Serpientes y escaleras - Graquistas, la impunidad continúa

Nos prometieron que meterían a la cárcel a los ladrones. ¿Cómo para cuándo?

Graquistas, la impunidad continúa

La semana pasada un juez determinó la vinculación a proceso de la exsecretaria de obras públicas del gobierno de Graco Ramírez, Patricia Izquierdo; en este mismo caso magistrados del poder judicial le impusieron prisión preventiva y otorgaron a la acusada cinco días para que se presente de forma voluntaria en el centro de readaptación social de Atlacholoaya. Los graquistas aún no pueden cantar victoria.

La única promesa hecha en campaña por Cuauhtémoc Blanco Bravo fue meter a la cárcel a Graco Ramírez. Para ganar la elección el exfutbolista no tuvo que apostar por una campaña elaborada, ni por conocer los problemas de las diferentes regiones de la entidad; lo único que hizo fue apelar al enojo colectivo y ofrecer justicia. Y con eso fue suficiente.

Fue tan grande el abuso de la familia gobernante que no hacía falta resaltar las necesidades sociales, no tuvo que hacer una proyección a futuro, ni mostrar un conocimiento total de las cosas u ofrecer soluciones. Graco Ramírez, Rodrigo Gayosso y Elena Cepeda fueron los mejores promotores de campaña de la coalición Juntos Haremos el Cambio en Morelos, bastaba con recordárselos a la gente para que la empatía llegara.

Tres años más tarde el enfado contra el graquismo continúa, aunque ahora opacado por nuevos problemas; Cuauhtémoc Blanco ha perdido parte de la simpatía ganada en campaña debido a que los ladrones siguen sin castigo; comparte el enfado popular con quien, hasta ahora, sigue siendo considerado el peor gobernador que ha tenido Morelos.

El problema de la administración actual y el deterioro de su imagen es natural y deriva del ejercicio del poder, pero se agrava por el incumplimiento de su única promesa de campaña. En otras áreas la labor del régimen se ubica en el promedio nacional, con algunos resultados buenos, otros malos y acciones que están en sincronía con el contexto federal; en castellano: no es el mejor gobierno que ha tenido Morelos, pero tampoco es el peor. Lo grave, lo que más ha marcado al ejecutivo son esos pequeños escándalos personales que se han convertido en grandes golpes de percepción.

Durante tres años hemos escuchado al mandatario hablar de los problemas heredados, de las piedras que el graquismo le pone en el camino y de la lucha frontal contra la corrupción. Han sido tres años de acusaciones y señalamientos que no han ido más allá, es decir, todo se quedó en palabras, en señalamientos, algunas denuncias que no proceden y muchas excusas. ¿Por qué?

El encargado de atender este tema fue Gerardo Becerra: le crearon una oficina exprofeso con presupuesto, personal, recursos y acceso total a la información; el flamante asesor estatal en temas de corrupción venía de la lucha ciudadana, era el principal crítico del gobierno de Graco Ramírez y aseguraba a los cuatro vientos que tenía todos los elementos de prueba para que “esos ladrones” fueran encarcelados, pero nunca fue capaz de hacerle nada al perredista. Derivada de esta situación no falta quien sugiere que al final Graco y Becerra se reconciliaron y llegaron a un acuerdo. Pero esa es otra historia.

El ciclo de Becerra Chávez de Ita concluyó en el gobierno estatal y nunca pasó lo que dijo que pasaría, peor: enchufado al presupuesto y con la comodidad que proporciona ser un funcionario estatal de primer nivel con todos los beneficios que ello implica, el discurso crítico del otrora vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos se fue modulando al grado que dejó de hablar de la corrupción del graquismo, cambió su nombramiento y empezó a cuestionar a la administración de la cual formaba parte: den el último tramo de su estancia en el gabinete ya no se presentaba como un asesor en temas de corrupción, sino como analista político, o algo así. Gerardo Becerra apostó su imagen pública, su capital político y toda su credibilidad a la lucha contra Graco Ramírez y perdió.

El cambio en la situación legal de la exsecretaria de obras del gobierno graquista no es resultado del trabajo hecho por la oficina anticorrupción del ejecutivo estatal, ni siquiera forma parte de los procesos que encabeza la insípida consejería jurídica; la decisión que tomó un juez deriva del procedimiento que impulsa la Fiscalía Estatal Anticorrupción, paradójicamente considerada una oficina afín al exgobernador Graco Ramírez.

Los actos ilícitos cometidos en el sexenio pasado son evidentes, pero el responsable de combatirlos desde el ejecutivo estatal no quiso o no pudo probarlos; la falta de contundencia en el combate a la corrupción representa uno de los puntos de mayor desgaste para el régimen de Cuauhtémoc Blanco, porque frente a la impunidad del pasado lo que ha crecido es la molestia contra el gobierno en funciones.

Legalmente las acciones realizadas en la administración anterior siguen estando vigente, los delitos pueden perseguirse y desde cualquier ángulo que se observe: legal, social o político, debe ser prioritario actual sancionar a los pillos. La determinación de un juez de ordenar la prisión preventiva en contra de la exsecretaria Patricia Izquierdo es una buena señal y debería ser entendida por el equipo legal de Cuauhtémoc Blanco como el punto de partida para, ahora sí, actuar en contra los exfuncionarios.

Permitir que salgan impunes todos aquellos personajes que durante el sexenio anterior lucraron con el cargo y sacaron provecho económico personal del erario, violentando la ley y actuando de manera ventajosa, no solo representa una traición a la confianza conferida por los ciudadanos, también implica mantener vivo un muy peligroso frente de ataque, porque son esos personajes, encabezados por Graco Ramírez, quienes hoy orquestan, patrocinan e impulsan campañas en contra de la administración estatal.

