aspecto que el votante tomará en cuenta en el 2024 a la hora de emitir su voto.

·         posdata

El alcalde de Cuernavaca apostó por la seguridad y hasta ahora las cosas no le han resultado. La delincuencia impera en la capital de la mano de la ineficiencia de una secretaria más interesada en aparecer en fotos que en dar resultados.

José Luis Urióstegui es un hombre decente, especialista teórico en materia de seguridad, pero visiblemente inexperto en temas de administración pública y manejo de equipo. A su lucha contra la delincuencia le sobran intenciones, pero le faltan acciones concretas, capacidad y resultados.

Alicia Vázquez Luna era una esperanza de que la seguridad en Cuernavaca mejoraría. Todo se quedó en esperanza.

·         nota

A menos que la decisión de la candidatura en Morena al gobierno estatal se defina a partir del género, la lucha por la sucesión la encabezan los hombres; en el orden que se quiera ver: los alcaldes, el coordinador de asesores y el funcionario federal.

En cualquier caso a todos les urge ponerse de acuerdo y trabajar en unidad, porque los puntos de ventaja que les dan las encuestas pueden no concretarse si se dividen antes de la elección.

Un dato más: las candidaturas al senado se definirán varios meses después, cuando ya no haya posibilidad de que quienes aspiran a ellas brinquen a otro partido. ¿Casualidad? ¡Obvio no!

·         post it

Morena es oposición en Cuernavaca y el PAN, a pesar de gobernar, no tiene buenos números; los otros partidos ni siquiera pintan. Aquí también será clave el candidato (a): En el PAN puede repetir José Luis Urióstegui, pero también la busca Daniel Martínez Terrazas. En Morena hay que contar a Alejandro Mojica y Meggie Salgado. En la oposición se mueven los bebesaurios y algunos empresarios.

No hay favorito.

·         redes sociales

Las estructuras electorales construidas con dinero son tan efectivas como las campañas con bots.

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