La memoria social es muy corta, sobre todo cuando predomina la impunidad; los personajes que hace apenas unos años eran repudiados públicamente han ido recuperando terreno porque quienes prometieron llevarlos a juicio no lo han hecho. Hasta hace poco el nombre de Graco Ramírez era sinónimo de descrédito, de corrupción y de abusos de poder; hoy el enojo ciudadano se está equilibrando y buena parte del enfado público está cayendo en los hombros de Cuauhtémoc Blanco, porque no le ha probado nada a su antecesor.

Con todos los elementos a la mano y la buena relación que mantiene el gobernador de Morelos con el gobierno federal ¿Qué espera el exfutbolista para actuar en contra de todos aquellos que lastimaron al estado y ahora combaten frontalmente a su gobierno?

Lo que no haga Cuauhtémoc Blanco contra ellos como gobernador, lo harán sus adversarios y enemigos contra él cuando deje el cargo.

• posdata

¿Recuerdan todo el dinero que en el sexenio pasado, se dijo, destinarían para la reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo del 2017?

¿Se acuerdan del fideicomiso Unidos por Morelos, a donde Graco Ramírez canalizó más de 7 mil millones de pesos que, prometió, apoyarían a las miles de familias que sufrieron una afectación o la pérdida total de su vivienda?

¿Y qué decir de aquel momento cuando miles de personas apoyaron a los afectados con víveres, medicinas e insumos varios en el punto más grave de la crisis y de golpe el gobierno estatal requisó la ayuda porque, justificaron, serían ellos a través del DIF quienes repartirían los recursos que humanitariamente estaban enviando ciudadanos, empresas y asociaciones?

¿Ya se nos olvidó que organismos privados y empresariales sacaron de su bolsa millones de pesos para reconstruir viviendas a través de fundaciones, mismas que hasta la fecha son las únicas que han recibido los afectados por el sismo?

¿Ya se nos olvidó que meses después de la devastación comenzó a denunciarse que los apoyos ciudadanos para los damnificados estaban siendo vendidos y comercializados desde algunas oficinas del gobierno estatal?

¿Recuerdan que la medicina y los víveres donados aparecían en los hospitales y centros de salud públicos con las leyendas de apoyo a la gente… y que se facturaban?

¿Y que los productos no perecederos se colocaron en despensas que se regalaron en la campaña de Rodrigo Gayosso?

Todo lo anterior fue del conocimiento público, sucedió a la vista de todos y ameritó sendas llamadas de atención a la administración de parte de organismos ciudadanos, empresariales y hasta del propio gobierno de la república. Pero no pasó de ahí.

Al final Graco Ramírez, su esposa, sus hijos y sus amigos desviaron o se robaron cientos de millones de pesos que estaban destinados para la gente más necesitada. Lucraron con la desgracia y nada paso.

Hoy la Entidad Superior de Fiscalización confirma oficialmente que hay un desvío de más de 1 mil 300 millones de pesos.

¿¡Qué espera el congreso para actuar!?

• nota

La democracia participativa que hoy tenemos, la reglamentación electoral, la multiplicación de partidos y las nuevas reglas para competir y acceder al poder han facilitado el acceso a los cargos de elección popular. Las normas de paridad y las cuotas que obligan a los organismos políticos a postular a representantes de distintos estratos sociales y la enorme cantidad de candidatos que son mandados a campaña en cada proceso electoral abre la puerta a muchísimas personas interesadas en la cosa pública, aunque la gran mayoría de ellas no tiene méritos, preparación ni capacidad para ocupar un cargo.

Si lo vemos desde un ángulo de representatividad el resultado es positivo, porque antes solo accedían a una candidatura los miembros del círculo cercano al poder, aquellos que merodeaban alrededor de las dirigencias partidistas o los que recibían un premio por sus servicios. Pocos eran los que llegaban con una verdadera representación social.

El problema es que esta apertura no ha representado una mejora en la calidad ni en la eficiencia de nuestros representantes, por el contrario, en muchos casos vemos que la democracia abre la puerta a figuras sin preparación, sin capacidad, sin convicciones, sin inteligencia y sin honor, por eso rápidamente emulan a los viejos y repudiados políticos que llegaban al poder con el único propósito de obtener un beneficio personal.

No es fortuito que las instituciones estén en condiciones tan malas como las que ahora vemos, ni casual que la clase política cargue con un enorme descrédito público; muchos de nuestros alcaldes, legisladores y gobernantes han sido postulados por su carisma, por su popularidad o simplemente para cumplir con una cuota que marca la ley, pero son pocos a los que se les impulsa por su trabajo, por sus resultados o por su capacidad.

Mientras no mejore la calidad de nuestros representantes populares, entendiendo esto como capacidad profesional y honorabilidad personal, no veremos cambios de fondo en nuestras instituciones.

Un filtro profesional y moral sería muy bueno para todos aquellos que buscan representar a la sociedad desde un cargo público.

• post it

Frente a las manifestaciones ciudadanas por la falta de agua potable en varias colonias el alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui reviró: “Paguen en tiempo y forma”

¿En serio?

¿Y qué les dice el jefe de gobierno capitalino a los miles (¡miles!) de ciudadanos que están al corriente en sus pagos y de todas formas no reciben agua potable a sus casas.

Ojo: un mal comentario político puede marcar permanentemente a un político.

• redes sociales

Antes decían que si alguien quería conocer el sentir social, lo que procedía era subirse a un taxi y platicar con el taxista. “Ellos están enterados de todo y tienen el pulso de la gente”

Hoy esa premisa sigue siendo válida, pero se podría añadir a la ecuación lo que se opina en las redes sociales.

Ojo: los trolls y cuentas anónimas no valen.

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